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Santiago Aburto, propietario de radio La Ley de Sébaco, Matagalpa, cuyos equipos fueron confiscados por civiles armados, a las órdenes del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, aseguró que volverá a transmitir aunque lo lleven preso.

Aburto denunció en la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, CPDH, que la acción --considerada en todo momento ilegal-- fue cometida el 19 de junio pasado, y luego de interponer el 29 de junio un recurso de reposición, con un plazo máximo de 15 días para contestar, Telcor hasta hoy no da respuesta.

“Si transcurrido este plazo no hubiere respuesta, se considera que el director resolvió a favor del recurrente”, dicta el reglamento general de la Ley 200 o Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales.

Con este argumento, Aburto no sólo exige la devolución de todo lo incautado, también que se le permita continuar sus transmisiones.

“Tengo derecho a regresar al aire y que me regresen los equipos, pero sigo sin tener contestación”, dijo, agregando que iniciará una campaña de recolección y apoyo de la ciudadanía para volver a comprar otros equipos y saldrá nuevamente al aire, sin importar que eso signifique caer preso.

“No callaré”

“Desde ya responsabilizo a Daniel Ortega, Presidente de la República, de cualquier daño que pueda tener mi familia o mi persona. He recibido montones de amenazas, y en una ocasión hasta me tiraron balazos en la carretera, pero no callaré”.

Aburto alega que el cierre de la radio y las amenazas se deben a no ser afecto a la línea de la política gubernamental y por tener desde hace varios años un programa crítico en Radio Corporación.

Hasta le robaron

En sus alegatos menciona que, en primer lugar, no existe una ley de confiscación de bienes, mientras tanto Telcor violentó una serie de normativas en su Ley General, que hacen ilegal no sólo la toma de equipos, correspondencia personal, y hasta 4 mil 200 córdobas y 500 dólares que estaban en un escritorio, sino también que le hayan suspendido la licencia de transmisión.

Para que pudieran suspenderle la licencia de transmisión, la Ley dicta que tienen potestad luego de entregado el tercer aviso por incurrir en alguna falta o violaciones a las normas establecidas, y la suspensión primero debe ser publicada en La Gaceta, diario oficial, para que sea efectiva. Pero sólo hubo un aviso, que llegó con gente armada durante la incautación, y la suspensión se efectuó mucho antes que se publicara en La Gaceta.