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El Ministerio Público y la Procuraduría de Justicia no pudieron probar ante los miembros de un Tribunal de Jurados, el cargo de fraude que le achacaron al ex administrador del Banco de la Vivienda de Nicaragua, Bavinic, José Francisco Castellón Ortega, y a Adolfo Chamorro César, ex presidente ejecutivo.

Aunque Chamorro César estaba acusado, no fue enjuiciado porque él está amparado. Sin embargo, compareció como testigo, y con documentos en mano demostró que no hubo fraude alguno, porque las 15 propiedades que según la Fiscalía habían subvalorado y vendido, en realidad se vendieron a precio de mercado, lo que inclusive le dejó un margen de ganancia al Bavinic y al Estado por el orden de los 80 mil dólares, es decir un millón 411 mil córdobas.

La Procuraduría reaccionó al veredicto de no culpabilidad emitido la noche del martes, diciendo que la Fiscalía y la representación del Estado presentaron suficientes pruebas para acreditar el delito, sin embargo, fueron los miembros del Tribunal de Jurados los que absolvieron al acusado.

José Manuel Nicaragua, abogado de Castellón, explicó que primero había que puntualizar que las tierras de las que habla la acusación estaban en litigio, y que el Estado nunca las ocupó de manera legal porque estaban en manos de terceras personas que alegaban ser dueñas en base a la Ley 85 (que legalizó “La Piñata”) y otras.

De tal forma que cuando la Junta Directiva del Bavinic autorizó la venta, el que salió ganando fue el Estado, agregó el abogado, quien puntualizó, tal como quedó demostrado ante los miembros del Tribunal de Jurados, que tampoco hubo ninguna irregularidad en la venta, porque si bien hubo un descuento en la venta, ésta fue autorizada.

Lo que no probaron

El Ministerio Público y la Procuraduría acusaron a Chamorro y a Castellón por el delito de fraude, porque supuestamente subvaloraron y vendieron en un millón 408 mil dólares 15 propiedades del Estado, lo que dejó perdidas superiores a los 21 millones 330 mil córdobas, pero nada de esto pudo ser probado en juicio.

La juez Segundo Penal de Juicios revocó el impedimento de salida del país que pesaba sobre Castellón, y también dejó sin efecto la orden que tenía el acusado de estarse presentando cada 15 días al juzgado.

Éste es el segundo revés que en menos de 15 días un Tribunal de Jurados le asesta a la Fiscalía y a la Procuraduría, porque hace dos semanas fue una ex cajera del Inafor la que fue absuelta del fraude que le achacaron.