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El presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, aseguró que existe criterio entre él y sus colegas contralores, de rechazar y de no tomar en cuenta para la elaboración de su nuevo reglamento, la sentencia por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pretende que las decisiones del ente fiscalizador sean tomadas con la asistencia de sus cinco miembros o un suplente acreditado.

El titular de la Contraloría General de la República (CGR) indicó que la sentencia No. 238 del 1 de junio de este año, es tan “desacertada”, que ni siquiera se enteró de la nueva Ley Orgánica de la Contraloría, aprobada a finales de marzo y publicada en La Gaceta el 18 de junio, en la cual ratificaron que el quórum del ente fiscalizador para tomar decisiones, se establece con la presencia de tres colegiados propietarios o de dos de éstos más un suplente.

“Con el respeto que debo a la sentencia, me parece que es un criterio equivocado, porque no puede llegarse al extremo de que si no estamos los cinco y no está acreditado el suplente, no podemos decidir, porque bastaría que uno se ausente sin acreditar al suplente, para que esto no camine”, sostuvo.

Argüello Poessy admitió que si bien es cierto que nunca ha ocurrido una parálisis institucional en la Contraloría por falta de quórum, nadie garantiza que no se vaya a registrar, lo cual se facilitaría al considerar como vinculante la sentencia que se emitió con base en un recurso de amparo presentado por el ex ministro de Hacienda, Esteban Duquestrada, el 15 de junio de 2001, que ni siquiera es sobre el fondo de una resolución.

El ex ministro se amparó en contra de la decisión de tres contralores que resolvieron no dar lugar a una recusación que había promovido en contra del colegiado, Luis Ángel Montenegro, quien según el recurrente había iniciado una campaña de desprestigio en su contra, y hasta había adelantado que debía ser sancionado con presunción penal, responsabilidad civil y responsabilidad administrativa
Tres contralores, entre ellos dos propietarios y un suplente, rechazaron la recusación, y el reconocido ex funcionario prófugo de la justicia, interpuso un recurso de amparo contra esa decisión, el cual fue fallado a su favor extrañamente ocho años después.

Acatada sólo para Duquestrada

Argüello Poessy señaló que “las sentencias de la CSJ se cumplen o se cumplen”, y que la No. 238 se va a aplicar para el caso de Duquestrada, “pero de ninguna manera puedo aceptar yo que esto sea una norma que esté por encima de nuestra Ley Orgánica y menos de la Constitución, que dice que hacemos quórum con tres, y si es así, cuando hay quórum podemos decidir”.

Indicó que cuando conoció de la sentencia No. 238, le pidió a la Dirección Jurídica que elaborara un dictamen legal que dice de manera clara, los alcances de ese fallo y que en resumen es una posible “inconstitucionalidad paralizante para la nueva Ley Orgánica de la CGR”.

Argüello Poessy mencionó como ejemplo de la gravedad del asunto, que las cuestionadas exclusiones de procedimientos, se fallarían a favor de los solicitantes, pues la paralización de la Contraloría provocaría la aplicación del “silencio administrativo” que es favor del que pide.

“Aquí no es la CSJ”

“Aquí no podemos paralizarnos porque no somos la Corte Suprema de Justicia, en donde si el trabajo se paraliza no pasa nada, aquí tenemos términos que hay que respetar, en la CSJ hay amparos que deberían resolverse en 45 días, pero seguimos esperando el de Emilio Pereira, que hace ya 10 años que se interpuso”, señaló.

Para el experto en Derecho Constitucional Gabriel Álvarez, la Contraloría debe tomar en cuenta la sentencia sólo para lo referido al amparo de Duquestrada, no como “erga omnes” (respecto a todos), y por tanto estimó que mal harían los contralores en sentirse vinculados a la hora que elaboren reglamentos, a una sentencia que es una descomunal aberración.

Solís y Rosales defienden sentencia

Para el presidente de la Sala Constitucional Francisco Rosales, y para el miembro de esa instancia, Rafael Solís, la sentencia no tiene nada que ver con el número de contralores que integraron el quórum para resolver, sino el procedimiento en que lo hicieron.

Indicaron que no rola en el expediente el documento donde el contralor Luis Ángel Montenegro dice que no va a poder asistir y que en su lugar deja a Ramón Ernesto Villafranca para integrar el quórum. Tampoco se encontró la aceptación del suplente Villafranca de integrar ese consejo en lugar de Montenegro, y, además, no se notificó a Duquestrada de ello, es decir, no existió esa tramitación mínima.

“La Sala Constitucional dice (con la firma de cuatro magistrados) que la integración que hizo la Contraloría, en este caso con un suplente es incorrecta, por eso le da la razón a Duquestrada, no vean como una jurisprudencia de la Corte lo que sucedió aquí, porque éste es un caso concreto, pero en todo caso lo mejor es integrar los cuatro miembros para que no se den situaciones como éstas”, expresó Solís.

Insisten en cambiar quórum de decisión

Lo que no se tocó en la resolución, según Solís, y que se dejó para un examen posterior es que si realmente se puede o no que tres contralores emitan una resolución, o se necesita la mitad más uno que en este caso (consejo colegiado impar) serían cuatro integrantes.

“A mi criterio, incluso, si nos hubiéramos metido a eso, yo hubiera puesto que se necesitan cuatro miembros para hacer quórum y tres para dictar sentencia, porque la ley lo que dice es la mitad más uno que sería 3.5, entonces serían cuatro, y de éstos, para dictar sentencia, se necesitan tres, pero que el quórum sea formado por cuatro”, dijo el también vicepresidente de la CSJ.

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