Nery García
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Las autoridades del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y del Ministerio de Energía y Minas (MEM) deben aclarar los detalles del contrato que firmaron Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) y Unión Fenosa, porque al parecer se trata de un negocio que podría afectar negativamente la economía nacional, generando inflación y aumentando la brecha entre ricos y pobres.

Los economistas Néstor Avendaño y Adolfo Acevedo, así como el experto en temas energéticos, Narciso Mayorga, coinciden en que no hay nada claro con relación con las transacciones que realiza Albanisa, y mucho menos los detalles del contrato, algo que deben aclarar las autoridades de gobierno.

¿Han medido el impacto en la tarifa? ¿Qué experiencia en generación tiene la empresa Albanisa? ¿Por qué la estatal Gecsa ha venido facturando por las plantas “Hugo Chávez” y las “Che Guevara”? ¿Bajo qué regulaciones han estado trabajando estas plantas? Las anteriores, son algunas de las preguntas que se hizo Mayorga y que las autoridades del INE y del MEM deben responder para evitarse cuestionamientos.

El negocio de Albanisa

El lunes pasado el gerente de comunicación de Fenosa, Jorge Katín, reveló que Albanisa pretende que el INE le dé “luz verde” para cobrar 14 dólares por cada kilovatio hora al mes, por un período de 15 años. Katín declaró que se trata de una potencia instalada de 160 mil kilovatios.

Eso significa que en esos 15 años Albanisa obtendría un desembolso que pagarían los clientes del servicio eléctrico de más de 430 millones de dólares, todavía muy superior a los 318 millones de dólares que pretendía obtener la empresa panameña Kamusi Investment S.A., también de capital oscuro, en la que se vio involucrado Ernesto Martínez Tiffer, Presidente de la estatal Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL.

Costos de producción más altos, más inflación

“Supongamos que el Estado decidió incrementar la tarifa de energía eléctrica para recuperar inversión. Eso va a golpear, por supuesto, la capacidad de compra de los consumidores, y también va a impactar en los mayores costos de producción de bienes y servicios”, comentó Avendaño, quien recordó que el encarecimiento de los costos de producción, como consecuencia de las alzas en la tarifa eléctrica, significa más inflación.

Por su parte, Acevedo comentó que de acuerdo con lo que han dicho el presidente Daniel Ortega y los altos funcionarios del gobierno, las plantas de Albanisa llegaron al país en calidad de cooperación, por lo que a criterio del economista no tienen sentido los cargos por potencia --cobros para recuperar inversión--, que pretende fijar esa empresa venezolana.

¿De quién son las plantas?

“Hasta donde entiendo, las plantas ‘Hugo Chávez’ son públicas, porque están siendo administradas por ENEL”. Bajo ese concepto de solidaridad entre los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, los electrógenos deberían de pasar al Estado y cobrar un precio razonable por potencia y no mercantilista a como lo está haciendo Albanisa, opinó Acevedo.

En ese sentido, Avendaño coincidió con Acevedo en que el Estado debería adquirir las plantas bajo el marco de cooperación, y vender energía que incluya el mantenimiento de las máquinas, el pago de personal y otros gastos, sin generar utilidades para que el costo del kilovatio sea más barato y no impacte negativamente en la tarifa, tal como lo hacen las generadoras hidroeléctricas Centroamérica y Santa Bárbara, ubicadas en Jinotega y Matagalpa.

“En Nicaragua ocurren muchas cosas raras, es uno de los países del mundo que no da confianza a los inversionistas, pero con esos contratos rompe todos los esquemas, al tratar de recuperar una inversión (de Albanisa) con grandes utilidades… Creo que el ente regulador, el señor David Castillo, debe ser muy cuidadoso en eso, porque tiene una gran responsabilidad”, concluyó Avendaño.