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La Procuraduría General de la República, pasando por encima del artículo 44 de la Constitución que prohíbe las confiscaciones de inmuebles y sanciona a quien las ejecuta, convirtió la declaratoria de utilidad pública de las tierras de La Chureca, como si se tratara de las propiedades adjudicadas por las leyes 85 y 86, que son pagadas a sus antiguos dueños con bonos de indemnización.

La Procuraduría deshizo una resolución del Concejo de Managua, discutida, arbitrada, concensuada y presupuestada con la familia Martínez, que mandaba a pagar por las tierras de La Chureca, declaradas de utilidad pública, una suma superior a los 6 millones de dólares, a fin de que pudiera desarrollarse en ese famoso vertedero de basura el más grande proyecto de la cooperación española para Nicaragua.

Contra artículo constitucional expreso

La PGR no sólo violó la autonomía municipal, sino que además decidió contra prohibición constitucional expresa, pagar en bonos lo que el artículo 44 manda a pagar en efectivo.

Explicaciones inconsistentes como las de un asesor legal de ALMA, quien pidió a la PGR intervenir obviando al Concejo, o que la familia Martínez tenía conflictos internos, o que la declaración de utilidad pública no había sido inscrita, no borran el acto claro y contundente de que lo publicado en La Gaceta como notificación para recoger bonos de indemnización de la propiedad es una auténtica CONFISCACIÓN.

La propiedad nunca fue confiscada por el Estado en los 80, por lo tanto se tenía que proceder como lo hizo el Concejo de Managua, con base en el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua (reformas de 1995) que manda que en virtud de la función social de la propiedad por causa de utilidad pública o de interés social pueden ser expropiadas de acuerdo con la ley, previo pago en efectivo de justa indemnización.

Proyecto español en peligro

Gabriel Martínez Páez, uno de los propietarios de las tierras, confirmó que a juicio de los dueños de la propiedad, ahora sí está en peligro el megaproyecto español.

La Procuradora Nacional de la Propiedad, Janneth García, aseguró ayer que la PGR no violentó la autonomía municipal, en la legalización de los terrenos del botadero municipal (La Chureca), sólo hizo un proceso administrativo, contemplado en la Ley 278, a petición de la Alcaldía de Managua, pero el Concejo nunca ha hecho esa petición ni podía hacerla estando de por medio una transacción legalmente constituida.

También expresó que el único propósito era “salvar el proyecto” de la Cooperación Española, pues existen tiempos límites para cumplir requisitos y que se empiece a trabajar en el proyecto, y uno de ellos es la legalización de los terrenos.

Un director sustituye al Concejo

“Nosotros respondimos a una solicitud de la Alcaldía de Managua, no hemos sido gestores oficiosos. Salvador García, Director Legal de la Alcaldía de Managua, envió una solicitud planteando que les era imposible legalizar este terreno con todos los problemas judiciales que hay de por medio, y necesitaban un mecanismo para avanzar y no perder ni retrasar el proyecto de la Cooperación Española”, explicó García.

La procuradora reiteró que existen mecanismos para legalizar la propiedad cuando hay interés del Estado, y esto lo contempla la Ley 278, Ley sobre la Propiedad Reformada Urbana y Agraria.

“La PGR hace el trámite administrativo y luego las traspasa a las alcaldías y ésta a los beneficiarios en caso de títulos de propiedad. Esto no es nada nuevo, se hizo en todas las administraciones anteriores. Luego el Estado legaliza e indemniza vía bono”, dijo la Procuradora, hablando como si se tratara de una propiedad confiscada.

Le cambiaron precio

Sobre el número de manzanas a legalizar y el precio a pagar, la Procuradora expresó que el Estado se pronunció por el área real afectada que son 146 manzanas con 4 mil 964 varas cuadradas que comprenden el botadero y cuatro asentamientos humanos.

En cuanto al precio de la vara cuadrada --que según la Asociación Los Martínez se había pactado a 4.50 dólares--, la Procuradora explicó que el mismo se paga conforme al valor catastral, por eso en su resolución publicada en La Gaceta del 22 de julio se mandó a pagar 39 millones 558 mil 800 córdobas, siguió hablando, como si se tasara una confiscación y no una declaración de utilidad pública, que se rige por su ley y donde los valores son consensuados o arbitrados.

“La verdad que el precio es un dilema en asuntos de indemnización, porque la ley nos obliga a pagar área conforme a valor catastral. El Estado nunca paga valor comercial; lo que Catastro Fiscal nos dice que vale la propiedad eso se pagará”, aseguró García, en su misma lógica inconstitucional.

La preocupación de España

Por su lado, Gabriel Martínez Páez, quien se comunicó con las autoridades de la Agencia de Cooperación Española que aprobó los 30 millones de euros para el proyecto, dijo que los cooperantes estaban sumamente preocupados por la decisión de la PRG, que pasa por encima de la decisión del anterior Concejo.

La preocupación de los donantes españoles aumentó al conocerse públicamente la resolución de la PGR, ya que con el proyecto de La Chureca se pretende beneficiar a unas 16 mil personas de escasos recursos económicos, y en el mismo la parte española ha gastado 750 mil dólares y no han logrado avanzar.

Martínez Páez confirmó que ya fue al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde comprobó que los bonos de indemnización ya están listos, “pero no los vamos a retirar”, señaló, al tiempo que advirtió que si no hay una aclaración, el proyecto español se va a ir del país.

Alcaldesa Torres no quiere hablar de PGR

En tanto, la alcaldesa Daysi Torres anunció ayer que ha iniciado un proceso de negociaciones con la familia Martínez, propietaria de las tierras donde funciona el basurero La Chureca, al tiempo que dijo tajantemente que no va a pronunciarse sobre la resolución de la Procuraduría General de Justicia (PGR).

“Hoy no voy a hablar de esa resolución. Estamos trabajando con la familia Martínez a partir de esta semana, con la finalidad de lograr llegar un acuerdo con ellos y no hemos dicho que eso sea el punto final. Tenemos pendiente otra reunión para la próxima semana, y lo que queremos es buscar un acuerdo satisfactorio tanto para ellos como para nosotros”.

Martínez confirmó que un sector de su familia se reunió el pasado lunes con la alcaldesa Daysi Torres, así como con el secretario general de la comuna, Fidel Moreno, “la que transcurrió en un tono amable, y ahí nos dijeron que íbamos a reunirnos este miércoles por la tarde, pero ni siquiera nos contestaron a los números de celulares”, expresó.

“Acciones totalitarias”

La acción de la Procuraduría General de la República al cambiar la declaratoria de utilidad pública que el Concejo anterior aprobó sobre el basurero de La Chureca, “es una muestra más de las acciones totalitarias” que está llevado a cabo la Administración del presidente Daniel Ortega, expresó ayer el concejal del PLC, Leonel Téller.

Aseguró a END que la acción de la PGR “es una estocada mortal que nos regresa a los tiempos en que los dictadores y los tiranos a través de las instituciones trastocaban lo que les venía en gana”.

Agregó el concejal que la resolución emitida por el Concejo anterior ordena que se pague a los propietarios de las tierras que utiliza la Alcaldía como vertedero municipal el equivalente a 6 millones 990 mil 427 dólares en moneda nacional para compensar 147 manzanas.

“Sin embargo, la PGR ignora y anula la decisión adoptada por el Concejo, al mejor estilo dictatorial, y ordena que la Tesorería General de la República pague con bonos de indemnización la suma de 39 millones 558 mil 800 córdobas”, agregó Téller.

Recuerda el concejal que el Concejo de Managua ya había incluido en el presupuesto 2009 el primer pago correspondiente de cincuenta millones de córdobas por la declaratoria de utilidad pública, y en los presupuestos de los años subsecuentes se incluiría los restantes desembolsos.

El concejal expresó preocupación por los fondos españoles que respaldan el proyecto de La Chureca, “porque este cambio inesperado y dictatorial de la PGR no sé si va a afectar la Cooperación Internacional para el Desarrollo. El programa va atrasado, se necesitaba acelerar el proceso compensatorio, pero ahora no sabemos cuál será la reacción de los donantes.”