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Las personas portadoras del VIH-Sida son discriminados a nivel local, y eso hay que enfrentarlo. Al menos es lo que señala el doctor Enrique Beteta, Secretario General del Ministerio de Salud, Minsa, y presidente de la Comisión Nicaragüense de Sida, Conisida.

Aunque lo peor del caso, según el médico, es que nadie quiere hablar del tema. “El asunto no sólo compete al Ministerio de Salud, sino también al sector privado, y este sector se nos ha cerrado, no ha querido colaborar con nosotros”, se quejó el funcionario.

Beteta ejemplificó: “Hemos tocado las puertas del Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada) y de Amcham (Cámara de Comercio Americana de Nicaragua), pero no hemos tenido repuesta, no hay receptividad”.

EL NUEVO DIARIO intentó ayer conocer la posición de los líderes de ambas cámaras, pero no se localizó a ninguno. Beteta apuntó que sólo los empresarios avícolas les están dando cancha.

“Nosotros lo que queremos es que los empresarios y todos entiendan que un portador del VIH-Sida, con su tratamiento y con seguimiento médico, puede rendir como cualquier trabajador sano”, expuso.

Investigan caso del marino

En lo que va del año Conisida contabiliza tres denuncias de discriminación. Una de ellas es la de Wilfredo Urbina, portador del VIH-Sida, quien denunció que la Fuerza Naval de Ejército de Nicaragua lo despidió hace dos años por la enfermedad. Él ahora demanda una pensión alimenticia.

Las otras dos denuncias corresponden a pobladores víctimas de malos diagnósticos. “Son personas que primero se les diagnóstico con VIH y luego al hacerles las pruebas, de nuevo, resultaron sanas”, comentó el galeno.

Beteta manifestó que el caso de Urbina lo están tramitando. “Ayer (viernes pasado) solicitamos el expediente del joven y lo vamos a revisar la próxima semana, además vamos a pedir una repuesta al Ejército de Nicaragua, yo no creo que haya problemas con eso, porque el Ejército es parte del proceso de repuesta al VIH”, sostuvo.

Denuncia por vía militar

“Quizá la entidad no ha dado respuesta porque Wilfredo (Urbina) al parecer siguió un trámite civil y el Ejército no responde a eso, responde a sus trámites institucionales, a sus trámites militares. Nosotros, en Conisida, vamos a ver en qué parte del trámite falló Wilfredo para encauzar la denuncia donde corresponde, que creo que es a Personal y Cuadros y a un Comité de Disciplina y Ética que tiene el Ejército”, explicó.

Es decir, “vamos a revisar el expediente y esperamos tener repuesta del Ejército en los próximos días”, expresó.

Joven debe ser reintegrado

El presidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social, diputado Gustavo Porras, destacó por su lado que el caso de Urbina debe examinarse a fondo y si es posible, dijo que el muchacho debe reincorporarse a la institución militar. El Ejército, en tanto, aún no se pronuncia sobre la acusación.

Porras recordó que de entrada “hay una ley (238, Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el Sida) que debe ser cumplida como cualquier otra”.

“Sé que hay determinadas ocupaciones en que hay que precisar alguna enfermedad, por ejemplo, si un joven es epiléptico y quiere ser aviador, aunque quiera, no se puede, y eso no es por discriminación. Yo no estoy claro de las características que debe tener alguien en la Fuerza Naval, pero en principio el portador del VIH no puede ser discriminado en ningún lugar, así como un epiléptico no debe ser discriminado en ningún lugar... o sea, ningún ser humano debe ser discriminado”, insistió.

El parlamentario recalcó que el caso definitivamente debe ser revisado. Incluso “sería importante convocar a los encargados de esto para ver los criterios”, añadió.

A la fecha, el Minsa registra 842 personas portadoras del VIH-Sida con tratamiento retroviral y 435 en seguimiento clínico. El gasto del Minsa en concepto del medicamento que se les aplica a esos pacientes oscila entre los 400 y 2 mil dólares, según el estado clínico de los pacientes.