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La derecha nicaragüense, cuyas diferencias parecían irreconciliables en las últimas elecciones que dieron la victoria al sandinista Daniel Ortega, ha empezado a articular una política de cohesión que amenaza con sabotear al gobierno en un Congreso donde carece de mayoría.

La derecha, representada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN, derecha), comenzó a tomar forma en diciembre cuando la decisión de crear en el Congreso, con el apoyo de la disidencia sandinista, el denominado "bloque contra la dictadura" de Ortega.

"El bloque es una coalición de bancadas que busca trabajar en una (acción) legislativa común para enfrentar este año con más firmeza y más fortaleza" al gobierno sandinista, explicó la congresista opositora Yamileth Bonilla.

Los analistas dudan, sin embargo, de que la derecha logre cohesionarse debido al oportunismo político y personalismo que ha prevalecido en el PLC y ALN, dos partidos que nacieron al amparo de los usufructos del poder público que ostentaron entre 1990 y el 2006.

La unidad "la veo muy floja, no le veo mucho futuro a menos que surgieran nuevos líderes" porque actúan con "mucho personalismo político", opinó el ex canciller y jurista Emilio Álvarez a la AFP.

"Es difícil porque son pequeños grupos muy poco representativos que han construido su base social en base a prebendas y favores", declaró el sociólogo Cirilo Otero a la AFP.

A juicio de Álvarez, uno de los principales obstáculos es el ex presidente Arnoldo Alemán (1997-02), quien ha hecho numerosas concesiones a Ortega para evitar que la justicia lo obligue a cumplir en la cárcel su condena de 20 años por corrupción.

Mientras el presidente de ALN, el diputado y empresario Eduardo Montealegre, es blanco de una investigación que la Fiscalía ordenó recientemente agilizar por un presunto fraude financiero en su pasado como ministro de Hacienda.

El frente opositor surgió casi al finalizar el primero de los cinco años de gobierno sandinista, en respuesta a las pretensiones de Ortega de gobernar por decreto cuando los diputados no legislen a su favor, y de usar su influencia sobre la justicia e instituciones estatales para imponer sus decisiones o acallar a sus adversarios.

La forma en que "Ortega controla los tribunales de justicia coloca al país en una situación gravísima" que solo puede ser enmendada por la oposición, reestructurando desde el Congreso el "desprestigiado" poder judicia, dijo la presidenta del MRS, Dora Maria Téllez.

Ortega puso de manifiesto su determinación el 29 de noviembre, cuando mediante un decreto presidencial legitimó la creación de Consejos del Poder Ciudadano dentro del gobierno, ignorando una ley que prohibía su constitución, que la justicia mandó congelar.

La medida desencadenó un conflicto institucional entre poderes, que llevó a la derecha a pensar en organizarse para controlar a Ortega con acciones legislativas, que incluyen la posible entrada en vigor este 20 de enero de una reforma constitucional que reduciría los poderes del presidente.

La enmienda fue aprobada en el 2005, cuando los sandinistas estaban en la oposición, con el propósito de fiscalizar la gestión del anterior gobierno, que logró aplazar su ejecución.

El segundo paso que el PLC y ALN se proponen dar es la conformación el miércoles de una alianza electoral única para las elecciones municipales de noviembre próximo, que también encara pugnas internas que impidieron su firma este martes.