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WISCOYOL, NICARAGUA / AFP
“Vamos a defender esta tierra y no la vamos a soltar”, advierte José Tomás Borge, líder de un grupo de guerrilleros sandinistas que aspira a la propiedad de la finca Wiscoyol --confiscada al ex dictador Anastasio Somoza--, como les ha prometido Daniel Ortega, y que ha puesto en pie de guerra a otros ex combatientes.

El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, prometió el pasado 1 de agosto que entregará los títulos de propiedad con enorme potencial turístico y pesquero, a 120 guerrilleros sandinistas de la Coordinadora Nacional de Oficiales en Retiro (CNOR) y del colectivo de ex combatientes “Unidos por las Paz” en el Pacífico nicaragüense.

En total son 285 hectáreas ubicadas en la finca Wiscoyol, cerca de Playa Amarillo, una costa virgen del municipio de Tola, departamento de Rivas, 140 kilómetros al sur de Managua, que la Revolución Sandinista (1979-1990) confiscó a la familia del dictador Anastasio Somoza.

Vendidas, revendidas y vueltas a estatizar

En los 90, las tierras fueron distribuidas a cooperativas sandinistas, ex militares y miembros de la desaparecida contrarrevolución, en cumplimiento de los acuerdos de paz que se firmaron a finales de los 80.

Posteriormente, parte de las parcelas fueron vendidas a terceros hasta que Ortega dispuso estatizarlas de nuevo en 2007, tras retornar al poder.

Borge, más conocido como “El Bigote”, lidera a 48 ex combatientes del colectivo “Unidos por la Paz”, que ocuparon hace siete años las tierras en disputa.

La mayoría de los demandantes son guerrilleros del Frente Sandinista, participantes en la insurrección armada que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979, y que después pasaron a formar parte del Ejército sandinista.

“Fui guerrillero en diferentes frentes del FSLN en los años 70, y después pasé a formar parte de la oficialidad del Ejército” como miembro de las tropas especiales, relata “El Bigote”, un menudo y pintoresco campesino de 55 años, de ojos azules, que camina vestido de militar “por costumbre”, y con una pistola enfundada en la cintura.

“No me veo de otra manera” después de haber estado “tantos años en una guerra”, confesó Borge a la AFP.

Tienen “puesto de mando”

En la entrada del rústico campamento que construyó con sus compañeros de armas en un frondoso cerro, cerca de la playa, que funciona como “puesto de mando”, cuelgan banderas rojas y negras del FSLN de algunos árboles.

“El Bigote” fue uno de los 100,000 soldados desmovilizados a partir de 1990 por el gobierno de Violeta Chamarro, en aplicación de los acuerdos de paz.

Los combatientes desmovilizados del Ejército y de la Contra, de origen campesino, recibirían en recompensa una parcela de tierra para ayudarlos a insertarse en la vida civil, pero no les cumplieron a todos.

“Soy de una comarca que se llama Quilalí” en el interior de país. Prometieron “darnos parcelas de tierra, y como no se dio, 600 ex oficiales nos agrupamos” en busca de terrenos baldíos, dice este hombre casado con una guerrillera y padre de cuatro hijos.

Fue así como en 1991 comenzó a ocupar fincas de las que era sistemáticamente expulsado por sus dueños.

“Una mina de oro”

Hasta que llegaron a Wiscoyol. “Esto es como tener una mina de oro, porque es codiciada por gente muy pudiente”, explicó a la AFP Juan Navarrete, un ex miembro de las tropas guardafronteras, mientras otea el paisaje desde un hermoso mirador de piedra en la playa.

De la repartición de Wiscoyol fueron excluidos 300 ex soldados del servicio militar, madres con hijos muertos y lisiados de guerra que, en su mayoría, viven en la pobreza y forman parte del denominado grupo “Camilo Ortega”, que dirige el ex militar José Ocampo, alias “Pedrón”.

Éstos acusan a “El Bigote” y a su gente de intimidarlos con armas para que se vayan del lugar.

“No nos moveremos de aquí hasta que el gobierno nos resuelva”, advirtió un ex combatiente de las tropas guardafronteras del Ejército, Merardo Rodríguez, de 42 años, desde una precaria carpa de plástico que construyó con algunos colegas a un kilómetro de la playa.

El procurador de la zona, Wilbert Ibarra, dijo a la AFP que la ley dispone atender primero a los retirados del Ejército, a los colonos, a los precaristas y a los beneficiarios de la reforma agraria que impulsó la revolución, y que dos décadas después siguen reclamando sus títulos.