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El presidente Daniel Ortega emitió ayer el decreto que reglamenta la navegación de Costa Rica en el río San Juan con objetos de comercio, estableciendo una serie de prohibiciones cuyo cumplimiento recaerá en una comisión interinstitucional coordinada por el Ejército de Nicaragua.

El artículo cuatro del decreto que entró en vigencia ayer, luego de su publicación en cualquier medio de comunicación, prohíbe la navegación de embarcaciones costarricenses de policías, que transporten equipos de seguridad, armamentos, pertrechos y embarcaciones de carácter oficial que no porten el debido permiso.

El mandatario expresó que a las embarcaciones les será entregado un “documento válido” y gratuito que los militares requerirán en los puestos de control. Así también calificó el hecho como “histórico porque Nicaragua está reivindicando su soberanía total sobre el río dentro del marco de la ley”.

Ese mismo artículo agrega que no podrán navegar en el río embarcaciones que por su estructura física incumplan con lo dispuesto por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena). Tampoco aquellos barcos donde haya casinos y hoteles.

En este caso y en el de la pesca deportiva, también prohibida en el articulado, Ortega hizo la aclaración que se puede permitir si previamente se solicita autorización y se paga. Esto por ser un negocio, sobre todo en lo referido a los casinos y hoteles.

“Objeto de comercio no significa que entró un barco cargado de comercio y va a vender en Nicaragua, significa que va a descargar en poblados costarricenses y no pagará nada, pero si lo hace en el lado que manda Nicaragua sí pagará”, aclaró Ortega, quien hizo hincapié en la obligatoriedad de que todos los barcos deben izar la bandera de Nicaragua.

“Pagarán en territorio nica”

Este reglamento se da tres meses después de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya sentenció que Costa Rica tiene derecho de navegar con objetos de comercio y por turismo en el río San Juan, exactamente en el trecho ubicado a tres millas inglesas al este de El Castillo de la Inmaculada Concepción hacia la desembocadura en el Mar Caribe, y con la salvedad que en esta zona Nicaragua no podrá exigir visas o tarjetas turísticas.

Además del Ejército, la comisión está conformada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte e Infraestructura, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, la Dirección General de Ingresos, la Dirección General de Aduanas, la Policía Nacional y la Empresa Portuaria Nacional.

Cada una de estas instituciones tiene una o varias funciones específicas. La Cancillería, por ejemplo, tendrá que informar oficialmente al gobierno de Costa Rica sobre el decreto; mientras el Ejército, a través de sus puestos en Delta, Sarapiquí, San Carlos, Boca de Sábalos, San Pancho, Bartola y El Castillo, supervisará el cumplimiento del decreto.

El Marena monitoreará la calidad del agua para evitar la contaminación del río; Gobernación, a través de Migración y Extranjería, velará para que los extranjeros cumplan con la legislación nacional, y el Magfor asegurará la regulación del control de plaguicidas, entre otros.

“Sobre esto tenemos una amenaza, por la explotación minera en las Crucitas”, enfatizó Ortega.

“Se establece horario de las cinco horas a las 17 horas, el que podría ser modificado por razones que atenten contra la navegación, por emergencia o por seguridad nacional”, agrega el artículo seis.