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Gabriel Martínez Páez, miembro de la familia de los Martínez, propietarios de la finca donde funciona el basurero La Chureca, entregó a EL NUEVO DIARIO una copia de la certificación emitida por la Alcaldía de Managua, que confirma que la mencionada propiedad fue afectada por vía de expropiación para que se pudiera ejecutar el proyecto “Botadero de Basura Acahualinca”, el cual fue declarado “de utilidad pública y de interés social”.

En dicho documento se confirma que el Concejo de la Alcaldía de Managua, durante la administración de Dionisio Marenco, había resuelto indemnizar a los Martínez “de acuerdo a las disposiciones establecidas en el capítulo V del decreto No. 229 del 26 de febrero de 1976”.

Es decir, que ya se había establecido que los dueños del terreno recibirían dinero en efectivo, y no bonos de indemnización, tal como lo determinó la Procuraduría General de la República, en abierta violación a Constitución.

“Ratifíquese la Resolución del Concejo Municipal No. 05/97, en la que se declara de utilidad pública e interés social, el proyecto municipal “Botadero de Basura Acahualinca”, para la cual fueron afectadas 90 hectáreas de la finca No. 9971; tomo 166; folios 95/6; inscrito actualmente en el asiento 25; y número catastral 2952-3-03-000-02500”, reza la certificación.

El “codiciado” resto de la finca

Y a renglón seguido, señala que “en consecuencia, para hacer efectivo el mismo, se afecta por medio de la expropiación el resto de la finca”. De acuerdo con el documento, la extensión total del terreno es de 146.5 manzanas.

En otro párrafo, se deja claramente establecida la responsabilidad que tenía el alcalde para cancelar en efectivo, a los miembros de la familia Martínez.

“Se autoriza al señor Alcalde de Managua, conformar el equipo técnico para la ejecución, implementación y todo lo relacionado para la adquisición de los derechos reales y demás efectos de esta resolución municipal, ante quienes deberán comparecer las personas que se consideren afectadas en sus derechos, en un período no mayor de dos meses calendario”, reza la certificación.

Para Gabriel Martínez, este documento significa que “legalmente la Procuraduría no podía pasar por encima de algo ratificado”.

Torres desafiante

Sin embargo, la alcaldesa de Managua, Daysi Torres, anunció que la próxima semana podría arrancar el proyecto social financiado por la cooperación española en el basurero La Chureca, y pese a la categórica advertencia que hizo la familia Martínez, dueña de la finca donde se encuentra el botadero, de que “nadie puede ir a tocar esa propiedad”, Torres dijo “la vamos a usar”.

También confirmó que en los próximos días arribarán a Nicaragua las autoridades españolas encargadas de dicho programa social, denominado “Proyecto de Desarrollo Integral del Barrio de Acahualinca”, con el cual se pretende beneficiar a unos 16 mil habitantes, y que tiene un costo de 30 millones de euros, es decir, unos 45 millones de dólares.

Les confirmó confiscación

La alcaldesa capitalina designada por el CSE dijo que el espíritu de la reunión que sostuvo el pasado miércoles con los Martínez era confirmarles la decisión de la Procuraduría General de cancelarles el terreno (de 146.20 manzanas, según dicha entidad) con bonos de indemnización, por un valor de 39 millones de córdobas, y no a través de un pago en efectivo por más de seis millones de dólares, tras ser declarado el terreno de utilidad pública, decisión tomada antes por el Concejo de Managua.

El primer desembolso para este pago en efectivo ya estaba estipulado en el Presupuesto de Alcaldía de Managua. Pero ahora, dicha entidad se niega a efectuarlo.

“Lo que nos corresponde es avisarles a ellos”, dijo Torres, quien manifestó que los Martínez “tienen todo el derecho de recurrir a las instancias que quieran” para oponerse.

Confirma lo de Alexis

Torres aseguró que fue el ex alcalde de Managua, Alexis Argüello, quien remitió el caso a la Procuraduría. “Yo les había explicado a los Martínez que fue el compañero Alexis quien había mandado a la Procuraduría el caso”, expresó la alcaldesa.

La funcionaria anunció que se reunirá con una delegación española para concretar el inicio de la obra en La Chureca, y que ésta podría iniciar la próxima semana. “El próximo nueve o el once (de agosto) viene una comisión de españoles y me estaré reuniendo con ellos”, garantizó Torres, quien dijo que la PGR le dio un derecho sobre La Chureca y que utilizarán las tierras.

“Claro que las vamos a usar. Yo les garantizo que el proyecto va”, manifestó, y prefirió omitir criterio alguno respecto a la decisión de la PGR.

“Si (la decisión) está bien o está mal, eso vaya a preguntárselo al Procurador General de la República (Hernán Estrada). Yo sólo me he dedicado a recibir una escritura de dominio que me ha entregado la PGR, que era el requisito legal que estaba pidiendo el gobierno español para echar a andar ese proyecto”, explicó Torres.

“Hasta el momento, los españoles nos han dicho que el proyecto va, y una cosa que les puedo garantizar es que ese proyecto va, y la gente de La Chureca no tiene por qué preocuparse”, afirmó Torres.