Luis Galeano
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Una auditoría financiera y de cumplimiento, así como de evaluación del control interno durante 2005 en las arcas de la alcaldía de Chinandega, cuando fungía como edil Julio Velásquez Bustamante, reveló que se quemaron documentos que respaldaban operaciones financieras por 5.5 millones de córdobas, además que existe una diferencia de 4.2 millones de córdobas entre los ingresos y egresos de ese período.

El contralor Lino Hernández dijo que durante el proceso de análisis del manejo financiero del dinero de la comuna chinandegana en 2005, se encontraron con que no existe “razonabilidad suficiente” de egresos hasta por 5 millones 534 mil 617 córdobas.

“Nos encontramos con esa situación, es decir, no se sabe si son o no son los egresos, porque todo hace indicar que quemaron los documentos que sustentaban el manejo de esos fondos”, dijo Hernández.

El ex edil sería sancionado por la Contraloría con presunción penal a finales de mayo por manejo indebido de más de dos millones de córdobas durante su gestión, pero la detuvo un recurso de amparo admitido por el tribunal de apelaciones de León, 24 horas antes de que se fallara la resolución.

Hernández dijo que la destrucción de documentos públicos, supera todo el ámbito administrativo, pues existen normas que señalan de manera clara cuál debe ser el manejo de la papelería oficial.

“La máxima autoridad de cualquier entidad pública es la responsable de la salvaguarda de la documentación por un período de hasta 10 años, y sólo se puede destruir después con autorización de la Contraloría”, recordó Hernández.

Pero hay más millones en el aire

El colegiado dijo que durante el proceso de auditoría financiera y de cumplimiento en la comuna de Chinandega, se encontraron con más situaciones anómalas, entre ellas una diferencia entre ingresos y egresos de la comuna de hasta 4 millones 258 mil 617 córdobas.

“Esa es la diferencia entre el saldo presentado en el estado de ingresos y egresos y el detalle que nos proporcionaron sobre proyectos ejecutados por la municipalidad, es decir, el rubro de inversiones físicas”, explicó.

También se encontraron con autorizaciones de rebajas en el rubro de Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, hasta por 104 mil 970 córdobas, sin ninguna justificación.

La documentación de los auditores demuestra, por todo, un manejo no regular de 9 millones 898 mil 204 córdobas. El contralor Hernández indicó que como los resultados se desprenden de una auditoría financiera y de cumplimiento, lo que decidieron él y sus compañeros es practicar una auditoría especial para determinar las responsabilidades que existan en este caso.

Conadeti gastó C$ 35 mil en “Chinchilla”

El colegiado Lino Hernández informó que el pasado jueves se aprobó por unanimidad de votos establecer una presunción penal en contra de las anteriores autoridades de la Comisión Nacional de Titulación y Demarcación, Conadeti, quienes gastaron casi 35 mil córdobas en Centro Nocturno “Chinchilla”, ubicado en las cercanías del Mercado Mayoreo.

El contralor explicó que las anteriores autoridades autorizaron la emisión de un cheque de C$ 280 mil para cubrir gastos de la asamblea general y reunión de la Junta Directiva que se celebró los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2006, pero que de ese monto, C$ 34 mil 910, se soportaron con dos facturas de centro nocturno “Chinchilla”.

“Los auditores fueron hasta ese sitio y se encontraron conque en ese lugar no se realizan ni seminarios ni talleres, sino que es un salón restaurante de baile y diversión, por eso fue que decidimos imponer la presunción penal, porque no hay justificación de estos gastos, y parece que lo que hicieron fue conseguir unas facturas que las llenaron los mismos de Conadeti”, dijo Hernández.

La decisión se tomó en base al informe de Auditoría Especial sobre hechos denunciados por el supuesto mal uso en el manejo de fondos, por el período del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2006.