Luis Galeano
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Los contralores colegiados denunciaron ayer que el presidente Daniel Ortega y el titular del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, pretenden que esa entidad se convierta en un “paraíso fiscal” similar a Las Bahamas, Gran Caimán o las Islas Británicas.

El presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, denunció que Ortega y Rosales pretenden concretar la acción a través del proyecto de la nueva Ley Orgánica del BCN, que se discute actualmente en la Asamblea Nacional.

En ese propósito, se quiere que el titular de ese ente autónomo sea quien tenga el control completo sobre el nombramiento y destitución del auditor interno y su equipo de trabajo, intención que el presidente de la CGR consideró completamente fuera de lugar.

“La Constitución es clara cuando señala que es a la Contraloría a la que le compete el control de las finanzas públicas, y nuestra nueva Ley Orgánica nos faculta expresamente para que los nombramientos de los auditores internos de todo el sector público, los hagamos nosotros, sin exceptuar al BCN”, dijo Argüello Poessy.

El titular de la CGR estimó que aceptar y aprobar esa propuesta, sería “caminar para atrás”, porque se le estaría dando facultades no sólo al Banco Central, sino a todo el sector público de querer decidir quién los audita y quién no.

El proyecto de nueva Ley Orgánica del BCN se encuentra en discusión en el Parlamento nicaragüense.

Quieren fiscalizarse solos

El proyecto de ley, explicó el titular de la CGR, pretende además de remover al auditor por voluntad del Consejo Directivo, también al personal que trabaja con él, lo cual es otra disposición equivocada, porque se contradice abiertamente con la Ley Orgánica, que dice que eso es facultad de esta Contraloría.

“Las funciones de inspección y fiscalización de las operaciones y de las cuentas del Banco Central, estarán a cargo de un auditor interno que será nombrado por el Consejo Directivo del banco, ante el cual responderá”, dice el proyecto de ley.

“El auditor interno del BCN actuará con independencia en el desempeño de sus labores y mantendrá informado al Consejo Directivo del banco del desarrollo de sus funciones de control”, añade.

Para Argüello Poessy, “el auditor interno no tiene que responderle nada al señor presidente del BCN, le debe responder de frente a la nación y a esta Contraloría. Si no les parece el trabajo que hacemos, reitero la propuesta; mejor ciérrenla”.

Un banco con control internacional

El proyecto de ley indica que “los estados contables del fin del período del BCN deberán conformarse con base a las normas de contabilidad aplicadas y aceptadas internacionalmente a entidades financieras, las que serán determinadas por el Consejo Directivo, y contar con la opinión de auditores externos seleccionados por el Consejo Directivo, de entre aquellas firmas de reconocida competencia internacional debidamente registradas en la Contraloría”.

El titular de la CGR dijo que con esa disposición “se descalifica a las firmas nacionales de auditores, y a la Contraloría nos deja como registradora. Esta pretensión violenta normas constitucionales y las disposiciones de nuestra Ley Orgánica, así como a las Normas de Auditoría Gubernamental, Nagun”.

Expresó que ayer él y sus colegas en el Consejo Superior, acordaron preparar un documento para hacérselo llegar al secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, y con copia al Presidente de la República, Daniel Ortega, para que reconsidere lo propuesto en el proyecto de ley.

EL NUEVO DIARIO llamó ayer al presidente del BCN, Antenor Rosales, en busca de alguna reacción sobre los señalamientos del contralor presidente, pero no fue posible localizarlo, y no regresó llamada a pesar de dejarle mensaje.