Luis Galeano
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La utilización de personal, recursos y dinero de la Policía Nacional, para resguardar al depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, significa mermar aún más el reducido presupuesto de esa institución y debilitar la labor preventiva y represiva en la lucha contra el delito común organizado, que es la verdadera naturaleza de esa entidad.

Esa es la conclusión de Roberto Orozco, directivo del Programa Seguridad y Crimen Organizado, del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp, luego de conocer por medio de EL NUEVO DIARIO, las cifras de gastos en que incurrió la Policía Nacional, durante una semana que estuvo Zelaya en la zona fronteriza, y que superó los 600 mil córdobas.

Orozco considera que el gasto que ha incurrido la Policía Nacional para el resguardo y seguridad del presidente depuesto de Honduras, es necesario, pues se deriva de una decisión del presidente Daniel Ortega que representa una situación excepcional, sobre todo por el contexto del riesgo que implica.

El Presupuesto General de la República, presentado originalmente ante la Asamblea Nacional, asignaba C$1,176,440,578 a las fuerzas del orden público como presupuesto para la institución policial. Este presupuesto se redujo en C$69,000,000, es decir, en un 5.8%, y el presupuesto total policial quedó en C$1,107,440,578.

“Aunque 600 mil córdobas representa un gasto menor, sí es significativo por cuanto representa un gasto extraordinario, no planificado para la institución; si es que ésta ha tenido que hacer uso de sus propios recursos para hacerle frente a la seguridad del presidente depuesto de Honduras”, dijo Orozco.

Asimismo, no descartó que ante el déficit presupuestario que históricamente la Policía Nacional ha enfrentado, el Ejecutivo haya dispuesto de recursos extraordinarios para apoyarla en esta labor.

¿De dónde sale la plata?

“La pregunta en este caso sería: ¿De dónde se está sacando dinero del erario para financiar la custodia de Mel Zelaya? ¿Del presupuesto de la Policía Nacional o de otras instituciones del Estado o de instituciones no estatales?”

En lo que respecta al doble esfuerzo humano que se invierte, Orozco afirmó categóricamente que esto representa un desgaste, pues la Policía Nacional históricamente ha carecido también de personal.

Indicó que aunque desde hace varios años la jefatura de la Policía Nacional ha impulsado un plan de modernización y crecimiento, la realidad presupuestaria ha hecho que el número de policías por cada 10 mil habitantes se mantenga en un promedio de 14.8 agentes desde 2000.

El año en que este indicador creció de forma significativa fue en 2006, cuando el número de agentes pasó a 18 por cada 10 mil habitantes. Estas limitaciones presupuestarias y su consecuencia en el personal de la Policía Nacional han repercutido seriamente en los índices delictivos.

“Éste es uno de los factores que ha hecho que el delito se incremente aceleradamente y la capacidad policial de respuesta disminuya: de cada 100 delitos se esclarecían 75 en 2004, pero para 2007, de cada 100 delitos se esclarecieron 46. Esto es el efecto real de este problema”, dijo.