José Adán Silva
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Los abogados de la familia Martínez, propietaria de la finca Santa Isabel, donde está asentado el basurero municipal La Chureca, siguen reclamando al Estado de Nicaragua por la confiscación que en julio pasado les realizó la Procuraduría General de la Propiedad.

La familia introdujo un recurso de amparo el pasado mes de agosto ante el Tribunal de Apelaciones, por medio del abogado y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Argüello Hurtado, en el que piden suspender el acto ordenado y ejecutado por el procurador de la República, Hernán Estrada.

En el documento, la reclamante es Indiana Leonor Martínez Riguero, quien fue declarada en 1963 heredera de los bienes derechos y acciones de Ernesto Martínez Solórzano, dueño de la finca Santa Isabel.

Ahí se expone que el ex alcalde de Managua, Dionisio Marenco, en agosto de 2008, aprobó la declaratoria de utilidad pública e interés social del botadero municipal La Chureca, para lo cual afectaron 90 manzanas de la propiedad y se expropió el resto de la finca, alcanzando las 146.4 manzanas; con base en la Ley de Expropiación de 1976, se mandó a pagar 128 millones de córdobas.

En julio pasado, el procurador Estrada mandó a publicar en La Gaceta, Diario Oficial, la confiscación de la propiedad, con base en la Ley 278, Ley sobre la Propiedad Urbana y Rural, y manda a pagar la propiedad con 39.5 millones de córdobas en bonos de pago de indemnización.

Uno de los reclamos de la familia es que la Ley 278 se refiere a propiedades confiscadas por el Estado al amparo de las leyes 85 y 86 de 1990, y Ley 88 del mismo año, y que la propiedad reclamada nunca fue afectada por esas leyes, ni por la Ley 209 de 1995, ni por la Ley de Reforma Agraria o reformas.

En el recurso se acusa a la actual alcaldesa designada por el Concejo, Daysi Torres, de haber consentido y violado junto a Estrada, la Constitución Política, que establece la prohibición de las confiscaciones y establece el respeto y el derecho a la propiedad privada.

Ellos piden suspender el acto donde Estrada confisca la propiedad. Aunque el procedimiento establece que la entidad judicial deberá pronunciarse sobre la pertinencia o no del documento en tres días, a la fecha no lo ha hecho. En caso de que así sea, el caso debería pasar a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual tiene un plazo de sesenta días para pronunciarse.

En la propiedad, la Cooperación Española pretende invertir unos 45 millones de dólares para el sellado del vertedero y otras obras de infraestructura.