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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una sentencia por medio de la cual pretende que el Consejo Superior de la Contraloría deba estar integrado por sus cinco miembros o un suplente debidamente acreditado para tomar cualquier decisión o resolución, en una acción que expertos constitucionalistas, el equipo jurídico y el mismo titular del ente fiscalizador consideran implica la paralización y un golpe brutal al trabajo de esa institución.

Algunos de los entrevistados, incluso, estimaron que la sentencia No. 238 emitida el pasado 1 de junio, busca “garantizar la impunidad absoluta” de funcionarios que se han visto envueltos en actos irregulares, pues bastaría que uno de los colegiados no quiera asistir a una sesión y no acredite a un suplente, para que la institución se congele en sus funciones.

Recurso de amparo de hace ocho años

La sentencia fue firmada por los magistrados Rafael Solís, Francisco Rosales y Ligia Molina, Iván Escobar Fornos y Dámisis Sirias. Sergio Cuarezma, quien forma parte de esa Sala Constitucional, no acompañó el fallo que se produjo con base en un recurso de amparo presentado por el ex ministro de Hacienda Esteban Duquestrada, el 15 de junio de 2001.

El ex ministro se amparó en contra de la decisión de tres contralores que resolvieron no dar lugar a una recusación que había promovido en su contra el colegiado Luis Ángel Montenegro, quien según el recurrente, había iniciado una campaña de desprestigio en su contra, y hasta había adelantado que debía ser sancionado con presunción penal, responsabilidad civil y responsabilidad administrativa.

Guillermo Argüello Poessy, Francisco Ramírez Torres (q.e.p.d.) y Ramón Ernesto Villafranca (contralor suplente) hicieron mayoría de ley y decidieron que la recusación en contra de Montenegro no tenía lugar, y Duquestrada procedió a recurrir de amparo en contra de esa decisión, alegando que los mencionados contralores habían transgredido la ley al fallar el caso con el voto de tres, cuando a su juicio tenía que ser con el de los cinco.

Según el ex ministro, no consta que el contralor propietario haya designado previamente a quien lo sustituyó, pues no consta esta diligencia, y no había quórum legal para resolver, por lo tanto, lo resuelto por los contralores sería ilegal por falta de quórum.

“Al emitir dicho acto, tales miembros han violado las garantías del debido proceso contenido en el artículo 34, numeral 2 y 154 de la Constitución, como es el derecho a ser juzgado por tribunal competente”, dice el Recurso de Amparo de Duquestrada. Agrega que “asimismo, han violado los artículos 33, párrafo primero, 130 y 183 de la Constitución, por haberse excedido en su competencia y ostentar la personalidad que corresponde al Consejo Superior de la Contraloría”. Lo inverosímil es que la CSJ le dio la razón al reconocido y polémico ex ministro de Hacienda de la Administración de Arnoldo Alemán, pues considera que la CGR violentó el derecho de petición al que tenía el ex funcionario.

“Un grave disparate”, dice jurista

Pero no es lo más grave. La Contraloría se encuentra actualmente elaborando un nuevo reglamento para la aplicación de las reformas a su Ley Orgánica, aprobadas por la Asamblea Nacional en junio pasado, y se conoció extraoficialmente que se estaría tomando en cuenta la sentencia para el trabajo del ente fiscalizador.

El experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez, considera que la decisión de la CSJ es “otra de las sentencias disparatadas o conscientemente oscuras, complejas y absurdas, que en lugar en lugar de contribuir a mejorar el sistema, lo que hace es distorsionarlo más”.

Explicó que al afirmar la sentencia que se ha violado el debido proceso, argumentando que los miembros del Consejo Superior son cinco y no tres, “es un verdadero despropósito, porque no existe en el mundo, no hay ejemplo en el derecho comparado, donde se exija que la totalidad de los miembros de un cuerpo colegiado sea necesaria para poder hacer quórum de decisión”.

Añadió que existe lo que se llama el quórum de integración, quórum de decisión y los miembros de un órgano pleno.

“Si el quórum de integración es cinco, no tiene sentido que el de decisión sea cinco, porque estaríamos hablando de un absurdo descomunal, porque la Corte tendría que fallar con sus 16 miembros para considerar válidas sus sentencias, y en el contexto actual estaríamos hablando de una Corte paralizada porque hay sólo 15 magistrados, luego de la muerte del magistrado Guillermo Selva”, ejemplificó.

Igual tendría que pasar en la Asamblea, es decir, que todas las leyes se tendrían que aprobar con la totalidad de los diputados, de lo contrario no valdrían o serían inconstitucionales, “y estaríamos hablando de un asunto descabellado, sin pies ni cabeza, y sin sustento doctrinario ni racionalidad político-jurídica”.

¿Actuó apegada a la ley la CGR?

La catedrática de la carrera de Derecho de la Universidad Centroamericana (UCA), Asunción Moreno, considera que la Contraloría cuenta con disposiciones legales suficientes para garantizar su autonomía y funcionamiento como órgano rector del sistema de control de la administración pública, y que la inquietud que surge ante la Sentencia No. 238 es si se cumplió este marco legal por el ente fiscalizador.

“Hay que aclarar que jurídicamente no es lo mismo ‘integración del consejo’, que ‘quórum legal’, la Constitución y la Ley Orgánica de la CGR son claras al respecto: la Constitución dice que el Consejo se integra por cinco miembros y tres suplentes, y la Ley Orgánica establece el quórum que se refiere al número requerido de asistentes a una sesión de la Contraloría para que sea posible adoptar una decisión válida. Es decir, que para resolver basta con tres miembros para hacer quórum”, dijo Moreno. Explicó que lo que no queda claro es que al no existir, como alegó Duquestrada, la debida acreditación del contralor suplente que participó en la decisión de rechazar la recusación, la Contraloría habría violentado la ley.

“Si fuese así, la Contraloría no ha respetado su propia normativa ni las disposiciones constitucionales. Aunque la sentencia no es tan clara al respecto, ya que la CSJ confunde el derecho de petición con el derecho a hacer uso de los recursos administrativos”, explicó.

CGR: “Sentencia es peligrosa e invita a delinquir”
La decisión de la CSJ es rechazada tajantemente por la Dirección Jurídica de la Contraloría. “Este precedente es sumamente peligroso, pues de aquí en adelante cualquier funcionario público, sobre todo en sede administrativa, podrá emitir un fallo sobre cualquier aspecto que se le someta a su conocimiento, independientemente del sustento jurídico del mismo, pues sólo bastará invocar el derecho de petición”, dice el dictamen del 17 de junio de este año.

“Pero” –agrega-- “lo que más sorprende de esta sentencia es que se da sobre un asunto que fue sacado del polvoriento anaquel del olvido, en el que el acto del amparo es un afamado prófugo de la justicia al que se le brinda una pretendida cátedra de derecho con ribetes de tragedia”. Y luego se pregunta: ¿No será que el mensaje de la inconstitucionalidad paralizante es claro para la nueva Ley Orgánica de la Contraloría, recién aprobada por la Asamblea Nacional?”

El dictamen jurídico añade que la Sala Constitucional sobredimensiona el derecho de petición, hace una interpretación extensiva del mismo y le da un alcance que no tiene, ya que si bien es cierto que la Constitución señala que todos los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones a la administración pública, nunca pueden hacerse “con el sello de arbitrariedad” que contravengan normas expresas de derecho público.

En este caso, se lee en el dictamen jurídico de la CGR, para la CSJ, aunque la Ley Orgánica del ente fiscalizador no contemple un medio de impugnación específico, que en este caso sería un incidente de nulidad, debe darle trámite a cualquier cosa que se le someta a su conocimiento, aun cuando no exista norma jurídica que la respalde o la sustente. “Esto constituye una verdadera y peligrosa extralimitación de la CSJ, que incluso invita al delito, por cuanto de conformidad con el Código Penal vigente, constituye delito de prevaricato fallar contra derecho o norma expresa”, indica el análisis jurídico de la CGR.

CSJ se extralimitó y legisló

Para el jurista Álvarez, la sentencia No 238 es una especie de “Frankensteincito”, que está armado con “cantinfladas, leguleyadas y toda una verborrea de conceptos jurídicos traspuestos, para decir al final que ha lugar el amparo”.

“Lo que hace esta sentencia” --sostuvo el experto-- “es legislar, es decir, usurpa funciones de la Asamblea Nacional, y está queriendo desvirtuar el modo de integración del Consejo Superior y quiere convertirlo en efecto erga omnes (vinculante frente a todo), cuando los efectos de las sentencias de amparo sólo son para las partes del juicio”. La catedrática Asunción Moreno considera en este punto que la Sala Constitucional, al resolver a favor de Duquestrada, ha violado los derechos alegados por la parte recurrente, y, por lo tanto, se restituye al agraviado en el pleno goce de los derechos trasgredidos, restableciendo las cosas al estado en que estaban antes de la violación.

El procurador Hernaldo Chamorro dijo que el fallo de la CSJ no afecta en nada los intereses del Estado, pues no se toca el fondo del asunto. “Es un recurso de amparo sobre aspectos procedimentales de una auditoría, por tanto, no afecta ningún caso que la Procuraduría lleve en la vía penal”, dijo.

De todos los que firmaron la sentencia no fue posible lograr una entrevista. Mientras tanto, el magistrado Rafael Solís, Vicepresidente de la CSJ y miembro de la Sala Constitucional, quien proyectó la resolución de Duquestrada, dijo vía telefónica que para responder sobre el caso debe tener la sentencia en mano y que se pronunciaría este martes.

Magistrado Cuarezma: “Debe respetarse el debido proceso”
El magistrado Sergio Cuarezma, quien es miembro de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al preguntársele sobre el argumento de la sala para conceder el amparo a Duquestrada, por el hecho de no estar firmada la resolución del 30 de mayo de 2001 por el ente colegiado, sino sólo por tres miembros de la CGR, afirmó que él desconocía la sentencia, pues no la firmó.

Aunque sí se pronunció sobre los demás recursos de amparos que tiene esta sala, y que a partir del 18 de junio de 2009, fecha en que entraron en vigencia las Reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría, deberá apegarse a ésta y a la Constitución de la República para resolver esos casos pendientes. “Ahora la Ley 681 --Ley Orgánica de la Contraloría-- establece de forma expresa y detallada el debido proceso. En la Sala Constitucional todavía existen un cúmulo de recursos de amparo de funcionarios que se ampararon contra la CGR, alegando la violación de los derechos fundamentales de los debidos procesos, y ahora la nueva Ley Orgánica reconoce el debido proceso en su artículo 51”, dijo. Esta ley se aplica retroactivamente en aquello que beneficie a los funcionarios investigados, sobre todo en materia del debido proceso. Quiere decir que otorga el derecho a la defensa desde que inicia el proceso de la investigación administrativa.

“La CGR tenía una ley que tenía un gran déficit de las garantías de las personas, pero eso en ninguna manera contribuía a la violación del debido proceso porque de todas maneras existe la Constitución para que se aplique y aquí manda el cumplimiento al debido proceso ya sea penal, civil o administrativo. Además, la Sala de lo Constitucional tiene un mandato constitucional que es respetar los derechos fundamentales de las personas en cualquier proceso, administrativo o penal.

Los casos seguirán tramitándose con base en la legislación derogada, es decir, la Sala de lo Constitucional examinará si a pesar de la legislación ya derogada en aquellos procesos administrativos, se respetaron o no los derechos constitucionales. Como lo mandan la Constitución y la nueva Ley Orgánica de la Contraloría.

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