José Adán Silva
  •  |
  •  |
  • END

El ex Procurador General de la República, Alberto Novoa, explicó hoy que el Estado de Nicaragua se extralimitó en sus funciones al ofrecer a la familia Martínez, dueños de los predios donde las autoridades municipales asentaron hace 40 años el basurero municipal La Chureca, una indemnización en bonos del Tesoro.

Según Novoa, quien como funcionario hasta 2006 conoció detalles de los arreglos entre la Alcaldía de Managua y la familia propietaria, el Estado antes no se involucró porque correspondía a la comuna la declaratoria de utilidad pública y la cancelación del valor de la tierra de acuerdo a consenso entre las dos partes.

Novoa señaló que el Estado no puede asumir deudas de otras instituciones que gozan con leyes y autonomía propia.

“Ni de ésta, ni de ninguna alcaldía el Estado debió asumir deudas de manera unilateral; hay autonomía municipal, una Ley de Autonomía, y en principio no puede el Estado asumir de hecho una deuda si no hay voluntad de las partes”, dijo.

La semana pasada el procurador actual, Hernán Estrada, explicó que el Estado, en aras de encontrar una solución y hacer andar el proyecto de inversión de la Cooperación Europea, estimado en 30 millones de euros (cerca de 43 millones de dólares y más de 800 millones de córdobas), consensuó con el país proyectista una indemnización mediante bonos a la
familia afectada con la propiedad.

Esa suma fue de 39.5 millones de córdobas en bonos del Tesoro, 99 millones de córdobas menos de lo pactado entre los Martínez y la anterior administración edilicia.

“El principio de declaración de utilidad pública pasa por un arreglo entre la comuna que declara un terreno de utilidad pública, y los dueños del terreno afectado que discute el monto a recibir”, explicó Novoa.

Estado nada tiene que ver

“Aquí la Alcaldía ha abierto calles y avenidas por todas partes, ha declarado de utilidad pública las casas de la gente por donde se han ampliado las avenidas, y ese pago se ha hecho en base a arreglos entre la gente afectada y la Alcaldía, no ha tenido nunca nada que ver el Estado”, observó.

“La figura jurídica de declaración de utilidad pública se paga con los recursos de la Alcaldía, y las alcaldías, que son autónomas, destinan parte de su presupuesto a cancelar sus deudas incurridas en la creación de obras, mediante sus ingresos, y estos ingresos son líquidos, no son mediante bonos del Estado”, dijo Novoa.

Ayer, la familia Martínez se reunió para determinar con sus abogados las acciones a seguir. Sostuvieron la negativa a aceptar la cantidad ofrecida y rechazaron los bonos emitidos por el Estado.

Fuentes de la municipalidad informaron extraoficialmente que la Alcaldía solicitó una reunión urgente con las autoridades de la cooperación española, y programó esta semana una reunión con la familia Martínez.

END intentó obtener una respuesta de la Embajada de España, pero informaron que la directora de cooperación no se encontraba en el país, tampoco el embajador.