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Mientras los contralores advirtieron del enorme conflicto de intereses que se crea si todo el Estado contrata eventos sólo con el Hotel Seminole, propiedad de la sociedad Albalinisa, ligada al partido de gobierno y a la familia gobernante, representantes del sector hotelero y turístico afirmaron que la competencia desleal “ya estaba advertida”.

Los colegiados afirmaron que la intención del gobierno de hacer del Seminole el hotel del Estado para eventos, viola abiertamente la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 323, y la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, Ley 438.

El presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, dijo que “ninguna contratación puede hacerse de manera dirigida”, y que por lo tanto, orientar a los ministros, directores de entes autónomos o empleados encargados de las adquisiciones de los entes públicos, que obtengan los servicios de una empresa, industria o sociedad, viola abiertamente la Ley 323.

Conflicto grave de interés

Su colega, el contralor Lino Hernández, señaló que “hacer esos contratos revelaría un claro conflicto de intereses porque además de ser afines partidariamente, habría que ver quiénes son los dueños de ese hotel, porque aunque salga más barato y se cumpla con las cotizaciones, si existe una persona que es empleado público ofreciendo esos servicios de privados, la ley lo prohíbe”.

Francisco López, presidente de Alba Alimentos de Nicaragua, S.A., Albalinisa, la sociedad que figura como dueña del Hotel Seminole, convocó el lunes pasado a los responsables de adquisiciones de los ministerios, a una reunión donde explicarían el nuevo rol de esa estancia con las medidas de ahorro del gobierno central. En la reunión participó también el director del Instituto de Turismo, Mario Salinas.

Albalinisa adquirió los bienes de la Tribu Seminole, que incluyen un hato en la Península de Chiltepe con un centro de mejoramiento genético. López también es tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN; presidente de Petróleos de Nicaragua, Petronic, vicepresidente de Alba Petróleos de Nicaragua, S.A., Albanisa, que maneja el dinero del crédito venezolano, y es representante del gobierno en Unión Fenosa.

Leyes son clarísimas

“La Ley de Contrataciones y la Ley de Probidad son claras sobre quién puede y quién no puede ofertar al Estado; habría que analizar de qué se trata esa oferta y ver los alcances, pero el señor López es empleado público, y la ley es clara sobre ese particular”, dijo Argüello Poessy.

El artículo 12 de la Ley 323, relacionado con la “Prohibición para ser Oferente”, señala que no podrán ser oferentes ni suscribir contratos con el Estado: a) El Presidente y el Vicepresidente de la República, los ministros y los viceministros, los diputados ante la Asamblea Nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, el Contralor y el Subcontralor General de la República, el Procurador General de Justicia, y en general cualquier funcionario público de los que se refiere el artículo 130 de la Constitución Política.

Ese artículo de la Carta Magna se refiere a todos “los funcionarios públicos de cualquier poder del Estado, elegidos directa e indirectamente; los ministros y viceministros de Estado; los presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales; y los embajadores de Nicaragua en el exterior no pueden obtener concesión alguna del Estado”.

Mientras tanto, la Ley 438 prohíbe en su artículo 8 inciso a) “utilizar la función pública en provecho de cualquier persona natural o jurídica en perjuicio del Estado”, mientras el inciso i) “Solicitar o aceptar, en beneficio propio, comisiones en dinero o en especie por concepto de adquisición de bienes y servicios para cualquier institución del Estado”.

Competencia desleal estaba advertida

El gerente general del Hotel Hilton Princess Managua, Rainer E. Auckenthaler, aseguró que la competencia desleal a través de este tipo de actos ya la advertían. Auckenthaler se mostró prudente, pero aceptó que esta situación afectará su negocio con el retiro de eventos de instituciones gubernamentales.

El empresario prefirió aceptar la decisión del gobierno, pues no es algo que ellos consideran se puede cambiar, y aseguró que se concentrarán en hacer bien su trabajo.

“Ya sabíamos que el hotel era propiedad de Albalinisa, era una cuestión de tiempo que se iba a centralizar ahí, pero como es una decisión del gobierno habrá que aceptarla, y un día ellos se van a llenar… no me complico la vida por eso, es un hotel de tres o cuatro estrellas es un hotelito de no mucho renombre”, señaló.

Por su parte, el gerente general del Hotel Holiday Inn, secretario de la Asociación de Grandes Hoteles, José Enrique Solórzano, reveló que tras leer la información en EL NUEVO DIARIO, llamó a los demás gerentes de hoteles, y que acordaron reunirse la próxima semana para discutir el tema, en vista de que algunos gerentes están fuera del país.

“Estaríamos ante un monopolio”

Solórzano advirtió que de ser una medida obligatoria para los entes estatales estarían ante la creación de un monopolio, aunque coincidió con Auckenthaler, en que el Hotel Seminole no daría abasto ante la demanda por el espacio de los salones y la cantidad de cuartos.

“Si es una medida realmente obligatoria estaríamos incurriendo en una especie de monopolio, ¿qué se dijo adentro de esa reunión del lunes? Estamos ávidos de saber, le vamos a preguntar al Seminole, aunque caparazón arriba, caparazón abajo, ¿qué es? Tortuga, ¿verdad?”, señaló.

Dijo que desde que inició el gobierno de Ortega se perdió una gran parte de la clientela del Estado, pero que han seguido trabajando. Aseguró que en todo caso para reunir a 400 ó 500 personas, el Hotel Seminole no tendrá capacidad, pues los grandes eventos los adquieren el Hotel Crowne Plaza y el Holiday Inn.

Dueños de hotel están vinculados con el gobierno

Por su parte, la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, Lucy Valenti, aseguró que es una competencia desleal dadas las claras vinculaciones entre los dueños del Hotel Seminole con el gobierno. Llamó a que todos los procesos y cotizaciones de locales y edificios se hagan con transparencia y respeto a la Ley de Contrataciones del Estado.