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  • AFP

La Asamblea Legislativa costarricense aprobó por unanimidad anoche una nueva ley de migración que penaliza con hasta seis años de cárcel el tráfico ilícito de personas y crea la categoría de "víctima de trata de personas".

La nueva ley, que entrará en vigor seis meses después de que haya sido publicada en la Gaceta Oficial, crea un Fondo Migratorio, que se financiará con los 25 dólares que los inmigrantes paguen por la obtención o renovación de sus permisos de residencia. Dicho Fondo servirá para costear los servicios en materia de salud, educación y seguridad ciudadana que reciben en el país de acogida.

También se establece una multa de 100 dólares por mes para la persona extranjera que permanezca de manera irregular en el país y se sancionará a las personas que contraten a inmigrantes sin papeles. A partir de ahora, la policía de Migración ya no podrá detener a nadie por más de 24 horas para verificar su estatus migratorio y los agentes tendrán que cumplir un reglamento para poder efectura las deportaciones.

Los extranjeros jubilados en sus países que quieran venir a vivir a Costa Rica tendrán que demostrar que reciben al menos 1.000 dólares de pensión, y los rentistas 2.000 dólares para obtener el permiso de residencia. Asimismo, los hoteles y sitios de hospedaje tendrán que tener registro de quienes se alojan.

Para la diputada socialdemócrata Lorena Vásquez Badilla, con esta nueva ley "las personas extranjeras gozarán de los derechos y garantías individuales y sociales reconocidas para todos los costarricenses en la Constitución Política".

En Costa Rica, con unos 4,2 millones y medio de habitantes, viven 311.758 extranjeros de forma legal, según datos oficiales, la mayoría de origen nicaragüense, seguidos muy de lejos por colombianos, chinos y de otras nacionalidades. Además, existe un número imposible de precisar que puede ser entre 200.000 y 500.000 inmigrantes ilegales, lo que convierte al país en uno de los que mayor flujo migratorio tienen en el mundo en relación a su población.