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La familia Martínez, propietaria de la finca donde se asienta el basurero municipal La Chureca, rechazó la propuesta de la Procuraduría General de la República de pagar 39.5 millones de córdobas a modo de confiscación con bonos de indemnización por la propiedades de 147 manzanas, y anunció una queja ante Estados Unidos para que re-evalúen la aprobación del “Waiver” a Nicaragua.

Carlos Ernesto Martínez Castrillo, miembro de la familia propietaria de la finca en disputa, anunció que existe consenso de la familia en rechazar la propuesta de la Procuraduría, “porque violenta todos y cada uno de los aspectos legales acordados y discutidos con la Alcaldía de Managua”.

Irrisorio e ilegal

“No vamos a tomar un solo papel de esos (bonos de indemnización), porque esa decisión y ese precio impuesto por la Procuraduría no sólo es irrisorio, sino que es ilegal”, dijo Martínez Castrillo.

Según el acuerdo de pago por expropiación y declaratoria de utilidad pública de la propiedad, concertado entre la familia propietaria y la Alcaldía de Managua, la comuna debía enterar 138 millones de córdobas en varias cuotas, iniciando con una suma de 50 millones de córdobas en mayo pasado, los cuales ya habían sido incluidos y aprobados en el presupuesto municipal de 2009.

Ese pago no se hizo. Por el contrario, la Procuraduría General de la República emitió una resolución en La Gaceta, Diario Oficial, donde anunció la emisión de 39.5 millones de córdobas en bonos del Tesoro, disponibles como indemnización para la familia Martínez. Es decir, 99 millones menos de lo pactado.

Dichos certificados de valor son emitidos únicamente para pagar deudas internas del Estado en materia de confiscación, acción legal que fue común en los años 80, pero que actualmente está prohibida por la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 44, donde se expresa, además, que es delito que un funcionario realice o promueva dicha operación sobre la propiedad privada.

Establece la misma Constitución, que la declaratoria de utilidad pública para beneficio social está permitida siempre y cuando se pague lo justo y en efectivo de acuerdo con la ley de la materia.

Ilegal también usar valor catastral

Ésta establece que el precio a pagarse por una propiedad declarada de utilidad pública, es convenido entre los dueños legítimos y las municipalidades, y no en base al precio catastral al que recurrió ilegalmente la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con el procurador Hernán Estrada, la Alcaldía de Managua solicitó por medio del asesor legal, Salvador García, la intervención del Estado por problemas de déficit presupuestario en la municipalidad.

Además, según Estrada, la Cooperación Española a cargo del proyecto aprobó de previo la metodología de pago a la familia Martínez para echar a andar el proyecto social de cierre del vertedero La Chureca, creación de una colonia de trabajadores, e instalación de plantas procesadoras de desechos. La inversión asciende a 30 millones de euros (más de 43 millones de dólares y más de 800 millones de córdobas).

“La Procuraduría quiere pagarnos a precios de tierra que no existen en ninguna parte del país. Nos quieren pagar a menos de 80 centavos de dólar la vara cuadrada de tierra en Managua, cuando no hay lugar donde se pague ese precio por una propiedad. Eso es una confiscación”, dijo Martínez.

No sólo es el basurero

El miembro de la familia propietaria señaló que la Alcaldía de Managua y la Procuraduría quieren vender la imagen de que la finca es únicamente el basurero, cuando la realidad es que son tierras productivas, ganaderas, con material selecto y cultivos agrícolas.

“Aquí hay pasto bien cuidado, hay 300 cabezas de ganado de calidad, tenemos siembras de bananos y hay más de tres mil arbolitos maderables, hay un cerro de material selecto. La finca no es sólo el basurero, y nunca va a valer menos de un dólar la vara cuadrada, como ellos quieren pagar”, dijo Martínez.

Otros familiares de la familia, como Gabriel Martínez Páez, ratificaron que no irían a retirar los bonos de indemnización, “y si no los retiramos no hay finiquito de la propiedad y gracias a la Procuraduría el proyecto se va”.

“Todos los gobiernos, desde Somoza, Daniel Ortega, Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños y nuevamente Ortega, nadie, absolutamente nadie, en los últimos 40 años, se ha hecho responsable por una justa indemnización por ocupar la propiedad de basurero para todos los capitalinos”, dijo.

Tras cuernos, palos

“Usaron el material selecto como relleno, dos cerros completos se acabaron y perjudicaron el resto de la propiedad, y ahora vienen a decirnos que nos van a dar esos bonos que todos sabemos que realmente valen poco”, dijo Martínez Páez, quien aseguró haberse reunido el 31 de julio con miembros de la Cooperación Española, y éstos le aseguraron no saber nada de esa indemnización.

Martínez Páez publicó que tiene previsto enviar cartas a los miembros de la Cooperación Española, a la vicepresidente primera de España, María Teresa Fernández la Vega (quien se encuentra actualmente de paso en Costa Rica) y al embajador español en Managua.

Otros miembros de la citada familia anunciaron que en estos días enviarán una carta a la Embajada de Estados Unidos en Managua, dirigida al embajador Robert Callahan, donde le pedirán una revisión a la aprobación del “Waiver” a Nicaragua, aprobado la semana pasada.

El “Waiver” es una dispensa que Estados Unidos aprueba a varios países del mundo que agilizan y resuelven casos de propiedad a favor de ciudadanos estadounidenses, a cambio de apoyar y promover la cooperación bilateral.

Por otra parte, el Partido Liberal Constitucionalista, con representación en el Concejo, emitió ayer un comunicado donde “condena enérgicamente la confiscación perpetrada por el gobierno que preside Daniel Ortega Saavedra, a los dueños legítimos de las 146.2 manzanas utilizadas por la Alcaldía de Managua como vertedero de basura de la capital de la República, conocido como La Chureca”.

El Secretario de Prensa del PLC, Leonel Teller, calificó los argumentos y acciones del Procurador General de la República como “argumentos carentes de todo sustento legal y constitucional”, y una “acción confiscatoria”.

“Nosotros nos rehusamos a creer que la cooperación oficial del Estado de España haya respaldado que se viole la Constitución Política y la Ley de Autonomía Municipal para ejecutar un programa de la cooperación española. Eso lo vemos como un argumento falso, y repito: rehusamos a aceptarlo como cierto”, dijo.

La bancada liberal anunció en ese comunicado que “la única autoridad que puede solicitar en nombre de la Alcaldía que se revierta una decisión de su máxima autoridad es el propio Concejo de Managua”, señaló.

“Absolutamente ninguna otra autoridad puede solicitarlo sin que lo aprobemos nosotros en el Concejo, ya sea en sesión ordinaria o extraordinaria, y por lo tanto el PLC iniciará la próxima semana un proceso legal en contra de todos los involucrados en la confiscación y en el atropello a la autonomía municipal”, dijo el comunicado.