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Iván Olivares /Confidencial

El gobierno y el sector privado comenzarán a discutir en una fecha posterior al 17 de agosto una serie de reformas tendientes no sólo a lograr que el país se mantenga en una sola pieza en lo que resta de 2009, sino que pueda mejorar su posición económica y seguir siendo viable en 2010.

El Ejecutivo aprovechó la reunión de seguimiento de los acuerdos Cosep–Gobierno, ocurrida el viernes pasado, para informar a los representantes del sector empresarial su intención de hacerles llegar la propuesta de reforma a partir de la tercera semana del mes, período que el Cosep aprovechará para conformar un equipo asesor por cámara y por el organismo entero.

“Aún no nos presentan un texto definido, y nosotros todavía no hemos analizado las circunstancias a profundidad, por lo que en este momento no podemos ofrecer una posición definitiva”, dijo Lucy Valenti, Primera Vicepresidenta del Cosep.

La más importante de todas las propuestas que están sobre la mesa es la definición de los cambios que es posible hacerle al sistema tributario del país para permitir recaudar más impuestos sin afectar la capacidad de las empresas para seguir generando empleos y produciendo bienes y servicios.

Además, hará falta definir con qué opciones cuenta la nación para mejorar la “flotabilidad” del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), comenzando con la idea expresada la semana pasada por Gustavo Porras y luego por el asesor presidencial Bayardo Arce, de elevar en un 1% el aporte patronal al INSS.

Hay prisa por lograr un consenso alrededor de estos temas, porque lo que se acuerde definirá los techos de recaudación para el próximo año, y con ello, los supuestos sobre los que se construirá el Presupuesto General de la República 2010.

Róger Arteaga, ex Director General de Ingresos durante la administración Bolaños y actual presidente de Amcham, se mostró en desacuerdo con la propuesta de incrementar el monto que debe aportar el sector patronal, porque “sería ir en contra de lo que se está haciendo en los demás países ante la crisis financiera”.

Arteaga citó como ejemplo que “[el presidente de Estados Unidos, Barack] Obama inyectó US$ 700,000 millones para que su país no entrara en recesión. No aumentó los impuestos, sino que consiguió recursos para inyectarlos en la economía. Imponer más tasas a la iniciativa privada, que es la que genera empleos y producción, acentúa más la recesión de la economía, y en dos años este país estará más empobrecido”, vaticinó.

Más que elevar recaudaciones

Mario Arana, Director de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), explicó que las negociaciones para lograr una concertación tributaria, deberían imponerse como metas “contribuir al financiamiento de un nivel esencial de gasto público, y al control de los desbalances fiscales”.

También optimizar la eficiencia económica, minimizando las distorsiones ocasionadas por los impuestos a la inversión, como al mercado laboral; fortalecer la capacidad de recaudación; otorgar transparencia y reglas claras, para reducir incertidumbre sobre la aplicación de la reforma, y estabilidad, para facilitar la toma de decisiones de las personas y empresas.

Finalmente, Arana también incluyó los objetivos “obligatorios”, esos que siempre están presentas a lo largo de cada proceso de reforma tributaria, aunque no siempre se alcancen.

“Buscar una mayor equidad ampliando la base tributaria, reduciendo la evasión de impuestos (en el pasado se ha estimado que este monto puede rondar los US$ 100 millones) y racionalizar las exoneraciones (cuyo costo se ha estimado en alrededor de otros US$ 100 millones)”.

Pero cumplir esos objetivos (o la mayoría de ellos) requiere de una serie de mecanismos, entre los cuales el economista citó “tener una buena estructura impositiva”, en referencia a contar con una mezcla balanceada de cada impuesto, comenzando por limitar las exenciones y exoneraciones “constitucionales”.

Arana recomienda también extender el plazo de las exoneraciones al sector agropecuario a junio de 2012, e introducir gradualmente los impuestos en un período de tres años. Asimismo, “eliminar exoneración para bienes que conforman la industria fiscal; delimitar los plazos y definir listados de bienes para los sujetos exentos, y establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”.

De modo específico, se podría considerar bajar el nivel máximo actual del IR para las empresas y las personas naturales, con el fin de eliminar las distorsiones en contra del ahorro y el mercado de trabajo.

Arana mencionó que se puede simplificar la estructura de la tarifa de la renta personal, sin coste recaudatorio. “Se ha recomendado que se podría introducir una tasa dual donde se podría tener una estructura más simplificada con una aplicación lineal del impuesto para los asalariados, y un tratamiento diferente a las empresas o personas jurídicas”, detalló.

Otra posibilidad es reducir al 25% la tasa sobre empresas, e introducción de un régimen para Pymes con tasa del 20%; revisar sectores “como el de los casinos que podrían estar aportando en la actualidad por debajo de su potencial y la forma como se establecen los anticipos a las empresas, incluido el sistema financiero”.

También, examinar la idea de tasar los bienes que producen externalidades negativas como gasolina, tabaco, alcohol, etc., buscando el balance óptimo de forma tal que no se reduzca la demanda, porque con eso sólo se lograría reducir la recaudación.

En el caso de las exoneraciones y exenciones, ¿qué criterios deberían emplearse para mantenerlas o eliminarlas? Siendo realistas: ¿cuántos recursos generaría una medida de este tipo?
Arana opina que “para racionalizar las exenciones y exoneraciones se deben tomar en cuenta los costos y los beneficios de cada una para la sociedad. La evidencia disponible a nivel mundial sugiere que la efectividad de las exenciones y exoneraciones para fomentar la inversión es cuestionable y que su costo en términos de ingresos es muy alto. Tendríamos que ser muy selectivos al otorgar incentivos a sectores productivos, y limitar este esquema a sectores de un alto valor estratégico”, reflexionó.

¿Cómo salvar al INSS?

El gobierno negocia la meta de que el INSS pueda recaudar de C$ 200 a C$ 250 millones extras en 2010... ¿cómo podría lograrse eso?
Entendemos que el gobierno está considerando aumentar el aporte patronal, lo cual puede ser efectivo desde el punto recaudatorio, pero el sistema tiene un problema de viabilidad a mediano plazo, que esta medida no resuelve.

¿Qué otras medidas deberían aplicarse en aras de mantener la estabilidad y viabilidad financiera del INSS?
Lo que ha sido considerado en propuestas anteriores es lo que se conoce como cambios paramétricos, que contemplan tanto reducción de beneficios como aumento de contribuciones. En este sentido, la extensión de la edad de retiro ha estado entre esas consideraciones, y lo cierto es que las alternativas para darle viabilidad de largo plazo al sistema no son fáciles.

El gobierno negocia con el FMI los supuestos en los que se enmarcará el desarrollo de la actividad económica en 2010. ¿Cómo vislumbra 2010 en términos macroeconómicos?
La tasa de crecimiento que ha proyectado Funides para 2010, en un escenario optimista donde se resuelven problemas institucionales y que permiten un flujo normalizado de recursos externos, es que se podría dar un crecimiento de 1% en 2010 con una recuperación más vigorosa en 2011 a una tasa de crecimiento económico de 5%.

De no darse una normalización de flujos externos o bien mejoras en la institucionalidad, estos escenarios podrían ser más negativos, y más aún si la economía internacional no se recupera a como se ha venido proyectando.

El ministro Alberto Guevara admitió una caída de los ingresos --principalmente del sector externo--, lo que obligó a un recorte de C$ 500 a C$ 600 millones. ¿Qué puede hacerse para enfrentar el problema con el menor daño posible?
La reforma tributaria se está proponiendo como alternativa. No obstante, no es fácil levantar la recaudación como porcentaje del Producto Interno Bruto, y reformas anteriores con dificultad han superado aumentos de 1% del PIB, lo cual equivaldría alrededor de 70 millones de dólares.

Una alternativa menos dolorosa desde el punto de vista del potencial contractivo que este tipo de medidas puede tener, es recuperar los flujos de cooperación externa que han estado disponibles para Nicaragua, especialmente a través del Grupo de Apoyo Presupuestario.

US$ 30 millones en nueva deuda

Confidencial supo que una de las propuestas en las negociaciones con la misión del FMI que estuvo en Managua la semana pasada, fue subsanar este nuevo déficit en el Presupuesto 2009 con la emisión de US$ 30 millones en bonos a colocar en el mercado de capitales del país.

La duda es ¿habrá mercado para estos capitales? Róger Arteaga, que conoce el mercado bursátil local, comenzó haciendo notar que “si el gobierno recurre a emitir otros 30 millones dólares, es porque ya no tiene de dónde sacar más recursos”. De todos modos, no duda en que podrá colocarlos, aunque se pregunta a qué tasas ante la “desconfianza en este gobierno que te puede dejar en el aire con un decreto”.

¿Quiénes podrían comprarlo? Inversionistas privados, pero también los bancos, que podrían redirigir los recursos que en este momento conservan en las arcas del BCN en forma de sobreencaje bancario, para comprar bonos.

Con todo, para Arteaga el cuestionamiento principal no es la posibilidad de colocar los US$ 30 millones, siendo que serán deuda interna, (pagadera más una tasa de interés) y no recaudaciones ni donaciones, que se cayeron debido al fraude electoral que es la raíz de todo esto, y que todos los nicaragüenses estamos pagando.

“El gobierno debe recordar –-y Nicaragua también-- que si se revierte el fraude, el dinero estaría aquí en 24 horas”, vaticinó.

Balance de pérdidas y ganancias

El siguiente cuadro preparado por Adolfo Acevedo es un resumen de la propuesta que el gobierno ha presentado a grupos de economistas, con los cálculos de las “ganancias” o “pérdidas” que cada decisión podría significar:

CONCEPTOS % del PIB
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (IR) 0.90%
1. Aumento de base exenta del IR a C$ 100 mil para asalariados -0.25%
2. Reducción tasa de personas jurídicas (empresas) de 30% a 25% -0.26%
3. Reducir a la mitad el periodo de depreciación -0.35%
4. Establecer una tasa del 10% sobre dividendos pagados 0.27%
5. Sustituir pago mínimo de 1% sobre activos por pago mínimo de 2.5% sobre ingresos brutos 1.25%
6. Retención de 25% sobre pagos de intereses al exterior 0.11%
7. Retención de 2.5% sobre transacciones en bolsa agropecuaria 0.08%
8. Modificación de impuesto especial a mesas de juego a US$ 300 y máquinas tragamonedas a US$ 50 0.02%
9.Retención en la fuente por transmisión de propiedades inmuebles del 1% al 4% 0.03%

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) -0.61%
1. Crédito fiscal de IVA a la importación de maquinaria y equipo para proyectos generadores de empleos productivos. -0.61%

IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO (ISC) -0.72%

1. Des-conglobación del ISC a los Derivados del Petróleo -0.71%
2. Eliminar ISC sobre bienes importados catalogados suntuarios a 500 partidas con montos liquidados menores a C$ 1 millón. -0.07%
3. Eliminar deducción del ISC del combustible a la industria fiscal 0.06%

EXENCIONES Y EXONERACIONES 0.30%
1. Eliminar exoneraciones para la industria fiscal (licores, cervezas, cigarrillos) 0.01%
2. Racionalizar exenciones y exoneraciones de sectores no productivos. 0.29%
GRAN TOTAL -0.13%