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“No es la primera vez que sabotean el proyecto de La Chureca”, recordó el ex vicealcalde, Nery Leiva Orochena, quien aseguró que “hay otros intereses detrás del proyecto español que es de gran envergadura, o a lo mejor se trata de que eso (la indemnización) llegue a las manos de otra persona que no sean los beneficiarios”.

Así respondía sobre la extraña intromisión de la Procuraduría General de la República, que desconoció el acuerdo de declaratoria de utilidad pública del enorme vertedero, donde se juega el futuro de sus habitantes y el saneamiento del sitio, lo cual depende de un financiamiento español. La PGR prácticamente confiscó La Chureca, empleando las leyes 85 y 86.

Como siempre, volvió a relucir el nombre del infaltable Edgardo Cuarezma, secretario político departamental del FSLN. Recordó que la crisis de la basura --en La Chureca-- que se presentó en abril del año pasado (durante la Semana Santa), “también fue parte de lo que en algún momento ellos (la gente que estaba detrás de Edgardo Cuarezma) quisieron manipular, y es a partir de ahí que nace la manipulación contra el proyecto de La Chureca”.

“Creo que el sector que manipula no está interesados de que se reciban esos 30 millones de euros”, subrayó el ex vicealcalde.

Confirmada declaración de utilidad pública

Leiva Orochena, además, confirmó que el Concejo anterior declaró de utilidad pública 146 manzanas con 4 mil 964 varas cuadradas, de las propiedades donde funciona el vertedero de La Chureca, y que con la familia Martínez se pactó la indemnización a cinco dólares la vara cuadrada.

Leiva Orochena, en declaraciones formuladas a EL NUEVO DIARIO, dijo que además se fijó un monto aproximado para iniciar la negociación sobre el pago de la indemnización a los propietarios de las tierras, con la finalidad de darle pase al megaproyecto español que ahora ha sido puesto en peligro por la Procuraduría General de la República.

Dijo que el Concejo anterior estableció en el presupuesto actual de la comuna una partida especial de 50 millones de córdobas para comenzar a pagarle la indemnización a la familia Martínez, por la cantidad de manzanas que se utilizarán en el proyecto español que beneficiará a unas 16 mil personas de escasos recursos económicos que viven dentro del basurero.

“Mediante la aprobación de la resolución municipal, se aprobó la indemnización”, la cual, a juicio del ex funcionario, puede llegar a los 6 millones de dólares en pago a los herederos de la propiedad, requisito indispensable para que los españoles suelten los 30 millones de euros para el proyecto.

PGR violenta autonomía municipal

Al ser consultado sobre la resolución emitida por la PGR, en la que declara únicamente de utilidad pública 27 manzanas, el ex vicealcalde coincidió con el planteamiento de los españoles a uno de los Martínez: de que con esa extensión de tierra no alcanzaría a realizarse el proyecto español, porque sólo donde está el botadero hay 60 manzanas de tierra.

Dice Leiva Orochena que la PRG está violando la autonomía municipal, por lo que propuso a la actual jefa de la gobernatura, Daysi Torres, la necesidad de hacerle una consulta al Concejo sobre la intromisión de la Procuraduría, “si están dispuestos a que no se pierdan los 30 millones de euros, porque con 27 manzanas no hacen absolutamente nada. 27 manzanas sólo es la entrada de La Chureca, y eso no representa nada para un proyecto de gran envergadura como el español”, dijo.

En cuanto al anuncio de la alcaldesa Torres, de que ha iniciado un proceso de negociación con la familia Martínez (propietarios de las tierras donde está enclavada La Chureca), Leiva Orochena dijo: “Bueno, ahí la alcaldesa deberá tener firmeza, porque sí se puede negociar el monto de la propiedad, pero ahí también sería entrar en contradicción con lo que ha dicho la PGR”.

“Me parece que la alcaldesa tiene la obligación y la responsabilidad ante los managuas de resolver esa situación, y no permitir que otra institución que no tiene que ver absolutamente nada, vaya a entorpecer una negociación que se tenía avanzada, y, lo peor, es que se pone en riesgo la donación del gobierno español, porque hasta vino a Nicaragua la Vicepresidenta de España, María Teresa Fernández de la Vega, a ver el asunto de manera directa”, recordó.

Un torpedo contra ALMA

Leiva Orochena insistió que la situación provocada ahora por la PGR es otro “torpedo” como el que lanzó en 2008 el entonces jefe de la bancada del FSLN, Edgardo Cuarezma, quien “planteó que no debería negociarse nada con los Martínez y que se lo dejáramos al actual Concejo”.

“Hasta plantearon que había irregularidad en la negociación, pero el alcalde Nicho Marenco, con una mayoría de votos del anterior Concejo, logró que se consignara una partida especial para pagarlos este año, por lo que a juicio de miembros de la familia Martínez, los primeros 50 millones de córdobas debieron haber sido pagados a los beneficiarios en mayo pasado”.