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Al menos 18 ex trabajadores de instituciones estatales, acompañados por representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, se presentaron al Ministerio Público a acusar a directores de instituciones del Estado por no acatar las resoluciones judiciales, dictadas para restaurar sus derechos laborales.

Uno de los afectados es William Somarriba Soza, quien fue despedido hace un año de la Dirección General de Ingresos, donde el director “no ha cumplido con lo que demanda la ley, y se ha burlado de cada uno de nosotros después de los procesos judiciales, las leyes laborales y de servicio administrativo”.

Bajo la excusa de reorganización de personal los despidió sin razón, a ellos y a 400 trabajadores más en lo que va de su administración.

Hugo Mendieta es otro de los ex trabajadores del Estado, demandante. Como antiguo trabajador de Aeronáutica Civil, dijo haber sido despedido de forma arbitraria por supuestamente pasar información a una entidad extranjera en Nicaragua.

“Tenía 22 años de servicio limpio en la dirección de Aeronáutica, y he demostrado que esto no fue cierto, pero no acatan a pesar de ser respaldado por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que salió el 18 de julio”, dijo Mendieta, quien considera que la verdadera razón de su despido fue por haber formado un sindicato, luego de que el presidente Daniel Ortega dijo que existía libertad sindical en este país, “lo que es totalmente lo contrario”, agrega el afectado.

Estado violenta derechos laborales

Por su parte, Marcos Carmona, Director de la CPDH, comentó que están dando acompañamiento a 18 trabajadores de la DGI, Aeronáutica Civil, el Ministerio del Transporte y del mismo Ministerio del Trabajo, entre otros, ya que en estas instituciones se están violentando sus derechos laborales y constitucionales, por no ser acatadas las leyes en la materia, dictadas por las autoridades competentes.

Carmona aseguró que, hasta el momento, en las instituciones estatales se han despedido a por lo menos 10 mil empleados.

Seguirán los procedimientos

En el Ministerio Público, los denunciantes fueron atendidos por la fiscal departamental de Managua, María del Carmen Solórzano, y Luden Montenegro, fiscal encargado del Área Operativa de la capital.

La fiscal de Managua indicó que revisarán y analizarán las denuncias, cada una por aparte, y de tener méritos realizarán los procesos establecidos por las leyes.

Para tal efecto, según ley, la funcionaria tiene 20 días para hacer los análisis correspondientes y dar una respuesta sobre si tiene los suficientes méritos para admitirla, si se manda a ampliar o se rechaza.