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Han pasado 60 años desde que Miguel Cáceres Palacios viajaba a la escuela sobre el lomo de un caballo o sobre los hombros de uno de sus compañeros de clase, pero el problema de transporte, por la falta de movilidad de sus piernas, aún persiste, nada más que ahora en escala mayor, pues las distancia que tiene que recorrer son mayores.

“A mí me encantaba ir a la escuela y mi papá me llevaba en un caballo, pero cuando él no podía llevarme, mis compañeros pasaban por mí. Me llevaban ‘a tuto’ o chineado de rato en rato, pero siempre asistía a clases”, recuerda con nostalgia Cáceres, de 65 años, sentado en su silla de ruedas, en los pasillos de los Juzgados de Managua, pues su profesión es la de abogado y notario.

Este abogado es originario de la comunidad La Vainilla en Santa Teresa-Carazo, y viaja todos los días a Managua en busca de trabajo en el Complejo Judicial Nejapa. El acceso al transporte es la principal traba para salir a ejercer su profesión y llevar el sustento a su familia, contó.

Enormes dificultades

El jurista tiene que abordar el autobús en la terminal de Diriamba, pero debe esperar horas tras horas, hasta que el bus vaya suficiente vacío para acomodar su silla de ruedas.

“Por la mañana los buses van cargados de perecederos y no hay lugar para mi silla, y entonces sólo me queda esperar. Por la tarde es igual. Los ayudantes prefieren al pasajero que sube solo y al que no tienen que ayudarle a subir la silla, entonces desde ese punto de vista siento una discriminación inmensa”, aseguró el abogado.

Cáceres perdió la movilidad de sus piernas antes de los 5 años, cuando se contagió de poliomielitis. Esta enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, en la década de los 50, produjo la muerte de miles de niños y adultos en el mundo, y dejó a otros miles con secuelas permanentes.

“A pesar de que somos pocas personas las que usamos silla de ruedas, el transporte se hace difícil, porque si está brisando, el taxista no se detiene porque sabe que tiene que salirse a subir mi silla y se moja. Eso no les gusta y cobran lo que quieren, y uno por la necesidad paga, pero es discriminación”, aseguró el jurista.

Barreras arquitectónicas

Cáceres cuenta que con el nuevo modelo de despacho judicial, la entrada a ciertas salas de audiencia u oficinas en los juzgados se le hace difícil, porque son muy estrechas y no cabe su silla de ruedas, pero los jueces y secretarios le atienden afuera, porque ya lo conocen.

Para Cáceres las barreras arquitectónicas (falta de estructuras en edificios, calles u otros recintos de rampas para tránsito de personas con capacidades diferentes) “son tonteras” a la par de las barreras por discriminación en empresas e instituciones del Estado, sólo por andar en silla de ruedas.

“Ir a solicitar un trabajo a una empresa privada o al Estado es deprimente. Hay una discriminación horrible, porque desde que te ven en una silla de ruedas te cierran las puertas y te dicen: ‘deje sus documentos, lo llamaremos’. Ni si quiera se dignan a recibirlo a uno; dicen: ‘deje su número de teléfono’ o te piden militancia de partido político”, aseguró este profesional del Derecho.

Ante estas circunstancias lo único que le queda a don Miguel es venir a litigar a los juzgados, donde, a la semana, raramente logrará llevar unos dos casos, ya que ante el desempleo, la competencia también es feroz. “Lo que nos mantiene la alimentación son las notarías y una que otra escritura, pero es una realidad que estamos viviendo en desigualdad”, dijo el jurista.

En 2007, durante una sesión solemne que la Asamblea Nacional dedicó a este sector de la población, se demandó que la Ley 202 y su reglamento sean verdaderamente cumplidos por los funcionarios de las instituciones públicas, por el gobierno nacional y los gobiernos municipales, pero la situación persiste.

En su momento, la Procuradora Especial de Personas con Discapacidad, Rosa Salgado, aseguró que La Ley 202 en su artículo 13 establece que las instituciones del Estado y las empresas privadas están en la obligación de abrir puestos de trabajo para los discapacitados, en una proporción de dos discapacitados por cada 100 trabajadores, pero en la práctica no se da.

Ley es papel mojado

Situación como la de Cáceres la vive el 10.2 por ciento de la población nicaragüense que sufre algún tipo de discapacidad, ya sea congénita o a consecuencia de enfermedades o por accidentes, o por ser lisiados de guerra.

A 15 días de celebrar el Día Nacional de las Personas con Discapacidad --el próximo 25 de agosto--, establecido en la Ley 202, Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y su Reglamento, aprobada en 1995, diferentes organizaciones realizarán actividades para que de una vez se cumpla esta ley y se reivindiquen los derechos de las personas con capacidades diferentes.

El presidente de la Federación Coordinadora de Organismos por la Rehabilitación e Integración (Feconori), David López, indicó que en el marco de la celebración están demandando al Parlamento que inicie el proceso de consulta y dictamen de la iniciativa de Ley para la Igualdad de Oportunidades.

El pasado 25 de marzo, con el respaldo de más de 24,600 firmas de la población, Feconori introdujo el proyecto de Ley ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, y seis días después pasó a la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, y ésta aún no se pronuncia.

“La Comisión, a los 60 días de haber tenido el proyecto, tenía que presentar el plan de proceso de dictamen y eso no lo ha hecho; ya han pasado más de 129 días y eso no ha ocurrido. Le hemos enviado correspondencia a la gente de la Comisión, los hemos llamado por teléfono y nada: nuestro esfuerzo está durmiendo el sueño de los justos, entonces vamos a insistir para apurar su consulta y aprobación”, destacó López.

La iniciativa de Ley descrita no apunta a la adquisición de nuevos derechos, sino a que las instituciones creen condiciones para que las personas con discapacidad puedan a acceder a los derechos establecidos en la Constitución Política y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Lo que queremos es que sean visibles para el segmento de discapacidad los derechos civiles, políticos, económicos y culturales de los que goza el resto de la población. Nosotros queremos participar en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad”, recalcó López.

Feconori, en el contexto de esa lucha, realizará en está semana una jornada de actividades que incluyen una marcha nacional y plantones en entidades claves como la Asamblea Nacional.

La población de personas con discapacidad es el 10.25% en nuestro país, y de éstas, el 9% son lisiados de guerra.