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Marvin Uriel Gadea Blandón, Víctor Bonifacio Herrera Lanzas y Santo Thomas Reyes Urbina, son tres nicaragüenses condenados en el caso Sinaloa, pero que pronto quedarán en libertad, ya que es opinión mayoritaria de los miembros de la Sala Penal de las Corte Suprema de Justicia, absolverlos de toda pena y responsabilidad.

Lo que seguirá pendiente es la sentencia de casación para los demás procesados, ya que todavía no hay consenso respecto al traslado de los mexicanos a su país de origen. La semana pasada, los magistrados sandinistas Armengol Cuadra y Juana Méndez dijeron que sólo faltaba la firma del magistrado Sergio Cuarezma, quien aseguró que no firmará hasta que saquen los dos párrafos de la sentencia, que se refieren al traslado de los mexicanos, porque esa no es competencia de la sala.

“La proyectista de forma oficiosa le ordena al Ministerio de Gobernación, como autoridad coordinadora, que proceda a iniciar los trámites pertinentes para la aplicación del tratado entre Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua, para el traslado de los reos a su país de origen, para que se continúe ejecutando la pena impuesta”, critica el magistrado Cuarezma en una misiva enviada a la Sala penal de la CSJ.

CSJ invade funciones

Según el magistrado Cuarezma, no es facultad de la Sala de lo Penal ordenar al Ministerio de Gobernación que inicie los trámites de traslado de los condenados extranjeros a su país de origen; sino del propio Ministerio de Gobernación, como autoridad coordinadora, quien tiene la potestad discrecional (arto. 7 numeral 1 del Tratado) de ejecutar dicho traslado.

Además, existen una serie de condiciones o requisitos que se deben cumplir antes de ejecutar el traslado como sentencia definitiva y firme, condición que en el presente caso no se observa, pues lo que se está firmado hasta el momento es un borrador de sentencia; el consentimiento expreso de los reos afectados, condición establecida en el Art. 6 del Tratado: “El traslado del reo al Estado receptor, sólo procederá a voluntad expresa del mismo”, explica Cuarezma.

Lo mismo pasa con el traslado de los reos de nacionalidad guatemalteca, ya que tienen que cumplir con los mismos requisitos, incluyendo la petición de traslado que debe hacer el Estado receptor (Guatemala y México).

Nicas pueden salir

Mientras no se resuelva esta situación de los traslados de los reos extranjeros a su país de origen, la Sala de lo Penal podría ordenar la libertad inmediata de los nicas a través de un auto con la debida fundamentación constitucional y jurisprudencial para excarcelar a estos reos que no tienen responsabilidad en los hechos, aseguró Cuarezma.
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