Luis Galeano
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El presidente de la Contraloría General de la República, CGR, Guillermo Argüello Poessy, aseguró que si algún funcionario público encargado del área de adquisiciones procede a contratar los servicios del Hotel Seminole, propiedad de Albalinisa, ligada a la familia gobernante, sin respetar la Ley de Contrataciones del Estado, será sancionado por el ente fiscalizador.

“Nosotros hemos sido claros y ni siquiera es objeto de discusión, si se diera el caso en que algún funcionario motivado por orientaciones superiores, contratara a ese hotel violando lo que dice la Ley 323, (Ley de Contrataciones) no va a quedar más remedio que sancionarlo, como dicen algunos, ‘partirlo’”, dijo Argüello Poessy.

Indicó que el jueves pasado cuando se reunió con sus colegas, el tema de la intención del Ejecutivo de hacer del Hotel Seminole la estancia en la cual el Estado realice todo sus eventos, ni siquiera fue abordado “porque está más que claro que no se pueden hacer esas contrataciones de la manera en que se ha planteado”.

EL NUEVO DIARIO descubrió que Francisco López, Presidente de Alba Alimentos de Nicaragua, S.A., Albalinisa, la sociedad que figura como dueña del Hotel Seminole y que está ligada a la familia gobernante, convocó el lunes pasado a los responsables de adquisiciones de los ministerios a una reunión donde explicarían el nuevo rol de esa estancia con las medidas de ahorro del gobierno central. En la reunión participó también el director del Instituto de Turismo, Mario Salinas.

Albalinisa adquirió los bienes de la Tribu Seminole, que incluyen un hato en la Península de Chiltepe con un centro de mejoramiento genético. López también es tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN; presidente de Petróleos de Nicaragua, Petronic, vicepresidente de Alba Petróleos de Nicaragua, S.A., Albanisa, que maneja el dinero del crédito venezolano, y es representante del gobierno en Unión Fenosa. Últimamente también lleva el sombrero de Presidente de la Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense-China Popular.

“El señor López no puede ofertar el hotel a nadie porque él es funcionario público, porque entiendo que es presidente de Petronic y aunque lo hiciera, allá el funcionario que caiga en ese asunto, porque esa contratación no se puede hacer, por lo menos tendrían que cotizar para escuchar ofertas”, dijo Argüello Poessy.

Industria hotelera se presta a competencia

Representantes del sector hotelero y turístico del país afirmaron que la intención del Ejecutivo demuestra una competencia desleal que “ya estaba advertida”. El ex contralor y aliado del partido de Gobierno, Agustín Jarquín, advirtió que realizar este tipo de contrataciones puede constituir delito.

Argüello Poessy indicó que “aún cuando fuera un hotel del Estado, propiedad del Estado, no se pueden dirigir las contrataciones, porque dice la Ley de Contrataciones que se puede contratar con las empresas que son del Estado, salvo a aquellas que se prestan en competencia y la industria hotelera se presta en competencia, por tanto no hay razón para violar la ley”.

Lo que dice la Ley

El artículo 12 de la Ley 323, relacionado con la “Prohibición para ser Oferente”, señala que no podrán ser oferentes ni suscribir contratos con el Estado: a) El Presidente y el Vicepresidente de la República, los ministros y los viceministros, los diputados ante la Asamblea Nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, el Contralor y el Subcontralor General de la República, el Procurador General de Justicia, y en general cualquier funcionario público de los que se refiere el artículo 130 de la Constitución Política.

Ese artículo de la Carta Magna se refiere a todos “los funcionarios públicos de cualquier poder del Estado, elegidos directa e indirectamente; los ministros y viceministros de Estado; los presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales; y los embajadores de Nicaragua en el exterior no pueden obtener concesión alguna del Estado”.

El inciso c) de ese mismo artículo 12, señala que no pueden ofertar al Gobierno “las personas jurídicas en cuyo capital social participe alguno de los funcionarios mencionados en los incisos anteriores”.

Mientras tanto, la Ley 438 prohíbe en su artículo 8 inciso a) “utilizar la función pública en provecho de cualquier persona natural o jurídica en perjuicio del Estado”, mientras el inciso i) “Solicitar o aceptar, en beneficio propio, comisiones en dinero o en especie por concepto de adquisición de bienes y servicios para cualquier institución del Estado”.