•  |
  •  |
  • END

A pesar del informe de Amnistía Internacional, que recientemente visitó Nicaragua, y que describe como un horror y una vergüenza la penalización del aborto terapéutico, los magistrados de la Sala Constitucional no ponen en agenda ordinaria ni extraordinaria el tema para su discusión.

Según la magistrada Ligia Molina, miembro de la Sala Constitucional, ya le pasaron la agenda de los temas que verán hoy en la reunión ordinaria de dicha sala, pero no aparece nada del aborto terapéutico. “Yo quisiera que ese tema se resolviera ya, pero los magistrados no lo ponen en agenda”, expresó Molina.

Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, perteneciente al Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, advirtió que el último informe de Amnistía Internacional nos “marca” ante la comunidad internacional, y la cooperación podría replantear la dirección de su ayuda a Nicaragua.

Eso nos expresó Wendy Flores, abogada del Cenidh, quien señaló que el incumplimiento de los compromisos internacionales en derechos humanos por parte de Nicaragua, puede tener efectos negativos en la ayuda de los organismos internacionales”, tal como sucedió con la suspensión de la Cuenta Reto del Milenio y el congelamiento de la cooperación de la Unión Europea.

“No sólo nosotros hemos hecho peticiones, también órganos de las Naciones Unidas hicieron recomendaciones, pero el gobierno sostiene la penalización del aborto en todas sus formas, perjudicando al final a las mujeres más pobres, a quienes se condena a muerte cuando su embarazo es riesgoso”, expresó la abogada.

Proyecto se sentencia ya está, pero…

La semana pasada se conocía por fuentes judiciales que ya existe un proyecto de sentencia a favor del aborto terapéutico, pero que el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez, no lo incluía en agenda de Corte Plena para discutirlo.

“El proyecto de sentencia ya está listo. Sólo falta que el magistrado presidente de la CSJ Manuel Martínez lo incluya en agenda de Corte Plena para que los 15 magistrados voten y salga de una vez”, afirmó Francisco Rosales.

Extraoficialmente se conoció que entre las últimas correcciones hechas al anunciado proyecto de sentencia fue incluir la posición de la Iglesia Católica vertida a través del papa Benedicto XVI.

Se refiere cuando el Papa dijo en marzo pasado, que el Vaticano no condena el aborto indirecto (terapéutico) como lo llama la Iglesia Católica “Siempre que la curación de la madre enferma suponga inevitablemente la muerte del hijo”, afirmó en su momento Federico Lombardi, portavoz vaticano.

Otro argumento incluido fue la posición del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que en mayo pasado urgió al Estado nicaragüense revertir la reforma legal que en 2006 penalizó sin excepciones el aborto voluntario, y demandó flexibilidad, en especial en casos de violación e incesto.

Tal vez ahora quieran incluir también la posición de Amnistía internacional entre los argumentos del ha lugar al recurso por inconstitucionalidad parcial de la prohibición del aborto terapéutico, interpuesto por diferentes organizaciones de mujeres en 2007.

Sin embargo, los magistrados Sergio Cuarezma y Ligia Molina, miembros de la Sala Constitucional, aseguran que ellos no han visto tal proyecto de sentencia, por lo que ven difícil que ya esté listo para ir a corte plena.

Presión de cooperación externa

Extraoficialmente se conoció que la cooperación internacional ejerció presión referente al tema, y el gobierno tuvo que ceder diciendo que no se metería en eso y que los magistrados se pronunciaran conforme a derecho correspondía lo que dio ‘luz verde’ para superar la traba en la CSJ; pero aun así no se pronuncian al respecto.

En tanto, la abogada del Cenidh, Wendy Flores, mencionó que ante la Corte se han presentado argumentos morales, filosóficos, médicos y científicos que demuestran la inconstitucionalidad de esta ley, pero los magistrados hacen caso omiso a los recursos interpuestos para que se derogue. Por lo tanto, considera que el informe demuestra que Amnistía ha puesto su mirada en Nicaragua, precisamente porque la ley es una violación grave a los derechos humanos de las mujeres, a su vida y a su salud.

Debora Grandison, Procuradora Especial para la Mujer, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo que no estaba al tanto del informe de Amnistía Internacional el cual debía analizarse con mayor profundidad.

Todo vino por las prebendas

Por su parte Fátima Millón, miembro de la comisión coordinadora de la Red de Mujeres contra la Violencia, dijo que el gran problema es que los derechos de los nicaragüenses son objeto de prebendas para los políticos, y recordó que la penalización del aborto terapéutico se jugó en el contexto de las elecciones presidenciales.

Indicó que la penalización del aborto se inscribe como parte de la violencia de género, y dijo conocer que Amnistía prepara otro informe sobre la legitimación de la violencia sexual contra las mujeres y niñas en Nicaragua, criminalizando --con la penalización del aborto terapéutico-- a las víctimas y no a los victimarios.

“Esto reafirma que nuestra lucha no es en vano. La lucha continúa, y ese informe es un respaldo moral y significativo, de que nosotras no estamos fuera de lugar”, expresó Millón.

Para el doctor Óscar Flores, presidente de la Sociedad de Médicos Gineco-obstetras, castigar el aborto terapéutico fue un gran error del gobierno. “La situación es compleja para el médico, ya que la ley no exonera a nadie en el caso de la muerte del bebé. Esto también se contrapone a los protocolos del Ministerio de Salud, que dan prioridad a la vida de la mujer, pero a la hora de un desenlace negativo o de la interrupción del embarazo podés ir a la cárcel”, dijo nuestro entrevistado.

El especialista señala que el profesional actualmente está sometido a ese riesgo, y provoca que algunos más bien le huyan a pacientes con complicaciones en el embarazo. “Un caso triste ocurrió en el Hospital Alemán, donde una mujer falleció por retardación en la atención, propiamente por temor a la ley. Y es que no podés hacer nada, si no estás respaldado moral y legalmente”.