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Durante un programa de radio, la fiscal general de Venezuela se juró a sí misma y a la audiencia el pasado 3 de julio, que redactaría un proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos. Y cumplió su palabra: Luisa Ortega Díaz presentó el jueves al Parlamento un instrumento legal que permitirá al Gobierno de Hugo Chávez sancionar, con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel, a todo el que a través de los medios de comunicación divulgue informaciones que puedan atentar contra “la estabilidad de las instituciones del Estado”, “la paz social, la seguridad e independencia de la nación”, la “salud mental o moral pública” y el “orden público”, o que “generen sensación de impunidad o de inseguridad” entre la población.

Casi todos los ciudadanos son susceptibles de ser penados con esta potencial ley: los periodistas, los locutores, los conferenciantes, los artistas, o “cualquier otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación impreso, televisivo o de cualquier otra naturaleza”, dice el artículo 7º del proyecto de ley. Este artículo también afecta a los propietarios y directivos de medios de comunicación.

El artículo 5º es particularmente severo al castigar el delito que define como “divulgación de noticias falsas”, que ocasionen “una gran alteración a la tranquilidad pública” o “hubieren producido un perjuicio a los intereses del Estado”. Para las periodistas y los dueños de los medios que publiquen este tipo de información, la justicia podrá aplicar penas de entre dos a cuatro años de prisión. El mismo castigo está reservado para los que “manipulen” o “tergiversen” una noticia, “generando una falsa percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad”.

¿Quién dirá qué es falso o veraz?

La propuesta presentada por la fiscal no establece qué organismo será el responsable de determinar la falsedad o veracidad, o el grado de manipulación o tergiversación de una noticia. Pero sólo en el último año, el Ministerio de Comunicación e Información, responsable de vigilar y reglamentar el funcionamiento de los medios, ha señalado como “falsas”, “interesadas” o “manipuladas”, noticias como el aumento de la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y la corrupción en Venezuela, el desabastecimiento de alimentos o la existencia de armas venezolanas en manos de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informaciones que los medios independientes, nacionales e internacionales, han dado por ciertas.

Para los directores, gerentes o editores de medios, la ley contempla dos nuevos tipos de delito. Los que se nieguen a revelar la identidad del autor de una emisión o artículo que utilice como nombre un seudónimo o se ampare en el anonimato, podrían ser castigados con prisión de seis meses a tres años, según el artículo 7 del proyecto de ley. Y aquellos que omitan de manera voluntaria o injustificada si podrían ir a la cárcel, por espacio de dos a cuatro años, según el artículo 10. ‘¿Qué entiende la Fiscalía por delito mediático?’, se preguntó el Colegio Nacional de Periodistas a través de un comunicado difundido el jueves. ‘¿El uso deliberado de un adjetivo? ¿La parodia política de un humorista? ¿La publicación de una denuncia que afecte intereses sacrosantos? ¿La cifra sobre los índices de criminalidad? ¿Las críticas ante los excesos de un poderoso’.

Lo que dicen periodistas

Para el gremio, dice el documento, este proyecto está enmarcado ‘dentro de un ataque orquestado por todos los instrumentos estatales para amedrentar a la población e instarla a que haga silencio’. El cerco contra 285 emisoras de radio y televisión que, a finales de junio, fueron amenazadas por el Gobierno con el cierre; el anuncio de reformas a la Ley de Ejercicio del Periodismo; y la criminalización de la disidencia política, sostiene el CNP, son acciones que forman parte de ese ataque. La organización francesa Reporteros Sin Fronteras también ha denunciado que modificaciones legislativas como ésta que hoy se promueven en Venezuela constituyen una ‘cruzada’ del Gobierno de Hugo Chávez contra los medios de comunicación privados.

Los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela --varios de ellos periodistas, que proyectaron su carrera política a través de encendidas denuncias-- no comparten la opinión del gremio. Este jueves, varios de ellos gritaron ‘vivas’ y aplaudieron al escuchar la propuesta de la fiscal, en señal inequívoca de su disposición a aprobar la ley antes de fin de año. Hace una semana, el presidente Hugo Chávez ordenó a la Asamblea Nacional que antes de diciembre --y antes de que, en 2010, termine la legislatura en la que oficialismo tiene mayoría-- debía aprobar un conjunto de leyes ‘revolucionarias’ y derogar las ‘contrarrevolucionarias’ que impiden que el socialismo del siglo XXI avance. ‘¡Leyes revolucionarias, inexorables!’, pidió Chávez, para ‘terminar de demoler las viejas estructuras del Estado burgués y crear las nuevas estructuras del Estado del proletariado, bolivariano’. La Ley Especial de Delitos Mediáticos es una de ellas.