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Aunque se supone que la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional fue creada con el propósito de abortar los planes de quienes organizan acciones criminales, irónicamente ayer uno de sus miembros fue remitido a juicio oral por su supuesta participación en el tráfico ilegal de un vehículo robado y estafa.

El capitán de la Policía que enfrentará juicio oral y público el 12 de octubre de este año es Alberto Núñez Pérez, quien ya es conocido en los juzgados porque en 2008 fue denunciado junto a otros policías de la Dirección Antidrogas por supuestamente plantarle 19.5 gramos de cocaína a Marjorie Pérez Obando, quien al final logró probar su no culpabilidad.

Núñez permanecerá en prisión mientras llega el juicio, porque el juez Quinto Penal de Audiencias de la capital, Julio César Arias, consideró que no podía dejarlo libre como lo solicitó el abogado Juan Miranda, porque el robo de vehículos ha estado causando conmoción en la sociedad nicaragüense.

El capitán Núñez fue acusado junto a Marvin José Munguía Reyes, José Antonio Calero, Santos Ramón Aranda Ruiz y el abogado José Lenín Valle Delgado, quien no está capturado. A los dos primeros la Fiscalía les acusa por el robo a mano armada del carro Yaris, blanco, placas M109677, que era propiedad de Bosco Ruiz Garay, y a los otros se les señala por aparentemente haberle buscado venta al vehículo, para lo cual supuestamente le sustituyeron la matrícula con la M082781, que había sido robado de un camión Kamaz que estaba en desuso en el Sistema Penitenciario Nacional.

Según el Ministerio Público, el policía acusado, además de llamar por teléfono para ofrecer en vente el carro robado, buscó a su amigo el abogado José Lenín Valle, para que hiciera la escritura en la que Santos Aranda aparecía como dueño del Yaris, el cual presuntamente había comprado el seis de julio de este año, un día antes de que se lo robaran a su verdadero dueño.

El abogado Juan Miranda defendió la actuación del policía diciendo que de las mismas pruebas que presentó la fiscal Blanca Rosa Calero, se desprende que éste simplemente es un corredor o intermediario, actividad que no está penada por la ley porque no constituye delito.

Agregó que el capitán Núñez desconocía la procedencia ilícita del vehículo, además señaló que la Fiscalía no ofreció ni una prueba que demuestre que su defendido tenía escondido el vehículo ni que participó del cambio de placas, pero el judicial desechó tal alegato.