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Róger Barrantes, en representación de Confederación Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar”, aseguró que interpusieron una denuncia en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, contra la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Enacal, por violación al fuero sindical.

Se trata del caso Alfonso Prado Ortega, lo cual es negado por la empresa, que rechazó el reintegro pedido por el Mitrab, argumentando que sólo los juzgados laborales tienen esa potestad.

Según la denuncia efectuada en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, él tenía 11 años de laborar en Enacal, y fue trasladado a un proyecto sobre ambiente saludable impulsado por Unicef. Al terminar éste, Prado regresó a Enacal, donde fue rechazado argumentándole que al integrarse al proyecto finalizaron sus funciones en la empresa.

“Tuve una resolución a mi favor por parte del Ministerio del Trabajo, Mitrab, en la cual no sólo rechazaron mi desaforación como sindicalista, también no dieron lugar a mi despido”, expresó Prado, quien trató reintegrarse a la empresa con la resolución, sin embargo los guardas de seguridad no lo dejaron entrar.

Según Prado, esta actitud contra los sindicalistas de Enacal no es nueva, y el evidente irrespeto a los derechos laborales y sindicales es continuo, señalando que en el período de la directora Ruth Selma Herrera se han despedido a al menos 1 mil trabajadores y supuestamente hay en pugna unos 400 casos en el Mitrab y los juzgados laborales.

Alejandro Alonso, de la Dirección de Asesoría Legal de Enacal, refutó lo alegado por Prado y Barrantes. Aseguró que el trabajador, al ser trasladado al proyecto, aceptó las condiciones de traslado, y estaba consciente de que dejaba de ser trabajador de Enacal. Algo que Prado rechaza.

Alonso indicó que si bien es cierto de que hay una resolución del Mitrab que no dio lugar a la desaforación y al despido de Prado, sus resoluciones no son vinculantes para su empresa, y a la única autoridad que se deben es a la de los juzgados laborales, donde se ventila el caso en el II Juzgado de Distrito de lo Laboral, al cual apelaron.