Luis Galeano
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Los contralores decidieron cambiar la presunción penal que estaba recomendada en contra del ex director general administrativo financiero de la Contraloría, René de la Asunción Ruiz Tablada, y tres ex funcionarios más del ente fiscalizador, entre ellos la miembro del Tribunal Tributario Guadalupe Mejía Álvarez, por responsabilidad civil y administrativa, en la malversación de más de un millón de córdobas de esa entidad.

Uno de los contralores colegiados, que para evitar conflictos con sus colegas pidió que no se publicara su nombre, confirmó que la decisión fue tomada el jueves durante la reunión ordinaria.

Indicó que el cambio de sanción obedeció a una negociación hecha con el mismo Ruiz Tablada, en la cual le ofrecieron salvarlo de la presunción penal que lo mandaba a un juicio, a cambio de la renuncia a su cargo por el escándalo en el que se vio envuelto después de aprobar la salida ilegal de 430 mil córdobas, de un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Ruiz Tablada es cercano a Arnoldo Alemán, para quien trabajó durante su Administración en Migración y Extranjería.

“Creímos que lo más indicado es que se establecieran glosas, para que la Contraloría pueda recuperar esos fondos, además, que no había salida: era eso o la (presunción) penal”, dijo el colegiado.

“Hubo resistencia al inicio de parte de algunos de los colegas, pero como el mismo René (Ruiz) había aceptado renunciar, pues nos tocaba a nosotros cumplir la otra parte del trato”, dijo el contralor que nos informó de la decisión.

Argüello Poessy ni niega ni confirma

El presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, no negó ni confirmó la decisión que tomaron, aduciendo que la nueva Ley Orgánica, les prohíbe hacer públicos los resultados de sus auditorías, en tanto no se haya notificado a los afectados por las mismas.

Junto a Ruiz Tablada y Mejía Álvarez fueron sancionados Enrique Gómez, responsable administrativo, y Juan José Núñez, quien era director de Servicios Generales de la Contraloría. La decisión no alcanzó a Álvaro Altamirano Padilla, un sobrino político del vicepresidente del ente fiscalizador Luis Ángel Montenegro, quien era el responsable financiero (interino) cuando se dieron los pagos, ni a Benito Ortiz, responsable de contabilidad.

Las anomalías

Todos ellos, de acuerdo con la información inicial, tuvieron que ver con el desembolso de un millón 139 mil 258 córdobas para cancelar la reparación de equipos informáticos y fotocopiadoras de esa entidad, teniendo como base para emitir centenares de cheques documentos falsos, entre los que destacan cotizaciones alteradas con borrones, enmendaduras, sin firmas, o con firmas y sellos escaneados.

El 100 por ciento de los cheques fueron emitidos a favor de Franklin Basset, en concepto de cancelación de 186 facturas por “servicios de mantenimiento y reparación de equipos de computación y fotocopiadoras”, las que ascendieron a 721 mil 626 córdobas.

Dicho monto se sumó en 2005 y 2006. El primer año se desembolsaron 332 mil 268 córdobas, y de enero a diciembre del segundo año se emitieron cheques por el valor de 389 mil 357 córdobas.

Los auditores también analizaron el 100 por ciento de los cheques emitidos a favor de los señores Guillermo y/o Alfonso Cajina, por el valor de 417 mil 632 córdobas, detallados de la siguiente manera: en 2005 se emitieron cheques en concepto de reparaciones de equipos de computación y fotocopiadoras, por un total de 188 mil 921 córdobas, mientras que en 2006, los cheques emitidos bajo ese mismo concepto ascendieron a 228 mil 711 córdobas.

Fiscalía conoce hace rato el caso

Lo que se desconoce es qué ocurrirá con la denuncia que la misma Contraloría puso del caso ante la Fiscalía a mediados de 2008, pues el no emitir una presunción penal en contra de los implicados, serviría para que el Ministerio Público deseche el caso.

No obstante, el contralor que habló con END dijo que la Fiscalía puede actuar al margen de la decisión que tomaron ellos, pues tiene la independencia para hacerlo.

“La resolución nuestra es sólo un elemento más en el proceso investigativo de la Fiscalía, no es indispensable, así que habría que ver lo que deciden ellos por su lado”, indicó.