Lizbeth García
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En medio de un clima “matizado” por la queja que la Procuraduría interpuso contra uno de los fiscales del Ministerio Público, arrancó ayer en el Juzgado Segundo Penal de Juicios de Managua, el juicio por el fraude en Inafor, el que habría dejado pérdidas al Estado por más de un millón 441 mil córdobas.

En el primer día del juicio, que continuará el cuatro de septiembre, la Procuraduría fue clara en decir ante los miembros del Tribunal de Jurados, que el acusado Oscar Ordóñez Rodríguez, Director Administrativo Financiero del Inafor, no se quedó con el dinero presuntamente defraudado, pero lo acusaron “porque él pudo haber evitado el fraude”.

Pero, ¿por qué no acusaron a los que se quedaron con el dinero?, es la gran pregunta que el abogado del Estado, Miguel Páramo, respondió, diciendo que la Procuraduría General de la República sí acusó a las cuatro personas que participaron de los hechos, pero la Fiscalía --que sólo ejerció acción contra dos personas-- se opuso a que se admitiera la acusación del abogado del Estado, y el caso pasó al Tribunal de Apelaciones de Managua.

“Hago de su conocimiento dicho incidente, para que en aras de unificar los esfuerzos que ambas instituciones hemos venido desarrollando en la lucha contra la corrupción, sean oportunamente superados, pues actitudes como las descritas únicamente favorecen a aquellos sujetos que además de despojar a nuestra población empobrecida en su patrimonio, quedan en impunidad”, expresó el procurador Páramo en la misiva que le envió al fiscal Julio Centeno Gómez, quejándose de la Fiscalía.

El fiscal José Ernesto Ermidas señaló que Fiscalía se opuso a la admisión de la acusación de la Procuraduría porque no agotaron la vía administrativa, esperando que hubiese un pronunciamiento sobre las personas que no fueron acusadas por el Ministerio Público, y se fueron a acusarlos directamente en el juzgado, lo que pone en riesgo el juicio incoado contra Ordóñez y Darwin Flores Larios, quien se amparó antes de que arrancara el proceso.

La acusación del MP
Según la acusación del Ministerio Público, el fraude se dio a finales de diciembre de 2006, cuando el Inafor decidió contratar a Sánchez-Román S.A., representada por Sergio Alexander Román, para la construcción de 16 puestos de control forestal en diferentes puntos del país.

El Inafor le entregó a la constructora un adelanto de más de 99 mil dólares, pero la empresa debía rendir una garantía de 88 mil dólares, sin embargo, sólo entregaron 4,400 y no construyeron todos los puestos forestales pactados.

El abogado de Ordóñez Rodríguez, Rigoberto Moreno, dijo que probará que los hechos acusados no son ciertos, porque la misma Fiscalía presentó documentos que revelan que la empresa constructora sí rindió su garantía y pagó sus impuestos, pero además, quien autorizó el pago del 50 por ciento del valor de la obra fue el director de adquisiciones del Inafor, quien no está acusado.