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La intención del gobierno de que Petróleos de Nicaragua S.A., Petronic, se convierta en el administrador de la empresa privada de los bienes que antes eran de la empresa Glencore, constituye una “desviación de poder” y una manera de saltar la Ley de Contrataciones del Estado, algo de lo que debería ocuparse la Asamblea Nacional, estimó el jurista Gabriel Álvarez.

“La confesión de este tipo de cosas de parte de los funcionarios públicos, no es más que la confirmación de la política pública de irrespeto a las leyes de parte del gobierno, con patrimonios públicos y no públicos con privados, con artificios y telarañas para evitar los controles”, dijo Álvarez.

El ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, reveló que fue Alba-Caruna la que financió la compra de los activos de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, DNP, la parte privada de Petróleos de Nicaragua (Petronic) que estaba en manos de Glencore.

“Sí, se va a contratar los servicios de Petronic, que es lo que entendemos que va a suceder”, agregó Rappaccioli, al explicar que una vez comprada a Glencore la parte privada de Petronic, ahora será esta última firma estatal la que administre estos activos, que siguen siendo privados, pero ahora de una empresa privada que se supone es del Grupo Alba.

Enorme ilegalidad

Para Álvarez, de llevarse a cabo esta situación, se estaría ante una enorme ilegalidad, porque no existe empresa estatal que esté facultada para administrar los bienes de un privado.

“No se puede poner como administrador de un privado a una empresa estatal, porque eso se constituye en una desviación de poder, porque las potestades administrativas persiguen siempre fines de interés público, eso no tiene ni pies ni cabeza, es un absurdo que debe controlarse desde lo contencioso”, señaló.

Añadió que el hecho de que se le esté tratando de entregar la administración a Petronic de los bienes que adquirió una empresa privada, no es más que “bypassear la Ley de Contrataciones, que habla de licitaciones para adquirir licencias, porque todo negocio privado que implique asuntos como las licencias para distribuir combustibles en gasolineras, debe licitarse. Aquí lo están obviando de esta manera”.

Álvarez sostuvo que “aquí se está distorsionando completamente la institucionalidad, con figuras de absurdos jurídicos en los que ni la Contraloría ni la Asamblea Nacional cumplen con su papel, y apartan la cara para ocuparse de asuntos de la politiquería”, dijo.

El Parlamento “debería ponerse a parar todo este relajo de Albas-todo, porque aquí se combinan intereses para lograr tapar las jugadas desde todos los ángulos, es decir, enredar lo público con lo privado. Ya hay iniciativas para esto, pero no las aprueban por estar metidos en otras cosas, mientras por debajo crece un poder económico que nadie controla”.

Un punto que no dejó de fuera Álvarez es qué obtendría Petronic al ser operario o administrador de los bienes que antes eran de Gloncore. “Todo eso está con signo de interrogación, sobre todo porque está metido en la lógica de confusión en busca de que no hay forma de controlar este asunto”, concluyó.

Jarquín Anaya no ve nada anómalo

Sin embargo, según el ex contralor, diputado aliado del gobierno en el Parlamento, Agustín Jarquín Anaya, si la nueva petrolera privada decidiera comprar o arrendar los activos de Petronic Estado --como sus tanques, gasolineras u otras infraestructuras--, entonces la Asamblea debería aprobar o no la venta o alquiler de los bienes estatales. Empero, en este caso, según él, no es necesario, porque afirmó que se trata de una compraventa entre privados, y la apertura de una nueva figura jurídica comercial que no tiene que ver con la estatal Petronic.

Jarquín Anaya reveló que sostuvo una conversación con el gerente general de la estatal Petróleos de Nicaragua S.A., Petronic, Rodolfo Zapata, quien le informó que, efectivamente, los activos que el Estado le arrendó a la privada Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, DNP, ya fueron devueltos y ahora están siendo administrados por la compañía petrolera estatal.

Zapata también le comunicó que los activos que pertenecían a la DNP, conocida también como “Petronic privada”, fueron comprados por una empresa particular, cuyo nombre el parlamentario recuerda no le fue revelado, pero lo que sí le indicaron es que esa nueva compañía entraría al mercado nicaragüense para comercializar hidrocarburos bajo una nueva marca que tampoco nadie conoce.

“Los activos de Petronic regresan a Petronic, y los de Glencore (firma dueña de la DNP) fueron vendidos a la nueva empresa… esos activos de Glencore, ellos deciden venderlos no sé si fue a Caruna o a Albanisa, no lo sé. Esa es una decisión entre privados que ni la Asamblea ni ningún organismo de gobierno se mete en eso”, dijo Jarquín Anaya.

¿Y las utilidades de Petronic?

No obstante, Jarquín Anaya dijo que hasta ayer las autoridades de Petronic, cuyo presidente es Francisco López, quien a su vez es tesorero del partido de gobierno, todavía no han informado a la Asamblea sobre las utilidades de esa petrolera estatal, ganancias que deberían estar en el Presupuesto General de la República.

“Petronic está en la obligación de informar (sobre las utilidades) a la Asamblea Nacional”, expresó el diputado, quien recordó que, además, deberán dejar claro el asunto con Glencore para “evitar especulaciones”, pero hasta ahora esas aclaraciones no han sido dadas por ningún funcionario.

EL NUEVO DIARIO consultó al presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, y al igual que el diputado, dijo desconocer cuál era la empresa que adquirió los activos de Glencore, el monto de la transacción, y confesó que tampoco han recibido ningún informe de parte los directivos de la estatal Petronic.