Lizbeth García
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La juez suplente Quinto Penal de Juicios de Managua, Mariana Gómez, envío una carta a la directora de la Defensoría Pública, Marielos Mendoza, pidiendo sanción contra el defensor público que supuestamente ayudó a escapar de la justicia a una mujer que fue declarada culpable por peculado en perjuicio del Estado y del Hospital “Bertha Calderón”.

La misiva explica que valiéndose de la ausencia del defensor público, Manuel Antonio Cantón, Marling Palacios Obando se fugó de la sala de juicios. Presuntamente pidió permiso para tomarse “una pastilla”, cuando se enteró de que le iban a sustituir las medidas por la prisión, en vista de que acababa de ser declarada culpable.

“En este acto, el defensor la esperaba, coadyuvando, acompañándola por el pasillo, y sugiriéndole que partiera para no ser detenida por el personal del despacho que corría tras ella para evitar su fuga. Estos hechos fueron públicos, y auxiliados por la defensa, licenciado Manuel Antonio Cantón (defensor público), a quien pido desde ya que se le aplique la norma correspondiente de ética sobre el comportamiento que deben tener en el proceso de juicio oral y público los defensores públicos”, agrega el documento que la juez envío a Mendoza.

La doctora Xóchitl Fonseca, supervisora de los defensores públicos, rechazó los señalamientos de la juez contra Cantón, diciendo que ningún defensor público es responsable por el actuar del usuario.

“Cantón me comentó del incidente. Ya iban para el debate de pena, y ella (la acusada) parece que pidió permiso para tomarse una pastilla y se fue. Él no estaba y desconocía lo ocurrido”, recalcó Fonseca, quien señaló que desconocen el contenido de la misiva que la juez envió a la directora de la Defensoría.

Jackeline Toruño, del sindicato de la Defensoría Pública, señaló que también desconocen el contenido de la misiva, pero señalaron que si Cantón busca apoyo sindical, se lo darán.

Más de 1 millón en medicinas

Palacios Obando fue responsable de la farmacia asistencial del Hospital “Bertha Calderón” y secretaria del Curim (Comité de Insumos Médicos), pero fue acusada porque abusó de los cargos que ejercía como funcionaria pública y de la confianza de tres médicos, a quienes les pidió 30 recetas en blanco para supuestamente regalarles vitaminas a los pacientes y a los empleados del hospital, sin embargo, lo que hizo fue alterar los documentos y prescribir medicinas en grandes cantidades.

Según la Fiscalía y Procuraduría, la acusada sacó un millón 5 mil 904 córdobas en medicinas que le pertenecían al Estado y a los pacientes.

La juez mandó una orden de circulado migratorio para que detengan a la acusada, pero en la Dirección de Migración y Extranjería no quisieron recibir el oficio, bajo el supuesto de que éste ya había sido recibido con anterioridad, según el expediente electrónico que está en la pagina Web del Poder Judicial.