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La familia Martínez, propietaria de la finca donde por años ha funcionado el basurero La Chureca, anunció al salir de una infructuosa reunión sostenida ayer con las autoridades municipales de Managua, que recurrirá de amparo para revertir lo que ellos califican como un “robo”, una “confiscación”, un “atropello” y una “barbaridad”.

Tras terminar el encuentro con la alcaldesa designada por el Consejo Supremo Electoral, Daysi Torres, poco después de las cinco de la tarde, los miembros de la familia Martínez no tuvieron reparo en expresar su molestia, y advirtieron: “Mientras se meta el recurso de amparo, nadie puede ir a tocar esa propiedad”, un claro mensaje de que el proyecto que se desarrollaría en el lugar con la ayuda de la cooperación española, queda paralizado.

La crisis comenzó cuando la Procuraduría cambió una declaratoria de utilidad pública sobre 146.20 manzanas de tierra donde está ubicada La Chureca, aprobada por el anterior Concejo de Managua, y cambió el pago en efectivo por bonos de indemnización. “Casi 7 millones (de dólares que recibiría la familia en efectivo) se convirtieron en 200 mil”, denunció molesta la señora Indiana Martínez, hija de Ernesto Martínez Solórzano, dueño original de la finca.

Torres culpó a Alexis

Doña Indiana dijo que durante la reunión, Torres “se lavó las manos” deslindando cualquier responsabilidad, y que inclusive culpó a Alexis Arguello (q.e.p.d.) por haber llevado el caso ante la Procuraduría cuando era alcalde.

“Dicen que es culpa de Alexis, porque él fue quien llevó a la Procuraduría el caso de La Chureca. Eso es lo que dijo la señora alcaldesa. Que ellos nada tienen que ver. Ellos se lavan las manos”, reclamó la señora Martínez.

Gabriel Martínez Páez advirtió que “este proyecto se va a ir de las manos”, porque “ellos mismos quieren cometer una arbitrariedad increíble”.

Rechazó que existan diferencias entre los miembros de su familia, ya que “todita mi familia estábamos adentro y a toditos nos dijeron que no, que no tenemos nada que hacer en la Alcaldía, y que vayamos a interponer todo lo que queramos interponer”.

Gabriel Martínez pidió una aclaración al gobierno del Reino de España: “¿El gobierno español va a avalar este atropello en contra de la propiedad privada en Nicaragua? Me gustaría saber, que si a algún ciudadano español le hicieran esto, lo avalarían”.

Denunció que si el proyecto social que impulsa España en La Chureca, con el cual se pretende beneficiar a unas 200 familias en el lugar, no se realiza, es porque a las autoridades del gobierno municipal capitalino y a las de la Procuraduría, “no les importa en lo absoluto”.

Proyecto paralizado

“Y nos dijeron tajantemente que no les importa adonde quiera que nosotros vayamos. Ya les dijeron nuestros abogados: Mientras se meta el recurso de amparo, nadie puede ir a tocar esa propiedad”, advirtió Gabriel Martínez Páez.

Alfredo Martínez, otro miembro de la familia que participó en la reunión la tarde de ayer, reiteró que “está en sus manos que el proyecto se lleve a cabo”.

“Si no se aprueba lo que se había acordado con la municipalidad anterior, entonces vamos a reclamar a España. La gente en España no va a querer que aquí el dinero se mal invierta, o que el dinero se ocupe para ejecutar proyectos donde hay una tierra mal habida. Ésta es una tierra mal habida, esto es un robo para nosotros”, aseveró, mientras sus demás parientes asentían con la cabeza.

Por otro lado, dijo que los títulos de propiedad que emita la Procuraduría sobre el terreno, carecen de validez, ya que no pueden haber escriturado sin el finiquito de recibir los bonos. Cualquier traspaso al Estado que Estrada haya hecho es un delito gravísimo. “No creo que los españoles vayan a querer meterse a un problema, porque esto va a ser un problema”, agregó.

En tanto, la señora Indiana Martínez dijo que posee la ciudadanía estadounidense, y que para revertir la decisión tomada por la Procuraduría sobre el caso La Chureca, recurrirá al gobierno de Estados Unidos.

El país del “Waiver”

Otro de los Martínez, Gustavo Adolfo Martínez Castrillo, ya envió su misiva al embajador Robert Callahan, a quien le dijo irónicamente: “Bienvenido al país del Waiver”.

“…Soy Gustavo Adolfo Martínez Castrillo, ciudadano norteamericano, y nuevamente estoy siendo víctima de otra violación a mis derechos humanos y constitucionales por el Gobierno de Nicaragua a través del Procurador General de la República Hernán Estrada”, reza la carta.

Relata que el caso de La Chureca “no es más que una cortina de humo que maliciosamente están usando para confiscar la hacienda “Santa Isabel”, de la cual es un uno de los propietarios.

Rechazo a bonos

Denuncia en su carta, que el gobierno de Nicaragua “aún no nos ha pagado asuntos anteriores y nos quieren dejar en la calle, confiscándonos el remanente de la propiedad”, dijo Martínez Castrillo, rechazando junto a los demás miembros de la familia, los 39.5 millones de córdobas en bonos que la Procuraduría les ofreció sin mayores negociaciones.

Otros miembros de la familia Martínez, anunciaron desde Miami y California iniciar una campaña de petición de justicia ante los congresistas de Estados Unidos, y hacer lobby para que al país se le retire la dispensa del waiver.

Estrada se jacta

El procurador Hernán Estrada se mofó ayer de los reclamos de los dueños de la tierra, y dijo que “el problema fue finiquitado de manera positiva, a pesar de que existen problemas entre los miembros de la familia Martínez”.

“No podíamos los managuas mantener un conflicto de esta naturaleza. Hay una necesidad constitucional que está consignada en nuestra Constitución, que señala que los nicaragüenses tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y saludable”, dijo ante los medios oficialistas.

El procurador “ratificó” que los terrenos ahora están en manos de la Alcaldía de Managua y afirmó que La Chureca “nunca ha estado en posesión de la familia Martínez”.

Estrada omitió que su resolución se lleva toda la finca Santa Isabel, de la que La Chureca es sólo una pequeña parte.

“El basurero ahí está, los niños y niñas que pululan ahí en condiciones infrahumanas siguen ahí. La familia Martínez en ningún momento ha tenido posesión de ese basurero”, dijo Estrada, asegurando que el precio impuesto a la familia por la propiedad era “el correcto”, y que de no haber tomado la finca por la vía de la confiscación, la hubieran tomado por “otras vías”.

Agregó que el precio del terreno fue valorado conforme al valor catastral y que el Catastro ya se pronunció.

Espera complicidad española

Estrada manifestó que ahora la Alcaldía de Managua y la Cooperación Española pueden ejecutar los proyectos ya diseñados con anterioridad, porque con la entrega del título de la propiedad “la Alcaldía pasa a ser la dueña absoluta de 146 de las más de 250 manzanas que totaliza la propiedad”.

Mientras tanto, la Dirección Legal de la Alcaldía de Managua intentó convencer a los concejales de la oposición de que las violaciones a la Constitución Política y la autonomía municipal cometidas por la PGR con la confiscación de las propiedades donde está La Chureca, “fueron legales”.

En rueda de prensa, el concejal liberal Leonel Téller dijo que la alcaldesa Daysi Torres invitó a los concejales a una presentación vedada a los periodistas “para presentar las excusas que utilizó la nueva dictadura para confiscar, figura que ya no existe según mandato de la actual Constitución Política”.

“Lo grave de esto es que adicional a una confiscación de una propiedad privada es una violación, según la Constitución Política, a un derecho de tenencia de propiedad privada, hay una estocada a la democracia”, dijo el concejal liberal.


(Colaboración de Edgard Barberena).