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En una evidente negociación política entre el gobernante Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia emitieron ayer dos resoluciones donde avalaron la creación de los Consejos del Poder Ciudadano --restándoles facultades-- y declararon inconstitucional la Ley Marco para la Estabilidad y Gobernabilidad del País, por lo cual ayer entraron en vigencia las reformas constitucionales que mediante un pacto entre estos partidos, fueron aprobadas en 2005 y ratificadas en 2006.

Sin embargo, declaran inconstitucionales las leyes de la Sisep, del Instituto de la Propiedad y del INSS.

Dando y dando
Las dos resoluciones de la Corte (CSJ) se producen un día después de que la jueza de Vigilancia Penitenciaria, Roxana Zapata, restableciera el régimen de convivencia familiar y otorgara el país por cárcel al ex presidente Arnoldo Alemán, sentenciado a 20 años de prisión por delitos de corrupción en la administración pública.

Las enmiendas a la Carta Magna que hicieron hace tres años los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y los del Frente Sandinista (FSLN) restringen facultades al Poder Ejecutivo, por lo que, a partir de hoy, cualquier nombramiento de cargo que haga el presidente Daniel Ortega, deberá ser ratificado por la mayoría simple (47 votos) de los diputados ante la Asamblea Nacional.

El anuncio lo hizo el propio mandatario nicaragüense durante el informe anual que rindió ayer a los 38 diputados del Frente Sandinista, cuerpo diplomático, representantes de los demás poderes del Estado, gabinete y demás invitados especiales al acto realizado en el edificio de la Asamblea Nacional.

Los 52 diputados de la oposición no asistieron al acto, por lo que legítimamente no hubo sesión de la Asamblea Nacional.

Adiós a las intendencias
La Corte Plena, integrada por los 16 magistrados (ocho liberales y ocho sandinistas), declaró inconstitucionales las leyes ordinarias que crean la Superintendencia de Servicios Públicos, Sisep, y el Instituto de la Propiedad Urbana y Rural “por vicios de procedimiento al haber omitido el proceso de consulta necesario para su elaboración”.

¡Pobres jubilados!
En las negociaciones, los magistrados declararon inconstitucional la Ley de Seguridad Social, sin detenerse a evaluar los beneficios sociales que dicho proyecto otorgaba a los jubilados y a los trabajadores pensionados del país.

Con la vigencia de las reformas constitucionales, los diputados adquieren la facultad para interpelar, bajo coacción, a cualquier funcionario del Poder Ejecutivo en acciones públicas, léase ministros, viceministros, directores de entes descentralizados, embajadores y cualquier otro funcionario nombrado por el Presidente de la República y ratificado por el Parlamento.

Sobre los CPC
Ortega también fue notificado de la resolución mediante la cual la Corte Plena resuelve su facultad de crear los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), pero estas entidades partidarias no pueden ser parte orgánica del Poder Ejecutivo, y, por ende, no pueden recibir recursos financieros ni materiales de parte del Estado nicaragüense, ni colocarse por encima de funcionario alguno.

En dicha sentencia, los magistrados reconocen la potestad del mandatario de crear las estructuras necesarias para apoyar su gestión, pero dejan claro que estas estructuras no pueden ni deben recibir recursos financieros o de cualquier otro tipo de las instituciones estatales, sin embargo, dejaron viva la posibilidad de que con un amparo administrativo ante cualquier tribunal, se puede detener la formación legislativa y el proceso de formación de la ley.

Negociaciones en lo fino
La continuidad del pacto fue evidente luego de que los 16 magistrados se pusieran de acuerdo de un día a otro, y de que en ese contexto la juez Zapata, esposa del magistrado liberal Sergio Cuarezma, emitiera una sentencia que permite a Alemán recuperar su libertad provisional por todo el país, pese a que en diciembre pasado se le ratificó la condena a 20 años por delitos de corrupción.

No obstante las visibles señales de negociación bipartidista, el vicepresidente del Poder Judicial, el magistrado sandinista Rafael Solís, negó que se haya dado un pacto para estos acuerdos.

Solís consideró que con las resoluciones judiciales, la crisis institucional que enfrenta a los poderes Ejecutivo y Legislativo terminó; algo con lo que coincidieron el presidente del Parlamento, René Núñez Téllez; y los magistrados Francisco Rosales e Iván Escobar Fornos, sandinista y liberal, respectivamente, en declaraciones a EL NUEVO DIARIO.

“Esos recursos estaban ahí desde hace tiempo, había que fallar eso, la situación de Nicaragua estaba en una crisis especial, nos pusimos de acuerdo y fallamos, la firma se dio ayer, pero se hizo antes un estudio de muchos días y no de un día a otro”, dijo Escobar Fornos.

Igual opinó Rosales: “Tarde o temprano había que pronunciarse sobre ello, la prioridad política nos obligaba a reunirnos y a resolver. El presidente Ortega tenía que dar su mensaje hoy y nosotros no podíamos iniciar 2008 en una situación de ingobernabilidad, y vamos más bien, sobre paso firme, a una gobernabilidad por los próximos cuatro años”.

No obstante, el diputado liberal y primer secretario del Legislativo, Wilfredo Navarro, opina totalmente lo contrario, y cree que mientras el Poder Ejecutivo no restablezca la facultad de legislar sin control previo a la Asamblea Nacional, la crisis continúa sin resolver.

Solís negó que las resoluciones y el permiso a Arnoldo Alemán, sumado a la asistencia del presidente Daniel Ortega al Parlamento para rendir su informe anual, sean parte de una negociación para que la oposición apoye el Presupuesto de 2008, haciendo creer que todo se trata de una coincidencia.

Martínez contradictorio
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, entró en contradicciones ayer cuando explicó a los periodistas las motivaciones de las dos resoluciones.

Primero aseguró que estaban basadas en planteamientos jurídicos, pero luego, cuando se le preguntó el motivo para declarar inconstitucionales las leyes 511, 512 y 539, que crean la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), el Instituto de la Propiedad Urbana y Rural y las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), expresó que “eso fue por factores económicos”.

“Lo de Telcor fue un factor económico. No estamos para crear dependencias ni para fregar las que tenemos”, aseguró.

¿Qué cedieron liberales y sandinistas? “No hubo acuerdo alguno. La Constitución es clara: el Presidente tiene la facultad de crear comités y consejos, la Asamblea tiene la función de distribuir la soberanía de la administración pública”, dijo, pero dos minutos después afirmó que “la gobernabilidad se basa en acuerdos” y que la CSJ está para resolver esos problemas.

Los dos bandos
No quedaron hasta ahí las contradicciones del magistrado, pues aseguró que “todo quedó resuelto a satisfacción de los dos bandos”.

Martínez insistió en que la Ley 613 es inconstitucional porque le quita al Presidente facultades que la Carta Magna le da. “Ellos (los CPC) pueden coadyuvar a la ejecución de políticas (de gobierno), pero sin jurisdicción, sin salario, ellos pueden actuar como cualquier ONG o comité”, dijo. (Colaboración: Matilde Córdoba)