José Leonel Mendoza
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La Defensoría de los Habitantes solicitó este jueves a las autoridades ticas revisar el trazado existente de la línea fronteriza con Nicaragua, porque "ha venido afectando terrenos, bienes y a personas costarricenses”.

En una nota de prensa, esa entidad basa su petición para "evitar que se sigan afectando los pobladores de comunidades aledañas", sin embargo la Cancillería costarricense salió al frente de la petitoria, valorándola como "improcedente e inoportuna", y que "no tiene competencia para hacer recomendaciones en ese ámbito".

Expresa el comunicado que luego de una investigación, hecha por esa institución, "es necesario revisar, de acuerdo con el Tratado Cañas-Jerez, el amojonamiento realizado en marzo de 1994, como consecuencia de una nueva demarcación entre los mojones 12 y 13 llevada a cabo por el Instituto Geográfico Nacional y su similar --el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales--".

Señalan como ejemplo que varias fincas, "que siempre pertenecieron a agricultores costarricenses (Jomusa), quedaron al lado nicaragüense, y que eso provocó que muchas familias del asentamiento Jomusa fueran desalojadas y trasladadas a la zona de Nueva Esperanza, en Los Chiles, e incluso que otras personas hayan tenido problemas para obtener créditos, pues sus tierras no son aceptadas como respaldo hipotecario".

Se consigna en este documento, que esos supuestos errores en el trazado fronterizo persisten hoy en día, en los que la distancia medida entre la ribera sur del Lago de Nicaragua y la frontera costarricense sobrepasa las 2 millas inglesas (3.2 kilómetros) al punto que en algunos sectores, específicamente en la ubicación del mojón XIII, excede los 5.9 kilómetros, según quedó acreditado en la hoja cartográfica "CAIRO", contrariando las disposiciones del artículo II del Tratado Cañas-Jerez, y perjudicando a Costa Rica, lo cual queda, además, acreditado en un informe técnico de la Universidad Nacional (UNA) con sede en Heredia.

“Hay mucho malestar”

Según la Defensoría de los Habitantes, "existe un malestar e incertidumbre reinante en estas comunidades de la zona norte por esta situación, y que incluso las autoridades locales han expresado su insatisfacción en cuanto al amojonamiento realizado, y la inercia de las autoridades competentes en investigar y corregir los errores señalados".

"Es decir, la situación del trazado del límite fronterizo terrestre ha variado y, como consecuencia, la Defensoría considera que podría estarse en presencia de la aplicación de la cláusula de derecho internacional público RES SIC STANTIBUS, que posibilita la renegociación del Tratado de límites con la República de Nicaragua", expuso la Defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada.

Como respuesta de la cancillería tica, se expresa que esa competencia (sugerencias) sólo es facultad del Presidente de la República y del Canciller, y que el comunicado de prensa de la Defensoría "está basado en premisas erróneas y es contradictorio."

La Cancillería desestimó esas apreciaciones, y expresa que considera improcedente la propuesta de la Defensora de los Habitantes de realizar una "renegociación" del Tratado de Límites con la República de Nicaragua, por ser una invasión de las competencias que por mandato constitucional le corresponden al Poder Ejecutivo.

lmendoza@elnuevodiario.com.ni