Martha Vásquez Larios
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El próximo 6 de agosto en la Corte Centroamericana de Justicia, con sede en Managua, se realizará la audiencia oral y pública donde la Asociación de Agentes de Aduana de Costa Rica demanda al Estado de Costa Rica por estar cobrando, a través de la Dirección General de Aduanas de ese país, unos aranceles supuestamente indebidos desde septiembre de 2007.

Según la demanda interpuesta en la Corte Centroamericana --desde septiembre de 2008--, la Dirección General de Aduanas de Costa Rica emitió una circular (DGT 137-2007) el 12 de septiembre de 2007, donde informa sobre el cambio de la clasificación arancelaria de las máquinas para lavar ropa.

Este nuevo criterio clasificador, para fijar o para gravar los artículos con impuestos de importación mayores que los contenidos en el arancel de importación, trae serios perjuicios económicos a los demandantes, explica el pliego petitorio de la demanda.

La defensa de la Asociación de Agentes Aduaneros, el 21 de noviembre solicitó la nulidad de la circular, pero la DGA de CR afirmó que posee todos los elementos materiales y formales señalados en la legislación centroamericana sobre la materia, “ya que esa circular aclara y uniforma lo que debe entenderse como ropa seca, lo que no dijo es que mediante esa aclaración cambiaba la partida arancelaria”, dice la demanda.

Luego de agotada la vía administrativa, los demandantes interpusieron su caso ante la CCJ, donde darán el fallo final y es de ineludible cumplimiento.

Fuentes allegadas a la CCJ aseguraron que Costa Rica no reconoce la competencia de ésta para conocer el caso, alegando que no tiene jurisdicción sobre ellos, porque Costa Rica no ha ratificado el Convenio del Estatuto de la Corte, sin embargo, magistrados de la CCJ aseguran que sí hay competencia de dicha Corte, porque Costa Rica firmó el Protocolo de Tegucigalpa.