Luis Galeano
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Los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron amparar a varios ex funcionarios de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), a los que la Contraloría les había determinado presunción penal por manejo irregular de más de 30 millones de córdobas, bajo el argumento de que los afectados no habían sido advertidos de que de la auditoría se derivarían sanciones.

De todos los ex funcionarios que fueron alcanzados por el fallo de la Contraloría, sólo uno no recurrió de amparo y es el principal implicado, el ex titular de la EPN, Roberto Zelaya Blanco, quien se encuentra fuera del país, es decir, que el mal manejo de los más de 30 millones de córdobas quedará en la impunidad.

El 19 de mayo de este año, la Sala Constitucional decidió amparar a los ex directivos de la EPN, bajo el argumento de que el ente fiscalizador no les informó que la auditoría que realizaban podría derivarse en responsabilidades administrativas, civiles o presunciones penales.

El amparo fue contra la resolución que tomaron los colegiados el 23 de noviembre de 2006, en la cual resolvieron determinar presunción de responsabilidad penal en contra del anterior director de la Empresa Portuaria Nacional, EPN, Roberto Zelaya Blanco, y otros directivos de esa entidad, por 30 millones 335 mil córdobas.

Sólo al chofer procesarían

Esa decisión también alcanzó y mandaba a los tribunales para abrirles un juicio, a Luis Debayle Solís, Ernesto Chamorro Martínez, Jaime José Sáenz, Pedro Antonio Lagos, Noel Enrique López, Federico Solórzano Castillo, Luis Orlando González y Gabriel Collado, quien era el chofer.

De todos ellos, sólo Zelaya Blanco y Gabriel Collado no recurrieron de amparo, y, por tanto, la presunción penal se mantiene para ellos, pero en realidad, de iniciarse un juicio, sólo sería contra el ex conductor.

Roberto Zelaya Blanco y demás directivos, y funcionarios de la EPN, fueron señalados de realizar transferencias de cuentas de la EPN a otras cuentas bancarias ajenas a esa institución, sin ningún soporte; de patrocinar eventos que nada tenían que ver con las funciones de la portuaria; y de pagar dietas y viáticos al margen del la ley, entre otras anomalías.

El argumento del amparo

El argumento de los que sí recurrieron de amparo es que la Contraloría violó el debido proceso y con ello sus derechos, al no informarles del alcance de la auditoría.

“A los recurrentes no se les previno que el Consejo Superior de la Contraloría General de la República estaba instruyendo un procedimiento, y que tenía como finalidad imponerles responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y presunción de responsabilidad penal”, dice la sentencia número 209, firmada por Francisco Rosales, Rafael Solís, Dámisis Sirias, Ligia Molina y Sergio Cuarezma.

“Al omitirse el hecho de no hacerles saber y notificarles que se les estaba instruyendo procedimiento en contra de cada uno de ellos como corresponde, se ha privado a los recurrentes del derecho de intervención y derecho de la defensa desde el inicio del proceso administrativo, tal como lo ordena nuestra Constitución”, agrega sentencia del 19 de mayo pasado.

La enorme contradicción

Lo contradictorio de esa sentencia es que por todos lados indica que los auditados conocieron del trabajo de la Contraloría desde el inicio. “Entre el 26 de octubre de 2005 y el 3 de julio de 2006, se notificaron mediante cartas a los funcionarios y ex funcionarios de la EPN, de la auditoría especial”, dice la sentencia en su considerando número dos.

“Entre el 23 de enero y el 28 de junio de 2006, se les tomaron declaraciones testimoniales a los ex funcionarios antes referidos, con el propósito de aclarar o ampliar información sobre situaciones determinadas de la auditoría especial”, añade ese mismo punto.

A esto agrega que “entre el 15 y el 17 de agosto de 2006, la CGR dio a conocer los resultados preliminares de auditoría en notificación de hallazgos, para que los ex funcionarios desvanecieran dichos hallazgos”.

Argüello Poessy: “Es increíble”

El presidente de la CGR, Guillermo Argüello Poessy, consideró “inverosímil” esta decisión, porque para iniciar cualquier auditoría se emiten credenciales al equipo de auditores, que al presentarse a la entidad donde se va a practicar el trabajo, explican el mecanismo y los alcances del mismo.

“Existe un formato para hacer nuestro trabajo, el cual queda claro desde el inicio, así que es increíble que se emitan sentencias como ésta, tan desacertada como la otra que dice que para fallar una resolución tenemos que estar los cinco”, reaccionó el titular del ente fiscalizador.

“El colmo” --sostuvo el contralor—“es que un auditor interno que estaba afectado por la resolución, ahora viene a reclamar que le paguen su indemnización”.

Dice que quieren destruirlos

Para el colegiado, las últimas acciones de la Corte Suprema y organismos como el Banco Central, que quiere nombrar y destituir a su auditor interno por medio de su nueva ley, van dirigidos a quitarles cada vez más facultades al ente fiscalizador.

“El mensaje que nos están enviando está más que claro y es: que cada vez tenga menos funciones esta Contraloría”, señaló el colegiado.