Tania Sirias
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“Los explotadores sexuales, independientemente de que sean menores de edad, de que tengan 16 ó 17 años, deben ser juzgados por el Código de la Niñez, pues se debe sentar un precedente, y que estos hecho no queden en la impunidad”, dijo la procuradora de la Niñez, Norma Moreno.

Esto lo expresó en referencia a los hechos ocurridos en Tipitapa, donde jóvenes grabaron a sus novias mientras sostenían relaciones sexuales, para luego colocar las grabaciones en una página de internet y en teléfonos móviles.

Moreno afirmó que esta acción está penalizada por nuestra legislación en el Código Penal vigente y en el libro tercero del Código de la Niñez y la Adolescencia. Agregó que situaciones similares se han presentado en La Trinidad, Estelí, y en otros departamentos del país.

“El menor de edad que explote sexualmente a otro menor tiene que ser castigado por el delito cometido”, reiteró Moreno.

En tanto, Heydi González, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, dijo que esto se trata de explotación sexual comercial, lo cual es penado por las leyes de Nicaragua.

Redes utilizan a estudiantes

“Recordemos que después de las drogas y de las armas, el negocio más rentable del crimen organizado es la trata y la explotación sexual en todas sus formas, y una de éstas es la pornografía infantil”, expresó la Procuradora de la Niñez.

Moreno denunció que los chavalos están siendo utilizados por las redes de explotación sexual, no sólo en nuestro país sino a nivel mundial. Se están aprovechando de los adolescentes que están dentro y fuera del sistema escolar, quienes filman a sus novias o compañeras de clases sosteniendo relaciones sexuales, para luego vender las grabaciones.

“Muchos adolescentes están cayendo en la trampa y están siendo víctimas del crimen organizado, pero sus delitos no pueden quedar en la impunidad, pues se deben sentar un precedente”, comentó la Procuradora de la Niñez.

La abogada del Cenidh, por su parte, sostuvo que éstos son mecanismos que utilizan las redes de trata de personas, y coincidió con Moreno, en que los estudiantes son las principales víctimas de las organizaciones criminales.

Desconocimiento y poca regulación

“En Estelí no encontraban cuál era la figura jurídica, pero con una visita al jefe de la Policía y a la jefa de la Comisaría de la Mujer, se pudo orientar bajo qué figura se debe iniciar el proceso de investigación. En todo caso, quien acusa y quien ejerce la acción penal es el Ministerio Público. La Policía debe recabar todas las pruebas --sin que ello sea un talón de Aquiles--, para iniciar el proceso de investigación”, dijo la Procuradora de la Niñez.

La representante del Cenidh, por su parte, lamentó que la Policía no está regulando las entradas a los moteles, donde muchas jóvenes son llevadas drogadas, para luego ser violadas.

Ambas entrevistadas sostuvieron que se debe informar en las escuelas sobre estas acciones ilícitas, y que los maestros deben explicar a los estudiantes que lo ocurrido en Tipitapa es un acto criminal y sujeto de sanciones.