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Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Cantur), expresó ayer que espera que el actuar del Gobierno, demandando a las empresas o inversionistas por supuestas deudas para luego llegar a entendimientos donde las empresas acceden a ser socios del Estado, no se vuelva una rutina.

“Esperamos que no se vuelva una rutina; se dieron esos casos (refiriéndose a Esso Estándar Oil en agosto de 2007, a Unión Fenosa y el último, Barceló), pero esos casos fueron resueltos positivamente y esperamos que no se vuelva una rutina para mantener la estabilidad y la seguridad de las inversiones en Nicaragua”, expresó Valenti.

En agosto de 2007, autoridades de la Dirección General de Aduana se tomaron las instalaciones de la Esso en el Puerto de Corinto mediante una orden judicial, por el supuesto adeudo de 54 millones de córdobas en impuestos, pero en realidad Aduana llegó cuando Petronic prácticamente había tomado por asalto la institución.

Luego “el acuerdo”

Al final, el Estado y la Esso firmaron acuerdos que consistieron en que la transnacional estadounidense garantiza el almacenamiento, compra y procesamiento del petróleo que Venezuela provee a Nicaragua a través de Albanisa con créditos concesionarios.

El acuerdo también establece que Esso venderá a Petronic el Plantel Uno de Corinto, que consiste en un conjunto de tanques de almacenamiento con capacidad para almacenar unos 8 mil barriles de crudo.

Con la distribuidora eléctrica, los enfrentamientos con el Gobierno terminaron cuando la trasnacional aceptó la venta del 16 por ciento de sus acciones. Hoy un funcionario del Gobierno ocupa una silla en la directiva del consorcio español.

En el caso de Barceló, la demanda era por 30 millones de dólares, por supuesto incumplimiento de contrato. Después de un año de negociación, el Estado reconoce que la adquisición de dicho complejo turístico fue legal y que no existen obligaciones pendientes por parte de Barceló para con el Estado, según el acuerdo.

Producto del entendimiento, el viernes pasado el procurador general de la República, Hernán Estrada, acordó formar una sociedad anónima en la que el Estado es el accionista mayoritario para la construcción de un aeropuerto internacional turístico en Masachapa.

La mejor opción

Por su parte, Juan José Ribas, Director del Grupo Barceló Centro y Suramérica, expresó que la formación de la sociedad de coinversión entre el Estado y el Grupo Barceló era la única opción.

“Ha sido un proceso de año y medio de negociación, y llegamos a la conclusión de que la mejor opción era aportar la pista para hacer una sociedad mixta con el Gobierno y desarrollar el turismo”, expresó Ribas.

Por su parte, César Zamora, empresario y ex presidente de la Cámara de Comercio Americana, Amcham, manifestó que este acuerdo era necesario para mantener la inversión extranjera en Nicaragua y no llegar hasta el punto de obligar a los inversionistas a retirarse del país, dejando en el desempleo a decenas de nicaragüenses.

“En vista de que la situación de crisis del país tiene pocas salidas, es un alivio para el sector turismo que por fin se haya solucionado este conflicto, y demuestra que la mejor forma de mediar es la negociación entre ambas partes”, refirió Zamora.