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Todo está consumado. No hay más discusiones legales sobre la legitimidad de la propiedad privada de la familia Martínez y sus derechos sobre la tenencia a la tierra. La Procuraduría General de la República decidió ayer confiscar, inscribir y entregar a la Alcaldía de Managua, el título de propiedad donde se asienta el basurero municipal de la capital, y puso punto final al reclamo de los propietarios de la finca
Según una nota de prensa emitida ayer por la oficina de relaciones públicas de la Procuraduría General de la República (PGR), el procurador y notario oficial del Estado de Nicaragua, Hernán Estrada, entregó a la alcaldesa Daysi Torres el título de la propiedad de La Chureca, donde se desarrollará el proyecto social de la Cooperación Española.

De acuerdo con la nota, tanto el procurador Estrada como la intendente de la Propiedad, Yara Pérez Calero, y la alcaldesa Torres, sostuvieron una reunión “positiva” con la Cooperación Española para informarle de la decisión del Estado de intervenir en el asunto y emitir el título de propiedad, que era uno de los requisitos pendientes para ejecutar la obra.

Circo oficial

“Siempre ha existido la voluntad del Estado nicaragüense de que se lleve a cabo un proyecto social como es del botadero municipal La Chureca”, dijo en el evento el procurador Estrada, quien insistió en que “éste es un problema de orden social en el cual el Estado nicaragüense está colaborando”.

Estrada explicó que la familia Martínez “tiene diversas ramas (parientes) que reclaman la propiedad, y lo que hace el Estado es consignar a la Tesorería de la República el monto y el valor catastral, que en este caso es de 40 millones de córdobas, mientras ellos dirimen sus problemas intrafamiliares”.

El procurador señaló que se investiga la sucesión de los dueños de la propiedad mediante un árbitro judicial que determinará a quién se le entregarán los bonos del Tesoro “porque el proyecto municipal no se puede atrasar”.

“La Cooperación Española nos dijo que iniciará pronto el proyecto”, dijo Estrada, mientras Torres, alcaldesa designada por el Concejo, celebró la actuación de la PGR, expresando que el proyecto beneficiará a unas mil familias “restituyendo los derechos de los ciudadanos”. “Ahora ya tenemos una escritura que nos hace dueños de la propiedad”, celebró.

Pisotearon Estado de Derecho

En el maremagno de celebraciones y decisiones de los representantes del Estado y de la Alcaldía, se dejó por fuera la discusión legal sobre las disposiciones de la Procuraduría para intervenir una propiedad privada y pagarla como deuda del Estado mediante bonos de indemnización, los cuales, de acuerdo con la ley, fueron creados para cancelar la deuda del Estado nicaragüense para con las personas confiscadas en la década de los 80.

Del mismo modo, se ignoró el artículo 44 de la Constitución Política, que establece que las declaraciones de utilidad pública se rigen por las leyes de la materia, que en este caso es la Ley de Expropiación, y las disposiciones municipales que se rigen por la Ley de Municipios.

La Constitución prohíbe las confiscaciones, y el artículo citado manda a cancelar en efectivo las indemnizaciones por afectaciones de la propiedad privada de los nicaragüenses.

Palabras y bonos: sin valor

Con la drástica decisión de la Procuraduría, en complicidad con la Alcaldía de Managua y la venia de la Cooperación Española, se violentó el principio de autonomía de la municipalidad; se desnudaron los problemas financieros de la comuna al no poder asumir sus propias deudas, a pesar de estar presupuestadas; se ignoró el poder de decisión del Concejo; se atropellaron los acuerdos suscritos en la pasada administración con la familia Martínez, y se pisoteó el Estado de Derecho.

La palabra de la Alcaldía de Managua para establecer acuerdos comerciales y legales con sus ciudadanos quedó en entredicho.

La municipalidad había acordado en el período anterior de Dionisio Marenco, pagar a la familia 4.5 dólares por vara cuadrada por 147 manzanas de tierra de su propiedad, donde se alberga el basurero municipal, para sumar 138 millones de córdobas a pagarse en varias cuotas.

La primera de ellas, de 50 millones, sería en mayo pasado, y no se hizo por la declaración de la Alcaldía de “insuficiencia presupuestaria”. Luego el asesor legal de la comuna solicitó a la Procuraduría intervenir el terreno, y Estrada emitió 39.5 millones de córdobas en bonos del Tesoro, 99 millones menos de lo acordado, para cancelar la propiedad, sin la aprobación de la familia propietaria, que ayer rechazó aceptar “la oferta” del procurador.

Españoles “felices”

Es con la Alcaldía, con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) y no con la familia Martínez, menos con la PGR, que la cooperación española trata sobre el proyecto integral del barrio Acahualinca, el que desde la semana pasada está en el tapete, después que se aplicó una ley “confiscatoria” a las 147 manzanas del basurero a cielo abierto.

“No es nuestra contraparte ni tenemos ninguna relación con la familia Martínez, es contraparte nacional solucionar todo el tema de los terrenos para que haya esta actuación integral, que tiene una parte medioambiental, tiene una parte de necesidades sociales básicas a nivel habitacional, a nivel de generación de empleo… esa es nuestra parte”, mencionó Carlos Figuero, Coordinador Adjunto de la Agencia de Cooperación Española de Cooperación Internacional (Aecid).

Figuero que definió el proyecto de 30 millones de euros como “bonito”, informó que tienen “absolutamente todo preparado para iniciar a pleno ritmo en cualquier momento”, el programa en La Chureca.

Palabras que coinciden con lo expuesto por la alcaldesa Daysi Torres, quien indicó que tiene pláticas con los españoles a cargo del proyecto.

“Acordate que Alexis (q.e.p.d.) había mandado a la PGR y a la Intendencia de la Propiedad para que hicieran una revisión sobre el caso de esta propiedad, ¿verdad?, pero estamos en eso… nosotros estamos conversando con la gente del gobierno español, estamos conversando con los Martínez”, remarcó.

Con los Martínez

Torres detalló que de momento se reúnen con los encargados de coordinar el proyecto por parte de la comuna y que para hoy tendrán “más o menos definido” lo que harán.

Además, comunicó que tienen una reunión pendiente con los Martínez para esta semana, la que confirmó Gabriel Martínez Páez, uno de los propietarios de La Chureca.

Figuero también restó importancia al conflicto por el pago de las tierras que reclama la familia Martínez a la Alcaldía de Managua, y dijo que no opinan, “ni injerimos en cualquier solución que se pueda dar, no tenemos opinión en ello, dado que como les estoy diciendo es un aporte de contraparte, no es un aporte de España”.

Agregó que España se ha preocupado en todo momento porque la actuación esté completa, sea correcta y tenga unas características técnicas del mejor nivel; y en ese sentido reveló que cuentan con empresas nicaragüenses y españolas como Tragsa, que es pública.

“Páguennos ustedes”

Martínez Páez contó que ellos no tienen ningún inconveniente en que se realice el proyecto e “incluso una vez le dijimos (a la cooperación española) páguenos ustedes porque la Alcaldía está en quiebra”, pero es la fecha y no tienen ni un centavo de los 50 millones de córdobas que tenían previsto a recibir este año.

El monto a saldar por la comuna es de 138 millones de córdobas en dos años, pues lo contempla el presupuesto 2008 y 2009 de la Alcaldía, según Martínez Páez.

Figuero mencionó que desde hace mucho tiempo hacen un grandísimo esfuerzo, una vez que recibieron las instrucciones de la vicepresidenta española (María Teresa Fernández de la Vega) para trabajar en el proyecto integral, el cual es de gran magnitud, y lo calificó como uno de los más bonitos que tiene España.

“Por parte nuestra, yo creo que estamos totalmente activos y bien de cara a poder ejecutar el proyecto, no tenemos ningún inconveniente”.

¿Se mantiene el proyecto?, le preguntaron a Figuero, y respondió: Sí, sí, sí se mantiene el proyecto, ¡claro!