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“Nunca he sido tan orgullosa de ser hondureña como ahora”, me dijo Ericka Cerna, una juez de 40 años en Juticalpa, la capital del departamento de Olancho. Cuando nos despedimos, su cara se ruborizó no sólo por el calor inclemente, sino por la rabia que sentía frente a estos extranjeros insoportables que se habían atrevido a cuestionar su fallo.

Estos “extranjeros” fuimos nosotros, miembros de una misión de 15 organizaciones de Derechos Humanos de 11 países de Europa y América Latina, quienes habíamos llegado a Honduras para investigar las consecuencias del golpe de Estado del 28 de junio para la situación de los Derechos Humanos en varias partes del país.

Nuestra pequeña excursión a Olancho, el departamento más grande de Honduras, había empezado relativamente bien; sólo fuimos retenidos en dos retenes donde los diferentes cuerpos de seguridad lucían sus uniformes: el Ejército de Honduras, la Policía Nacional, la Policía Militar y la Policía de Tránsito.

Juticalpa mismo daba la impresión de una ciudad ocupada. Sin la menor reticencia, los uniformados caminaban por los estantes del mercado, probaban una y otra fruta o se ubicaban de repente en una intersección para ordenar, con sus fusiles en la mano, el tráfico. Esta imagen me recordaba la funesta época de los guardias nacionales, kaibiles y policías militares en las décadas de los 1970 y 1980 en Centroamérica.

Finalmente llegamos, un poco fuera de la ciudad, al penal de Juticalpa, donde preguntamos por un hombre cuyo apellido había sido nombrado por la prensa mundial pocos días antes. Se trataba de David Murillo, padre del joven Isis Obed Murillo, quien fue muerto de un balazo en la cabeza en el aeropuerto de Toncontín cuando el presidente derrocado Manuel Zelaya había intentado regresar a Honduras.

Al igual que todos los demás testigos oculares, el padre del joven quiso denunciar el hecho en un momento en que las Fuerzas Armadas de Honduras promulgaron su versión de los hechos: que Isis Obed Murillo había sido víctima de un “accidente”, cuando uno de los policías le había tirado balas de goma.

“Fue muy curioso. Cuando estuve en la oficina de Ciprodeh (una organización de Derechos Humanos de Honduras) para declarar ante el fiscal y le mostré los cartuchos que habíamos encontrado en el lugar donde murió mi hijo, éste de repente salió para hablar extendidamente en su celular”, recordó David Murillo: “Sin embargo, poco después seguía tomando mi declaración como si nada hubiera pasado. Pero cuando salí a la calle, vi de repente muchos carros de Policía. Estaba tan confundido que ni siquiera me daba cuenta de que me habían puesto esposas.”

Pedimos al director del penal el permiso para hacer unas tomas de video o por lo menos una foto de David Murillo, pero él dijo que teníamos que hablar primero con el Director General del Sistema Penitenciario en Tegucigalpa.

Aparentemente no querían que David Murillo nos diera declaraciones. Yo tenía que pensar en los numerosos relatos de periodistas que nos contaron en estos días que habían sido amenazados a punta de fusiles. En otros casos fueron arrestados, mientras que los soldados trataron de poner en marcha las consolas de las emisoras de radio o de televisión. Aparentemente, el objetivo principal era acallar a como diera lugar a cualquier voz disidente u opositora al golpe.

Recordamos, por ejemplo, el caso del dirigente campesino Fabio Ochoa, en Colón, quien al denunciar el peligro de un golpe de Estado en Honduras en la televisión pública, fue interceptado a la salida por un grupo de desconocidos y literalmente acribillado de 18 balazos. Milagrosamente sobrevivió al ataque, y, hasta hoy, sigue huyendo de sus perseguidores, teniendo todavía dos balas incrustadas en su cabeza.

También el denunciante David Murillo, uno de los fundadores del Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO), nos contó cómo había sido difamado en un artículo aparecido dos días después de su detención. Le acusaron de una tentativa de homicidio en 2003, cuando su esposa se peleaba con una vecina. A pesar de que este incidente nunca había sido investigado, Murillo tenía que reportarse periódicamente ante las autoridades judiciales.

Hace dos años dejó de ir al juzgado, lo cual aparentemente no importaba mucho a las autoridades en aquel entonces, ya que pudo salir sin problemas a México y a Guatemala, hasta que fue apresado por haber denunciado la muerte de su hijo.

Cuando interrogamos a los jueces sobre la incongruencia de este caso y dijimos que personalmente habíamos recopilado el testimonio de la presunta adversaria del dirigente ambientalista, y que ésta ya había dejado un oficio en que retiraba su denuncia, nos dimos cuenta de que los jueces ni siquiera habían leído el expediente.

-- “El problema no es con nosotros, sino con la Fiscalía”, dijo la jueza de Juticalpa.

-- “Pero usted se negó a rechazar la acusación de la Fiscalía sin conocer siquiera el expediente”, contesté.

-- “Eso no importa”, rebatió la juez, “ya que en el caso de no comparecer ante las autoridades, siempre aplicamos el delito de la “rebeldía”, tipificado en los artículos 209 y 210 de nuestro Código Procesal Penal.”

-- “No le parece mucho privar a un ser humano de su libertad después de tantos años, cuando ustedes ni siquiera le habían investigado”, protestamos.

-- “Eso no importa, señor”, dijo la juez con una voz enojada. “Aquí estamos en Honduras. Y yo nunca he sido más orgullosa de ser hondureña como ahora”.

(El autor es periodista y antropólogo de Austria, quien vivió en Centroamérica de 1980 a 1996).