Luis Galeano
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La Fiscalía General de la República ordenó a las autoridades policiales que inicien una investigación para conocer la situación de los centros nocturnos o night club, que se anuncian con grandes rótulos en avenidas de la capital, pero principalmente en las cercanías de escuelas e iglesias. La idea de la Fiscalía es obtener elementos probatorios para clausurar estos centros, y enjuiciar y encarcelar a quienes estén violando la ley.

El director de la Unidad Anticorrupción y contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, Javier Morazán, dijo que la orden se emitió el pasado 6 de julio, luego que EL NUEVO DIARIO realizara publicaciones que informaron de la situación de los centros nocturnos, donde se puede estar practicando proxenetismo, trata de personas o explotación sexual con menores de edad.

Investigar delitos

“Ordenamos que se inicie la investigación alrededor de estos centros que se anuncian de manera pública a través de rótulos o mantas, ofreciendo a las mejores chicas o las mejores piernas, para determinar si existe la comisión de delitos”, dijo Morazán.

“Le hemos orientado a la Policía que inicie su trabajo bajo 12 puntos, entre ellos la elaboración de mapas ilustrativos de la ubicación de cada lugar, para ver su cercanía a centros escolares, iglesias o a cualquier inmueble que se vea afectado por la actividad que realizan”, agregó Morazán.

Indicó que la Policía, a través de la Dirección de Auxilio Judicial, debe realizar fotografías a los rótulos o publicidad puesta en las principales vías, para ver hasta qué punto tienen roces con delitos establecidos en el Código Penal, Código de la Niñez u otra normativa existente en el país.

“Estamos ordenando que se aborde a los dueños de estos lugares y que realicen otro tipo de diligencias, más operativas, en el sentido de que se profundice en lo que realmente ocurre”, señaló el fiscal.

Hay debilidades

Morazán admitió que existen debilidades en el combate a situaciones de proxenetismo o explotación sexual, pero advirtió que es voluntad de la Coalición Nacional contra la Trata de Personas, de la que forman parte diversas entidades públicas y de la sociedad civil, empezar a aplicar mecanismos que ayuden a contrarrestarlas.

La idea, explicó el fiscal, es darle un seguimiento más ordenado a las personas que se están dedicando a estos negocios, para que los permisos que se otorgan por la administración pública, sea Seguridad Pública, Minsa, Alcaldía, Intur, DGI y demás; la Policía, en coordinación con el Ministerio Público, los chequeen constantemente.

Indicó que la Fiscalía ha acusado por proxenetismo en sitios que se venden como salones de belleza, donde se brindan masajes, que es una nueva modalidad, o fachada de bar o restaurante, en donde en el fondo se trata de una simulación de negocio en el que realmente se vende sexo.

“Hay un criterio uniforme, y es que se deben cancelar de manera rápida y operativa los permisos para negocios que se utilizan como fachadas, y llevarlos a juicio en busca de una condena”, indicó Morazán.