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Álvaro Fiallos Oyanguren, quien fuera director del Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria, INRA, en los años 80, y considerado uno de los funcionarios de mayor confianza del gabinete del presidente Daniel Ortega, fue destituido de la Presidencia Ejecutiva del Instituto de Desarrollo Rural, IDR, desde el pasado mayo, por presuntos manejos irregulares en los fondos, detectados por la Contraloría.

En las oficinas donde antes despachaba Fiallos Oyanguren, hoy se encuentra el diputado sandinista Pedro Haslam Mendoza, quien recibió las llaves de manos de Josefa del Carmen Torres, quien ocupó el cargo por dos meses, y que pasó a ser la directora Ejecutiva del IDR.

Fiallos Oyanguren afirma que renunció al cargo de común acuerdo con el presidente Ortega, porque, según él, por estar al frente del IDR no atendía bien sus labores como presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, UNAG, y viceversa, y que por lo tanto decidió quedarse con este último cargo.

¿Cómo se gastaron más de C$ 527 millones?

Sin embargo, los resultados de una Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, en el IDR, realizada por la Contraloría en el período de 1 de enero al 31 de diciembre de 2007, revela que el correcto manejo de más de 527 millones de córdobas, no se pudo determinar, debido a serias debilidades de control interno de esa entidad.

De acuerdo con el informe de auditoría elaborado por José Ángel Rosales Zeas, responsable del departamento Sector Presupuesto, Inversiones y Recaudaciones, proporcionado por la Contraloría, el control interno del IDR tiene una importante debilidad que no les permitió decir si los 527 millones 672 mil 320 córdobas que obtuvo esa entidad como presupuesto anual en 2007, se utilizaron bien o mal.

“El control interno del IDR no permitió el registro soportado de sus operaciones durante 2007, tanto a nivel central como de sus programas y proyectos, debido a que los comprobantes únicos contables emitidos y registrados en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Auditoría, Sigfa, son amparados con documentación soporte cuyos montos no se corresponden con los ingresados a dicho sistema”, dice el informe.

“Por consiguiente” --añade—“no fue posible asegurarnos de que el Instituto de Desarrollo Rural hubiera registrado adecuadamente la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007”.

El documento indica que de los 527 millones 672 mil 320 córdobas que se presupuestaron, se ejecutaron 450 millones 828 mil 98 córdobas, es decir, quedó un saldo de 76 millones 844 mil 221 córdobas.

En relación con el cumplimiento legal, “Debilidad de control interno”, los auditores indicaron en su informe que no era posible emitir opinión sobre el cumplimiento de las leyes, contratos, convenios y regulaciones aplicables.

Lo anterior --indica el documento-- contraviene el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que señala “que la contabilidad de las entidades y organismos del sector público contendrá pistas de auditoría que incluyan ordenamiento lógico y referencia para posibilitar su rastreo de una transacción a través del Sistema desde el documento fuente hasta su presentación en los informes financieros, todos los documentos, registros, instrumentos y archivos del Sistema de Contabilidad estarán disponibles, en cualquier momento, para fines de auditoría interna o externa”.

“Inauditable”, dice Argüello Poessy

El presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, dijo que la situación descrita por los auditores en el informe, revela que el IDR “es inauditable”, debido a la falta de documentos y soportes de las operaciones.

Una revisión al Presupuesto General de la República de 2007 hecha por la Contraloría, llevó a los contralores colegiados a ordenar ayer la realización de auditorías especiales en siete entidades del Estado donde se encontró irregularidades en el manejo de los fondos, entre ellas, el IDR.

“El IDR es una de las entidades a las que mandamos a hacer una auditoría especial, porque quienes trabajaron en la revisión de la ejecución presupuestaria, afirman en sus conclusiones que el IDR no es auditable”, dijo el titular de la Contraloría.

Explicó que a pesar de ello, por medio de la auditoría especial, podrán conocer quiénes son las personas responsables de cada una de las operaciones y escuchar lo que tienen que decir sobre el manejo de los fondos.

“Recordá que los funcionarios públicos que se encuentran al frente de las instituciones y los que ocupan cargos de dirección, son responsables del resguardo de los documentos hasta por 10 años, según la nueva Ley Orgánica de la Contraloría, son ellos los que deben responder, de lo contrario se exponen a sanciones”, señaló Argüello Poessy.

El artículo 50 de la nueva Ley Orgánica de la Contraloría, referida al resguardo de documentos y registros, establece que “las unidades de contabilidad de las entidades y organismos de la administración pública y las empresas del Estado, retendrán y conservarán los documentos, registros contables e instrumentos contentivos de cifras, las comunicaciones y cualesquiera otros documentos pertinentes a la actividad financiera, debidamente ordenados en un archivo especial durante diez años”.

Fiallos habla de su salida, pero no de la auditoría

Álvaro Fiallos nos atendió el viernes por la mañana desde su celular, y negó que lo hayan destituido por los resultados de la auditoría, pues la decisión fue suya y comunicada al presidente Ortega.

“Me salí del IDR porque estoy dedicado ciento por ciento a la UNAG, me estaba quitando mucho tiempo”, dijo Fiallos. Al hablar de la auditoría sólo se limitó a indicar que “nada tiene que ver porque yo salí desde finales de mayo”.

Se le indicó que se trataba de un informe de auditoría de ejecución del presupuesto de 2007, y dijo: “No, no, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, yo me salí del IDR porque no estaba entero ni ahí, ni entero en la UNAG, renuncié en acuerdo con el presidente y eso es todo”.

IDR con varias auditorías

La auditoría especial ordenada por los contralores en junio de este año no es la primera que se realiza en el IDR, durante la Administración del presidente Ortega, pues desde mayo de 2007, a las oficinas de esa entidad, se presentaron auditores del ente fiscalizador para iniciar una revisión a las cuentas por denuncias de presuntos malos manejos.

Las irregularidades estaban relacionadas con el pago a personas despedidas al asumir la nueva Administración, y con los salarios asignados a los funcionarios contratados después del 10 de enero, pero sobre todo a los directivos. También se habló en ese momento de la aprobación de aumentos de salario, pero con carácter retroactivo, violentando así las normas jurídicas.

En febrero de éste año a petición del contralor Luis Ángel Montenegro, se aprobó una nueva auditoría especial en el IDR, después que el mencionado colegiado planteó la necesidad de realizar una revisión a las cuentas, pues había conocido de manejos irregulares de las finanzas y hasta de venta de bienes de esa entidad, entre ellos armas. Los resultados de esas auditorías son desconocidos hasta ahora.