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Aquí está el hombre que dirigió desde un bando la última gran guerra civil de Nicaragua: Humberto Ortega Saavedra. General retirado, fundador del Ejército Popular Sandinista y estratega de la creación del Ejército de Nicaragua, ahora vuelve a los medios como analista del contexto político del país en el marco del 30 Aniversario de las Fuerzas Armadas que se celebran, justamente, este 2 de septiembre.

Viene en son de paz. A hablar de institucionalidad, a reflexionar sobre el poder, a aconsejar prudencia política y a pedir respeto a moros y cristianos por el Estado de Derecho del país.

La columna vertebral de su discurso es: “No usar al Ejército para resolver reyertas políticas”. Las armas y el uniforme camuflado, dice él, deben estar para preservar la paz de la Nación. No al servicio de grupos políticos ni económicos, ni de izquierdas ni de derechas, sino para preservar libertades y alentar la búsqueda de soluciones desde los espacios civiles tolerados, permitidos y alcanzados por medio del Derecho.

Tiene una teoría histórica: si con las negociaciones de paz de 1933, entre Sacasa, Sandino y Somoza no hubiese existido la traición que mató al hombre que inspiró al sandinismo, éste sería otro país.

¿Seríamos otro país?

“Para mí es muy importante hacer esa reflexión histórica, que esa unidad nacional, estuvimos a punto de alcanzarla con esa retirada de las tropas norteamericanas, pero en una mesa de negociación hay una traición tan terrible que no sólo fue la muerte de Sandino, sino también la muerte de un proceso que nos tuviera mejor ahora, y el inicio de otro proceso que nos llevó a las guerras y que nos tiene peor todavía ahora”, reflexiona.

Pero esos fueron otros tiempos, y estamos en otra época, y el general Ortega piensa que hay en este momento un peligro, como lo ha habido siempre desde 1990, de una contaminación de la institución militar con el factor político, cuya solución no está únicamente en las mismas Fuerzas Armadas y su Código Militar.

“Hay una serie de mecanismos que te permiten un poco resistir la tentación de quienes quieran que estas instituciones actuaran como piensan que deberían actuar, de acuerdo con sus intereses en las reyertas políticas de este país”, advierte y subraya.

“Pero creo que para que este problema de contaminación no sea profundo, la responsabilidad mayor no está nada más en la conducción actual de la institución Ejército o institución Policía, sino, fundamentalmente, de quien tiene que velar para que estas instituciones a su vez no se conviertan en castas policiales o castas militares”, cita.

Para el poderoso jefe militar de los años 80, director de un cuerpo armado de más de 150 mil hombres, la cuota de responsabilidad mayor para que estas instituciones se mantengan alejadas de todo intento de contaminación, está en la entereza de sus líderes y en el dominio firme de sus leyes y de la Constitución. Su mejor ejemplo, insiste, es la profesionalización del actual Ejército y su “despartidización”.

Ejército se blindó desde 1992

“Sin este Ejército de origen sandinista, hubiera sido imposible para doña Violeta Chamorro una apertura de la paz”, comenta Ortega.

El general retirado relata un episodio con el que ilustra la creación de un Ejército blindado por leyes anti-manoseo a largo plazo: “Si ustedes se fijan, hay una cosa interesante, que ahora se puede entender, pero parece contradictorio: cuando doña Violeta Chamorro, se presenta el anuncio de mi retiro, y tuvimos algunos problemas porque no se maduraba lo que tenía que ser producto de un proceso, que en todo caso era cómo al poder militar ponerle sus límites a través de la ley, que permitiera y obedeciera las necesidades históricas de un cierre de la guerra y la paz, y para un inicio de la maduración más profesional como se dio a raíz del Código Militar”.

“En esa dirección del Código Militar hay una cosa muy importante cuando surgen voces de mucha gente que no son sandinistas y que dicen que el Ejército actual, como es de origen sandinista y ahora como está el gobierno de Daniel Ortega que es sandinista, este Ejército se puede contaminar”, dice y prosigue Ortega.

“Pero es al revés, los militares sandinistas entendimos en el gobierno de doña Violeta, que lo más revolucionario que podíamos hacer, era separarnos claramente del partido, y como les decía yo a muchos mandos militares en aquel momento de la crisis, cuando había que actuar en apoyo a la Policía, yo les dije: ‘O actuamos como militantes o como militares, y si vamos a actuar como militantes, entonces salgámonos del Ejército’”, cuenta.

“Y entonces para mí lo más revolucionario, entonces y todavía, es hacer lo que actualmente hace el Ejército: constituirse en un Ejército no del partido sandinista, a pesar del origen sandinista, que venimos de ese partido y lo forjamos, sino ser un Ejército de la República, de la Nación”, subraya Ortega, insistiendo siempre en que sus ideas son su aporte desde la vida civil para un mejor entendimiento de la vida política.

Movidas a largo plazo

El general cedió su bastión militar y el bastón de mando al entonces jefe del Estado Mayor, Joaquín Cuadra Lacayo, quien a su vez lo entregó a Javier Carrión McDonough, y éste, sucesivamente, al actual comandante en jefe, Omar Halleslevens. ¿Cómo se dio ese proceso? Ortega lo explica: fue una jugada establecida a largo plazo para garantizar ese blindaje institucional que ahora se mantiene a flote, a pesar de algunas reservas.

“Cuando se hace el Código Militar en 1994 hay un legado que en aquel momento no se entendió y que se atacó, y que se pensaba que nosotros no queríamos sujetarnos al poder civil, y era que nosotros en el Consejo Militar vimos que era importante no dejar completamente todo el Ejército al poder absoluto del Presidente de turno, porque no preveíamos qué tipo de mandatario, en sus actitudes, podía sobrevenir en el futuro”, relata.

“Y entonces había que defendernos a través del Derecho, y defender la institución, y entonces fue a través del Derecho, en este caso el Código Militar, que por la fuerza de la costumbre, lo que no logramos en la ley, se hiciera ley por naturaleza, que es un poco lo que pasa ahora con quién es el sucesor del general Omar Halleslevens”, explica Ortega Saavedra.

“Entonces nosotros dijimos, ya que no pudimos dejarlo totalmente claro y normado, por la costumbre y por la demostración de lo que la Carrera Militar requiere y lo que la institución está demandando, que sea ella misma (las Fuerzas Armadas) la que eleve su elección a ley o a rango de normas fuertes”, dice Ortega, sereno y despreocupado por el tiempo, dándose pequeñas pausas para absorber un te caliente.

Blindaje antipolítico

“Entonces, en ese sentido, frente al poder civil, ¿cuál fue el cuidado que hubo? Que nosotros dijimos que en el Código Militar no quedó claro lo que nosotros requeríamos por la disputa política de la coyuntura con doña Violeta, no llegamos a obtener más, lo más importante del Código fue que con la voluntad se llegó a acuerdos, y a pesar de ser una negociación tirante entre los civiles y los militares, que eran tres instituciones importantes como el Ejército, el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, se llegó a una solución”, exalta.

“Y lo que logramos ahí, yo lo digo hasta ahora, porque en su momento no se entendía y era criticable para algunos sectores, pero ahora lo puedo revelar, fue que nosotros le estábamos imponiendo en ese momento a doña Violeta que debía elegir los mandos de lo que el Ejército proponía con su Consejo Militar”, confiesa.

“Porque nosotros preveíamos, lo que todavía ustedes observan, que es la falta de maduración de las fuerzas políticas y sus extensiones en los poderes, que son los que llegan a la Presidencia, entonces dijimos: ‘hombre, es mejor que existan estos mecanismos de protección del instituto armado a que no existan’”.

“Porque ese Código Militar hace que al Presidente que le corresponda, sí tiene que actuar en el marco de la Ley y de la Constitución, por mucho respeto y deber que uno tiene que tenerle al Ejecutivo; el Ejecutivo tiene que saber mandar en el marco de la Constitución y de la Ley, y el Ejército debe obedecer a partir de la Constitución y de la Ley”, señala, y aterriza luego en la actual coyuntura, donde el presidente es su hermano de sangre, Daniel Ortega.

¿Ejército a flote?

“Para quienes tienen reservas de que si el Ejército se va a prestar a servir como brazo, del FSLN o de Daniel Ortega, yo les digo, a mi modo de ver, que no veo que haya una voluntad de llevarnos al despeñadero por esta vía, de nadie, incluyendo al FSLN o a Daniel Ortega, de nadie”.

“Ah, que hay gente que le gustaría que el Ejército fuera menos beligerante para actuaciones políticas, eso es otra cosa, son tentaciones, pero chocan con el alto deber de la institución militar de saber jugar su papel ajustada a la ley conforme a sus obligaciones”, dice, y aconseja algo con base en su experiencia entre 1990 y 1995, cuando las asonadas del FSLN --que mandaba desde abajo-- pusieron al país al borde de otra guerra civil. El gobierno pidió la actuación militar a las fuerzas bajo el mando de Ortega.

“Entonces a doña Violeta yo le dije: ‘Mire, Presidenta, hay cosas que no se pueden hacer y no es que queramos desobedecer, pero el Presidente tiene que mandar de acuerdo a un protocolo de procedimiento enmarcado en la Constitución’”, dijo, para entrar luego en la pregunta de moda: ¿Cómo se elige y quién decide poner a un general como comandante en jefe del Ejército? Su respuesta es corta: “El Ejército”.

“Cuando yo me fui del Ejército, nosotros nos reunimos y proyectamos quién iba a ir siguiendo a quién; voy a hablarlo claro, y yo realmente dije: conviene los que están más preparados, y pude proyectar (como comandante en jefe) hasta Halleslevens, pero siempre dije que la costumbre iba a ir haciendo que se eleven las normas al ropaje natural, y eso fue lo correcto”, explica

No hay dos propuestas
“Entonces se fue imponiendo que lo natural es que sea el Jefe del Estado Mayor General el sucesor del comandante en Jefe del Ejército; hombre, si yo al Jefe del Estado Mayor lo he estado preparando durante cinco años para que me suceda, cuando llegue el momento, tiene lógica que me suceda”, expresa, y aclara más al respecto.

El Consejo Militar propone al presidente un candidato que es el Jefe del Estado Mayor, que lo decide la Comandancia. ¿Hay decisión presidencial en la escogencia? Dice Ortega que no debería haber.

“Yo no creo que el Presidente de la República tenga interés en estarse oponiendo a eso, a no ser que él conozca que hay ahí información comprometedora, delictiva o algo muy delicado, o enfermedad que impida asumir el mando, pero la causa de rechazar o imponer generales jamás puede ser política de decir ‘yo no quiero al general Avilés (Julio César, jefe del Estado Mayor) porque no me gusta políticamente’. Aquí no es cuestión de gustos políticos; eso lo sabe el Presidente, en su madurez Daniel sabe que así funciona la carrera militar”, cita.

(MAÑANA: La Policía Nacional, los poderes del Estado y escenarios del poder)