•  |
  •  |
  • END

El Procurador General de la República, Hernán Estrada, reveló ayer que las autoridades de la Cooperación Española sabían y respaldaban la metodología de indemnización por expropiación, a la familia Martínez, dueña de las tierras donde se asienta el vertedero municipal La Chureca. Esta “metodología” resulta ser el pago con bonos del Tesoro como si fuera una propiedad confiscada, pasando sobre el artículo 144 de la Constitución.

Según el Notario oficial del Estado de Nicaragua, en mayo pasado se reunió con una comisión de la Embajada de España para tratar de encontrar una solución a la indemnización del terreno y avanzar con el proyecto gigante de cierre y desarrollo del basurero municipal, que desde 1972 ha sido usado por el Estado sin pagársele a la familia Martínez, dueña legítima del lote de más de 100 manzanas.

¿Déficit en la Alcaldía? ¿Qué se hicieron los C$ 50 millones presupuestados?
Esta negociación ocurrió, de acuerdo con la versión del procurador Estrada, debido a que la Alcaldía de Managua declaró déficit presupuestario para cancelar con dinero en efectivo la indemnización por expropiación de las tierras, cuyo valor acordado entre la pasada administración edilicia de Dionisio Marenco y los propietarios, se fijó en 6.9 millones de dólares (138 millones de córdobas), y se dejaron presupuestados los primeros C$ 50 millones.

“Yo personalmente me reuní con los del proyecto de la cooperación española, a finales de mayo, y ellos están informados del procedimiento que se iba a hacer”, precisó Estrada.

“Incluso (sabían) de la programación, del cronograma de lo que se iba hacer, de los casos que se iban a dar, todo ha sido con el conocimiento pleno de los cooperantes españoles que están involucrados en el proyecto, vos podés verificarlo”, retó.

“Me reuní con ellos hace dos meses porque había problemas de deficiencia presupuestaria en la Alcaldía, y el Estado, para buscar una solución a un problema social, es que intervino”, precisó Estrada, quien no hizo referencia al conflicto jurídico entre el acto de intervenir una tierra y pagar con bonos del Tesoro una deuda entre la comuna y una familia, dueña privada de la propiedad en mención.

Insiste en bonos de confiscación

Añadió que con los españoles se acordó que fuera el Estado el que indemnizara, y que la PGR propuso que fuera por vía de bonos, de manera que fuera rápido el pago del Estado. Explicó que el pago de 39.5 millones de córdobas en bonos del Tesoro que propuso la Procuraduría fue para pagar las 147 manzanas que involucran al proyecto.

El año pasado, el alcalde Dionisio Marenco y el Concejo aprobaron el pago de 6.9 millones de dólares para los propietarios del basurero, y pautó en el presupuesto municipal una primera partida de 50 millones de córdobas a pagarse en mayo pasado. El pago no se hizo y nadie ha sabido dar cuenta del destino de esos fondos.

¿”De hecho” lo pidió Alcaldía?

“A esa reunión (con la cooperación española) llegaron los funcionarios de la Alcaldía, de hecho la Alcaldía pidió, y estaba en el cronograma que no pasaba de julio, indemnizar sobre el número de manzanas a legalizar y el precio a pagar, y todo eso lo conocen los españoles del proyecto”, dijo Estrada, sin explicar por qué la Alcaldía pidió de hecho y no de derecho, lo aprobado por el Concejo.

Janet García, Procuradora de la Propiedad y Presidenta de la Comisión de Revisión de Indemnización, explicó que la metodología de “pagos con bonos” se dio con base en facultades de la Ley 278, Ley de la Propiedad, y no hubo confiscación del Estado.

Sin embargo, el artículo 144 de la Constitución Política de Nicaragua prohíbe la confiscación, y establece que en caso en que las propiedades sean usadas por el Estado en función social, por causa de interés social o de utilidad pública, pueden ser sujetos de expropiación de acuerdo con la ley, previo pago en efectivo de justa indemnización.

El terreno donde se piensa desarrollar el proyecto se consensuó en 4.5 dólares por vara cuadrada, pero ahora en la interpretación de la ley de la Procuraduría, el monto se basó en precio catastral y no comercial del lote, reduciendo la cifra a 39.5 millones de córdobas a pagarse en bonos.

La expropiación por utilidad pública no se tasa por catastro, sino por consenso entre el expropiador y el expropiado, en materia que regula la ley. La emisión de los documentos de valor del Estado ya se emitieron, pero la familia propietaria del bien no piensa retirarlos, y sin tierra legalizada, no hay manera que los españoles lleven adelante el proyecto. El proyecto lo maneja la Coordinadora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), y el presupuesto es de 30 millones de euros (unos 43 millones de dólares o unos 860 millones de córdobas).

Esos fondos fueron ratificados en enero de este año entre el ex alcalde Alexis Arguello (q.e.p.d.) y el embajador Antonio Pérez Hernández. El programa contempla el cierre del vertedero, la instalación de una planta recicladora de desechos y la reubicación de unas doscientas familias, a quienes se les construirá igual número de viviendas en una zona más alejada de la contaminación.

Daysi Torres sigue eludiendo el problema

Por su parte, la alcaldesa de Managua, Daysi Torres, no quiso referirse ayer a lo expresado por el ex vicealcalde de Managua, doctor Nery Leiva Orochena, sobre la confiscación de La “Chureca”, porque no le interesan las declaraciones de un ex funcionario.

“Ni lo conozco. Su tiempo ya pasó y se acabó. Yo ahorita estoy disfrutando de las fiestas de Santo Domingo, disfrutando con el pueblo, estoy feliz y estoy alegre”, dijo Torres ayer durante las festividades de Santo Domingo.