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Delegados institucionales, fundamentalmente el Destacamento Militar Sur del Ejército de Nicaragua, ya ejecutan las normas que reglamentan la navegación de embarcaciones costarricenses sobre el Río San Juan, y, en conclusión, “la navegación será limitada de acuerdo a las medidas de seguridad, vigilancia y control para ejercer la soberanía nacional”, según el decreto emitido por el Presidente de la República, Daniel Ortega.

El coronel Oswaldo Rafael Barahona, jefe del Ejército en Río San Juan, precisó que las embarcaciones costarricenses gozarán de un zarpe de cortesía, cuyo formato es entregado en los puestos de control del Ejército, ubicados en el trayecto que comprenden los 140 kilómetros del río fronterizo con la vecina Costa Rica, es decir, a partir de las tres millas inglesas río abajo de El Castillo, hasta punta de Castilla, donde se ubica el mojón II.

Los oficiales, sargentos y soldados acantonados en los puestos de Bartola, Boca de San Carlos, Sarapiquí y el Delta, han sido capacitados por el alto mando militar, a fin de cumplir con el reglamento establecido después del fallo de la Corte Internacional de La Haya, que ratificó el dominio y sumo imperio de Nicaragua sobre el río.

Sólo se recrearán de nuestra naturaleza

Si cualquier embarcación costarricense pretende avanzar con ese zarpe de cortesía hacia El Castillo o San Juan de Nicaragua, deberá cumplir con todos los trámites aduaneros de migración y pagar los aranceles establecidos, explicó Barahona.

Para la navegación con objeto de turismo, detalló, los pasajeros de las embarcaciones ticas que circulen en ese tramo podrán recrearse con la exuberante naturaleza de nuestro país, pero no podrán pisar suelo nicaragüense a no ser que se sujeten a las reglas imperantes en esa zona.

El jefe militar manifestó que el Ejército mantendrá la vigilancia y patrullaje sobre el San Juan, y prestará el apoyo necesario al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales para la protección de la biodiversidad y del recurso acuático.

El jefe del Destacamento Militar Sur dijo que el coordinador de la comisión interinstitucional es el general Omar Hallesllevens, y que esa comisión tiene igual expresión en el territorio de Río San Juan. Refirió que previo al anuncio sobre el decreto anunciado por el Presidente, esa comisión sostuvo un encuentro en el departamento para la preparación conjunta de las normas que están aplicando.

Pero también, el jefe militar observó como alentadora la inversión, que de acuerdo con la voluntad presidencial podrá llevar a mejorar las condiciones de vida de las comunidades fronterizas, en el campo de la salud, educación, turismo y medio ambiente.

Gabriel Aguirre Marín, delegado del Marena en el departamento, dijo que las funciones que son de su competencia están plenamente identificadas, dado que en ese trayecto de libre navegación para las embarcaciones ticas, se encuentra el Refugio de Vida Silvestre y la Reserva Biológica Indio Maíz. “Por ese carácter es una zona restringida. Estaremos vigilantes para cumplir con el mandato para proteger la biodiversidad; la pesca para la población ribereña es sólo para su sobrevivencia, y deberá ser con anzuelo, no se permitirá la pesca artesanal, comercial ni deportiva”, advirtió.

Guardabosques serán los garantes

Aguirre señaló que esa institución cuenta con guardabosques en los puestos de control de Bartola, Boca de San Carlos, Sarapiquí, el Delta y San Juan, y en conjunto con el Ejército serán garantes de la vigilancia y control.

“Estamos partiendo de que las aguas del San Juan están limpias y aptas para consumo humano, según el último estudio realizado por el Centro de Investigación de Recurso Acuáticos, CIRA. En los análisis no se encontraron productos tóxicos, por lo que mantendremos la vigilancia y un constante monitoreo de sus aguas”, señaló el funcionario.

Sandra Castrillo, propietaria del hotel en el Refugio Bartola, reconoció la decisión correcta del presidente Ortega al fijar las reglas claras por el derecho soberano de Nicaragua sobre el San Juan. A su juicio, las normas van a permitir frenar la cacería ilegal y la pesca para la explotación comercial que se hace desde territorio costarricense. El uso de veneno que contaminan las aguas es un mal que acostumbran los ribereños ticos, apuntó Castrillo.

También consideró necesario que el Gobierno no permita la contaminación del río, dada la amenaza que se cierne por la explotación minera en Crucitas. “Nicaragua ganó en La Haya, pero nos corresponde también pelear ese derecho ambiental que Costa Rica pretende violentar”, afirmó.