Jorge H. Alemán
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Organismos de la sociedad civil aseguran que el incremento en la violencia intrafamiliar y de los abusos contra la mujer, es consecuencia a las debilidades que muestra el sistema judicial del país.

María Virginia Meneses, jefa de Acción Política de la Red de Mujeres Contra la Violencia, RMCV, aseguró que el sistema de justicia nicaragüense “está fallando, y su punto más débil es la defensa de los derechos humanos de la mujer”.

Meneses refirió que a pesar de los esfuerzos policiales por erradicar los abusos en los hogares, “las mujeres están muriendo por ser mujeres”, y que “no quieren a funcionarios que lean estadísticas, sino más bien, que actúen”.

“No es solamente un problema de estadísticas, es que no estamos resolviendo como debe ser. Así como le buscan solución a la pandemia de la gripe A (H1N1), deberían solucionar la pandemia de la violencia intrafamiliar”, expresó la activista pro mujer, quien se preguntó: “¿Por qué no se resuelve igual?”, y comentó que “tiene que haber un compromiso mayor de las autoridades”.

Según Meneses, el sistema judicial del país tiene graves fallas al permitir el trámite de mediación cuando se denuncia un abuso, lo que expone a la mujer a ser víctima de más abusos y en algunos casos, la muerte.

Esfuerzos insuficientes

“Ha habido esfuerzos positivos como la creación de las comisarías de la mujer, pero estos esfuerzos son insuficientes y se necesita apoyar estos sectores”, aseguró Gonzalo Carrión, asesor del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh.

Carrión reafirmó lo dicho por la primera comisionada de la Policía Nacional, Aminta Granera, quien aseguró que la violencia intrafamiliar se ha convertido en el mayor problema social del país.

“El seno familiar es hoy uno de los lugares más peligrosos. Debemos fomentar medidas de prevención y el trabajo de esclarecimiento y sanción”, dijo Carrión, quien coincidió con Meneses en que “hay debilidades serias en la prevención y en los hechos consumados”, y existe “impunidad en las agresiones contra las mujeres”.

Carrión denunció que hay lentitud en los operadores de la justicia y también en la prioridad que el gobierno le brinda al tema.

El asesor dijo que “estamos crudos en la aplicación de instrumentos de derechos humanos a nivel internacional”, y que las autoridades deberían poner atención a ello.

Los demandantes aseguran que “esto nos reta a todos”, y reafirmaron el compromiso que cada ciudadano debe adquirir para enfrentar la violencia familiar.

La primera comisionada Aminta Granera confesó ayer que durante el primer semestre de 2009, murieron 45 mujeres por violencia intrafamiliar, y aseguró que aunque las mujeres están comenzado a denunciar a sus agresores, las cifras son preocupantes.