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Hasta las últimas consecuencias por encontrar justicia dijo que llegaría la joven que denuncia haber sido violada y embarazada por un “compañero” de trabajo de la Dirección de Fronteras, de la Dirección General de Migración y Extranjería, DGME, e interpuso formal denuncia ante la oficina de la licenciada María del Carmen Solórzano, Fiscal Departamental de Managua, para que su caso pudiera ser tomado en cuenta, ya que la acusación interpuesta en julio no ha avanzado.

La denuncia la interpuso directamente ante la fiscal de Managua, con quien se entrevistó, y pasó el caso a la fiscal de género, Alicia Solís.

“El expediente estuvo 23 días sin moverse en la Estación IV de la Policía Nacional, el que después pasaron al Ministerio Público, donde el fiscal Pedro Almanza”. La víctima indicó que ahí, al preguntar sobre los avances, el funcionario la tuvo de mañana en mañana, por lo que decidió recurrir a las máximas autoridades del Ministerio Público.

Sentimiento de indefensión

“Me siento mal por la actitud de los funcionarios públicos, pues con su actuar dan a entender que están apoyando al violador”, dijo la afectada. Ella identificó a su atacante con el apellido Reyes, y a su cómplice con el apellido Solórzano.

La víctima aseguró que no conformes con el daño que le ocasionaron, con lujo de cobardía, el cómplice Solórzano se presentó hasta su lecho de convalecencia para amenazarla a ella y su familia, por haber interpuesto la denuncia ante la Policía.

“No sólo eso. Yo no he tenido apoyo de mi jefa, y en el trabajo prácticamente me han dado la espalda, comenzando por la ministra de Gobernación --Ana Isabel Morales--. Ninguna me ha buscado para conocer de la situación. En realidad, ya no me interesa si pierdo o no mi trabajo, lo que quiero es justicia. Lo que yo sufrí no quiero que le pase a ninguna otra mujer, y así como pasó conmigo, si quedan impunes el violador y su cómplice, seguramente los atacantes lo volverán a hacer”, señaló la muchacha.

Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, que da acompañamiento a la joven, luego de la reunión con la fiscal Solórzano, señaló que el caso fue remitido a la Unidad de Género, para que se agilicen las investigaciones y esclarecer los hechos, y que la víctima tenga acceso a la justicia.

“Nos dijeron que van a rastrear el expediente porque no está en la institución, y se lo pedirán al fiscal Pedro Almanza”, agregó.

Retardación de justicia

La abogada indicó que darán seguimiento al caso, y la víctima o sus padres podrán pedir directamente al Ministerio Público conocer el avance del mismo.

Sobre la falta de beligerancia en el caso, señaló que por lo general hay muchos retrasos y boleos por parte de las instituciones públicas, desembocando en retardación de justicia en la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar y sexual.

Por otra parte, si bien es cierto que a pesar de no tener hasta el momento todos los elementos de la indagación, tanto el Ministerio de Gobernación como la DGME deberían estar considerando sus acciones a tomar y hasta realizar una investigación interna.