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Las familias afectadas de las haciendas El Cerro y El Arenal, de El Viejo, municipio de Chinandega, demandaron al presidente Daniel Ortega que cumpla con su palabra de no más desalojos, que mande a sus funcionarios le hagan caso y que dejen de servirle incondicionalmente a los más ricos.

La señora María Tadeo Blanco, Max Garay y Karla Carcache, denunciaron en el Cenidh el desalojo ilegal de sus tierras, bajo la demanda de Roberto Membreño, representante de los inversionistas del complejo turístico Marina Puesta de Sol, ubicado en la isla Aserradores, a 35 kilómetros de Chinandega, en supuesta complicidad con las autoridades locales.

Mostrando los documentos originales de posesión del Instituto Agrario de Nicaragua, fechado en 1963, así como la escritura de obtención de traspaso de propiedad por testamento, fechada en 2007, la señora Blanco asegura que fueron expulsados de su propiedad injustamente.

Según sus alegatos, la hacienda que sería desalojada era sólo La Mayagua, de Dora Marina Boniche, sin embargo, las autoridades también sacaron de sus tierras a la señora Blanco y a Garay. Esto a pesar de que los afectados poseían un documento donde el procurador general Hernán Estrada extendió una carta en la cual otorgó la “no objeción” a la inscripción de derecho de posesión en el Registro de la Propiedad, fechada el 23 de junio de 2008.

El señor Garay indicó que no entiende qué está sucediendo y se siente traicionado por los funcionarios del partido de gobierno con el que simpatiza. “Se han tragado la comunidad de Aserradores y los pobladores estamos dispuestos a todo por recuperar nuestra tierra”, expresó.

Desalojos ilegales

Por su parte, Heydi González, abogada del Cenidh, expresó que una delegación de su organización se presentó con las autoridades locales para indagar la problemática, entrevistándose con la jueza Karla Madriz, que mandó el desalojo; su secretaria, y con el jefe de Policía de El Viejo, subcomisionado Alí Espinoza, entre otros, sin embargo no supieron explicar por qué se dio el desalojo más allá de los especificado por el mandato judicial, excediéndose en más 70 manzanas de tierra.

“Se comprobó el desalojo ilegal, ya que las propiedades están claramente delimitadas por cercos, además que ni siquiera la juez realizó los desalojos de El Cerro y El Arenal, sino que fue su secretaria”, dijo González, quien asegura haber intentado contactarse con la administración de Marina Puesta de Sol, pero la seguridad privada les negó la entrada.

Gonzalo Carrión, Director del área jurídica del Cenidh, señaló que no están en contra del desarrollo turístico, siempre y cuando se respeten los derechos de propiedad de los comunitarios y su forma de vida, porque en el caso de Aserraderos, siendo una comunidad que vive de la pesca, les han cerrado el paso.

El área donde se ubica el complejo fue comprada por los inversionistas a los representantes de una cooperativa de pesca. Supuestamente los cooperados vendieron la propiedad a Membreño, contando con el respaldo de los antiguos alcaldes sandinistas Narciso Salazar y Alcides Morales.